INMIGRACIÓN
El Ayuntamiento de Córdoba deja de facilitar la reagrupación familiar de extranjeros
Ni la Policía Local ni Servicios Sociales se hacen cargo ya de la emisión de un informe preciso
El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido unilateralmente y sin previo aviso dejar de prestar un servicio que antes llevaba a cabo, al parecer, por la falta de personal y por una más que probable descoordinación interna. Ocurre que el problema afecta a personas que se encuentran en situaciones vulnerables. La reagrupación familiar es, de por sí, un procedimiento administrativo complejo que exige de papeleo tanto en Córdoba como en el país de origen.
Y ello ha de hacerse en un muy breve plazo de tiempo, apenas seis meses, ya que es el plazo de caducidad de los expedientes. Ahora mismo, no se sabe muy bien cómo se va a dar salida a la situación de estas personas.
Para que un extranjero que resida legalmente en España pueda unificar a su familia, trayendo al resto de los miembros de la unidad , tiene que presentar un gran número de papeles. Entre ellos, consta uno concreto. Un informe del Ayuntamiento correspondiente que diga que la vivienda donde va a residir la familia es apta.
Se trata de una medida preventiva contra los abusos, el chabolismo y los pisos patera. No se trata que la familia tenga un palacio sino que si se está tramitando la reunificación de un matrimonio con tres hijos las condiciones no sean de infravivienda. Que tengan un techo, al menos. Desde que se aprobó el decreto regulador sobre esta materia, en 2011, el Consistorio encargaba estos informes a la Policía Local.
El trámite era bastante sencillo. La persona que estaba en el procedimiento de reunificación entregaba una solicitud en el Consistorio que se remitía a la Policía de Barrio . Un agente municipal se llegaba a la vivienda en cuestión y expedía un somero documento donde acreditaba -los policías son autoridad pública- que el piso era o no apto para lo que se estaba reclamando tras una visita a las estancias.
La Junta de Andalucía acredita que es una competencia de los ayuntamientos tal y como ocurre con los informes de integración social para la autorización de residencias temporales por arraigo social. Se entiende que los municipios son las instituciones más adecuadas para acreditar que una persona tiene una relación con el territorio.
Problemas desde finales de 2017
La cuestión cambió hace algunos meses. Según algunas fuentes, desde el pasado mes de diciembre. Los expedientes se solicitaban pero nadie se pasaba por las viviendas de los extranjeros que están tramitando que sus familias se reencuentren.
Y empezó el bucle administrativo. Este periódico ha acreditado casos concretos donde los solicitantes se llegaban al Consistorio, eran remitidos a la Policía Local y de allí a Servicios Sociales sin que exista ninguna determinación al respecto. Los agentes aseguraban que antes se emitía este informe pero que ya no se hace. Servicios Sociales no tenía conocimiento de la existencia de este problema pero cuando tuvo constancia del mismo, contestó que no realiza los informes que demandan los extranjeros. Conclusión: los expedientes se quedan encima de la mesa.
Fuentes conocedoras del problema explican que existe una vía alternativa que es la comunicación «por cualquier otro medio válido en Derecho» cuando el Ayuntamiento en cuestión no realiza el informe en un plazo de treinta días. La cuestión, en este caso, es económica. Se trata de una alternativa que pocas personas utilizan.
Las familias extranjeras que reclaman el reagrupamiento familiar rara vez son acaudaladas. Este tipo de trámite obliga a acudir a un notario para que acredite la disposición de la vivienda. Y eso tiene un coste. En esa tesitura, las solicitudes, sencillamente, no se tramitan. Se quedan sobre la mesa.
