Antonio Ruiz presidiendo un pleno de la Diputación de Córdoba
Antonio Ruiz presidiendo un pleno de la Diputación de Córdoba - Valerio Merino
POLÍTICA NACIONAL

Ruiz, en contra del pacto del PSOE y C's para eliminar las diputaciones

El presidente de la Administración provincial defiende los 1.200 puestos de trabajo suponen en Córdoba

Córdoba Actualizado: Guardar
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El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), ha salido al paso de las condiciones para un pacto nacional entre PSOE y C's y ha rechazado la eliminación de las instituciones provinciales defendiendoel papel fundamental que éstas desempeña con los municipios, sobre todo con los menores de 20.000 habitantes.

Para Antonio Ruiz, las diputaciones son fundamentales a la hora de prestar servicios «esenciales» para los municipios como pueden ser la recogida de basura o el agua, que en el caso de la provincia de Córdoba se prestan a través de las empresas provinciales Epremasa o Emproacsa.

En su opinión, sin las instituciones provinciales sería «difícil la viabilidad» de los municipios pequeños que en el caso de la provincia de Córdoba son la mayoría.

También ha mostrado su preocupación por quién asumiría las inversiones que lleva a cabo la Diputación con planes tan importantes como los Planes Provinciales, el Plan de Aldeas o el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles.

Respuesta del PP

Sus palabras tuvieron pronta respuesta desde la oposición. El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Andrés Lorite, pidió ayer que el posicionamiento de Antonio Ruiz «no se debe quedar en unas simples declaraciones a los medios». Así, pidió al presidente de la Diputación que vote en contra de esta propuesta en la consulta a la militancia que va a realizar Pedro Sánchez sobre el acuerdo entre PSOE y C´s.

Y añadió que «Antonio Ruiz tiene una oportunidad de oro para, por un lado, oponerse en el seno del partido y por otro, pedir a los militantes cordobeses que se sumen al rechazo de la eliminación de las Diputaciones, y en definitiva, al acuerdo entre estos dos partidos políticos».

Defensa de los funcionarios

Ruiz ha resaltado la labor que llevan a cabo los funcionarios, personal laboral y técnicos de la Diputación de Córdoba y ha defendido la continuidad de sus puestos de trabajo.

El presidente de la institución provincial ha asegurado que aún no se conoce el desarrollo del acuerdo adoptado, pero ha asegurado que «siempre nos vamos a oponer a la supresión de estas instituciones» fundamentales para la vertebración de la provincia.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba no ha considerado adecuado que se adopten de manera unilateral decisiones como la supresión de las diputaciones provinciales planteada en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Ciudadanos, ya que esta medida afectaría en el caso de Córdoba a más de 1.200 puestos de trabajo y a los servicios públicos esenciales que actualmente se prestan en los municipios pequeños.

CSIF pide que haya representantes sindicales en las negociaciones

En virtud de ello, CSIF, como sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido a los diferentes grupos parlamentarios para que se incluyan a los representantes legítimos de los trabajadores de este ámbito en las negociaciones de las reformas de la Administración. En este sentido, CSIF defiende un modelo de administración «moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos, con una gestión transparente y rigurosa para evitar los errores que contribuyeron a agravar la crisis económica en España».

Por lo pronto, el secretario general del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha señalado esta mañana que acepta los cambios constitucionales que propone Ciudadanos de cara a un acuerdo, entre los que se incluye la supresión de estos órganos locales.

De salir adelante, las 41 diputaciones —además de los siete cabildos y cuatro consejos insulares, de los que el PSOE preside uno y uno— serían sustituidas por un «Consejo provincial de alcaldes y alcaldesas». Es decir, como mínimo los socialistas perderían los 391 diputados que mantienen actualmente ocupados en estos órganos, aunque en total trabajan 59.326 personas entre funcionarios y personal contratado.

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