20 noticias de Córdoba | Colecor, o las naves de la vergüenza

El 22 de junio de 2005, ABC revela que el empresario Rafael Gómez estaba acometiendo sin licencia la construcción de unas naves en la parte trasera de la vieja fábrica de Colecor , sede de su empresa (Arenal 2000), cuya reforma también había acometido sin permiso municipal. Esta edificación daría lugar a un c ulebrón que aún hoy no ha concluido . En el medio año que duraron las obras, de las que fue informando este periódico, hubo cuatro denuncias de la Policía Local y otra más de la Junta. Y Urbanismo emitió tres resoluciones de paralización de los trabajos. Incluso, en dos de ellas, avisó a «Sandokán» del precinto si no cesaba los trabajos.

La entonces alcaldesa, Rosa Aguilar (que pertenecía a IU), por dos veces transmitió a los medios que las obras se precintarían, pero nunca pasó . El empresario de Cañero terminó unos almacenes de 60.000 metros cuadrados que acabó destinando a venta al por mayor de productos importados de China. La regidora intentó defenderse esgrimiendo que había impuesto a Gómez «la multa más grande de Europa»: 24,6 millones (se quedaron en 20 en los juzgados), de los que nunca se supo en las arcas municipales.

«Sandokán» , una vez más, corrió en las naves de Colecor más que los papeles : su fallo fue levantar las naves sin licencia, porque en esos suelos sí se podía construir -lo que allí no se podía hacer era una edificación tan grande para uso logístico o de venta al por mayor, como señaló después la Justicia-.

Lo que hacía falta era aprobar el instrumento que ordenara urbanísticamente la zona de la vieja central lechera: el plan especial de la Carretera de Palma . Con los votos de IU y PP -el PSOE cordobés denunció activamente estas obras ilegales, pero esa posición se fue diluyendo-, en 2006 se aprobó dicho documento que abría la puerta a la legalización, demoliendo sólo 2.000 metros cuadrados. La Junta fue a los tribunales, que lo tumbaron.

En 2012, se aprobó un segundo plan de la Carretera de Palma, en el que se preveía tirar 15.000 metros cuadrados. Todos los grupos municipales lo apoyaron. Pero el giro de 180 grados de los socialistas cordobeses no tuvo eco en Sevilla. La Junta recurrió y los tribunales advirtieron definitivamente en 2017 de que ni los almacenes podían ser un centro logístico ni de venta al por mayor ni el derribo podía quedarse en 15.000 metros cuadrados.

No ha habido un tercer plan y las naves siguen en pie íntegras, aunque, según todos los indicios, en manos de un fondo de inversión . El caso se volvió más turbio cuando «Sandokán» aseguró en 2013 que Aguilar, como alcaldesa, le dio permiso verbal para levantar las naves y que ésta le dijo que la multa se quedaría en nada. Ni esas acusaciones ni la construcción de las naves tuvieron recorrido judicial.