La alpargata de Brian

«No es serio que el gobierno municipal de Córdoba quiera privatizar los datos fiscales y se rasguen las vestiduras cuando se habla del personal de museos». El portavoz del PP, José María Bellido, lanzó esta semana esta pulla al equipo de la alcaldesa Ambrosio, una frase que ha pasado totalmente inadvertida. El edil usó un dato para iniciados en los pasillos municipales. La puesta en manos privadas de datos fiscales es, en realidad, el procedimiento abierto por el equipo de gobierno para contratar una empresa informática especializada que lleve un asunto enormemente sensible: la gestión técnica de toda la actividad tributaria. Obligatoriamente, eso obliga a poner en manos de personal externo los datos fiscales de decenas de miles de cordobeses.

Si tienen una vivienda o dos y dónde, si han pedido permiso para abrir un negocio, si conducen un coche viejo o uno reluciente. Si ha fallecido un familiar, si alquilan su segunda residencia o, lamentablemente, van a ser embargados por la razón que fuese.

Hasta el momento, el Consistorio ha ido tirando. Por medio de una serie de contratos, uno de los cuales se adjudicó por centésimas, se ha venido realizando un trabajo de modernización de la enorme base de datos fiscales, para hacerla accesible a los lenguajes informáticos de uso común. Todo ese trabajo lo ha venido realizando Marca Consultoría, una sociedad que, según el Registro Mercantil, es copropiedad del presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados. La entidad facturó durante 2015 unos 250.000 euros al Consistorio por los distintos contratos en vigor. Parte de su personal presta servicios directamente en dependencias municipales.

El Ayuntamiento tenía previsto renovar esas contrataciones aunque, sorprendentemente, con Marca Consultoría como única candidata, optó por no adjudicar el contrato. Según la versión oficial, por un problema de cálculo de las horas a pagar. Según la versión extraoficial, que es la más interesante, porque el Consistorio anda en negociaciones con una empresa especializada que responde al nombre de Gestión Tributaria Territorial o GTT (por sus siglas). Según su web, esta mercantil presta servicios informáticos a las instituciones de tal forma que ofrece las herramientas para el día a día de los impuestos e incluso la gestión directa de los mismos.

Contar con herramientas informáticas de gestión tributaria es un elemento clave para los municipios de gran tamaño. Ahora Madrid -o sea, Manuela Carmena- acaba de anunciar que pretende revisar los contratos en los que la capital de Reino se ha gastado muchos millones de euros, al parecer, sin grandes prestaciones. El volumen de gestiones es cada vez mayor y los requisitos de especialización exigen ya de equipos altamente profesionalizados.

En el Ayuntamiento cordobés ha sorprendido de forma relevante que, sin que haya un procedimiento administrativo de contratación abierto -en la Administración se pregunta primero y se contrata después- ya circulen datos como lo que cuesta la aplicación (unos dos millones de euros) y que será necesario abonar cientos de miles de euros en consultoría para que el sistema funcione. Algunos ediles con años de servicio alucinan con la forma tan poco ortodoxa con la que se están haciendo las cosas. También hay presiones empresariales para llevar las aguas, los euros, a los molinos. Y sindicales. Una futura externalización de los servicios informáticos municipales es un bocado tremendamente apetitoso para quienes trabajan en el sector. Cuidado con los correos que se escriben y se mandan. Es un consejo.

El debate, con todo, retrata determinadas hipocresías en la relación público-privada. Se trata de un anatema, de un pecado de lesa humanidad, que el empleado que cambie la bombilla de una farola o que abra un centro cultural durante los días festivos esté en la nómina de una empresa privada. Pero los mismos que hablan de «lo público» como si fuera el nuevo mantra están negociando bajo mano con una sociedad mercantil para que trabaje con la intimidad. ¿Recuerdan la alpargata de «La vida de Brian»? Pues eso.