La alcaldesa de Córdoba dice que Cecosam no quiere dominar, sino regular, los tanatorios

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio , ha asegurado que la empresa municipal Cecosam no quiere dominar el mercado de los tanatorios a pesar de que su propio estudio de viabilidad asegura que el nuevo centro de San Rafael se llevará el sesenta por ciento de los servicios funerarios y le hará triplicar los beneficios en apenas dos años. Ambrosio vendió la iniciativa como un favor a las empresas funerarias. Una forma de facilitarles el trabajo para que puedan tener la opción de llevar los servicios que contratan las familias a un centro de propiedad municipal.

La responsable del gobierno municipal aseguró que las empresas tendrán un nuevo aliado en el sector que no invadirá las competencias del sector funerario. El informe de prospectivas de mercado prevé un incremento sustancial de las tarifas de la empresa municipal, que presta de forma tangencial estos servicios en el cementerio de la Fuensanta, de cara a equipararlos con los precios que ahora mismo se cobran en Tanatorios de Córdoba, Palma del Río y Bujalance .

Lo que no supo, o no quiso, explicar Ambrosio es la razón por la que el informe de Intervención que pone el proyecto en riesgo cierto nunca se le comunicó a los grupos políticos y a los miembros del consejo de administración de Cecosam, que están advertidos por una empresa privada de que se tomarán medidas legales por las que han de responder con su patrimonio personal. Ambrosio afirmó que los consejeros han tenido conocimiento total del proyecto. El informe de Intervención impide que una empresa pública que se sostiene con trasferencias del presupuesto municipal se meta en un actividad de mercado compitiendo con empresas privadas que no reciben esas subvenciones.

El Partido Popular pedirá un consejo extraordinario de administración de Cecosam y una certificación de registro de entrada sobre la fecha en la que la Intervención puso en conocimiento de la alcaldesa los problemas legales. El portavoz, José María Bellido , alertó de que el equipo de gobierno, por salvar una empresa pública, va a desarrollar una actividad que tendrá efectos en la empresa y en el empleo privado, unos 80 trabajadores de forma directa y otros cien de forma indirecta.

Bellido explicó que esta no es una cuestión política sino legal. El equipo de gobierno ha de contar con una serie de cautelas cuando quiere que el sector público se inmiscuya en la economía privada. Recordó que los tanatorios no son un servicio público , como sí lo son los cementerios. Una de esas cautelas es desarrollar un informe completo en el que se estudie si esa actividad perturbará el funcionamiento del mercado. Este hecho no tendría lugar si fuese otra empresa privada la que quisiese implantarse en Córdoba. Eso sería sencillamente competencia.