Córdoba CF | La Guardia Civil destapa una supuesta trama «para el blanqueo de capitales» de Jesús León

Javier Gómez/P. García-Baquero

19/01/2021
Actualizado 20/01/2021 a las 19:14h.

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El último informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba en la investigación a Jesús León por la posible comisión de cuatro delitos bajo su gestión en el Córdoba CF refleja también de forma explícita cómo cree la Benemérita que el empresario de Montoro moldeó operaciones que podrían catalogarse como «actividades enmarcadas dentro de una supuesta operativa de blanqueo de capitales».

Una de las conclusiones de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial a través del Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla es la realización de, al menos, varias operaciones que demostrarían que la situación económica de Jesús León no era «tan ruinosa» como podría presumirse tanto antes como después de su detención.

El informe de la Guardia Civil , al que ha tenido acceso ABC Córdoba, detalla cómo León intentó realizar tres operaciones de diferente calado que apuntarían, a juicio del Instituto Armado, a que tenía una capacidad económica que no coincide con la incapacidad para abonar pagos corrientes del club, para despatrimonializarlo el club con la salida de más de dos millones de euros a otras empresas o no abonar las cantidad pactadas para la compraventa con Carlos González (Azaveco) .

Los investigadores de la Guardia Civil , en el último informe enviado al Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba el pasado 29 de octubre de 2020 y con una densidad superior a las 320 páginas, detallan cómo León compró o intentó adquirir una finca con una fábrica en Andújar (Jaén); cómo contactó con Magdalena Álvarez, alto cargo de anteriores gobiernos autonómicos y centrales socialistas para buscar financiación para sus negocios; y también cómo trató de adquirir terrenos en Cancún (México).

Para los investigadores de la Guardia Civil en el caso de Jesús León queda acreditado que éste en octubre de 2019, apenas unas semanas antes de ser detenido en su domicilio, «adquiere las mercantiles Bosteza y Ilitugitana Secaderos de Maíz, que son titulares de una finca en Andújar y que consta de una gasolinera, una fábrica de piensos y una campa de camiones», por lo que concluye «como reiteradamente se ha puesto de manifiesto en las investigaciones policiales» que la «situación económica» de León «debía no estar tan desfavorable», a pesar de que esta operación «no ha sido elevada a público».

La Guardia Civil también deja constancia en su informe que el 21 de octubre de 2019 cómo Jesús León incluso contactó con Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía , porque «estoy integrado en un proyecto ambicioso de poner una fábrica en Córdoba y me gustaría tener una reunión para que nos ayudes a buscar subvenciones y financiación». Era para realizar «una fábrica de bolsas hidrosolubles» y otro proyecto «en Beprevent», de tecnología para las personas mayores.

Finalmente, la dirigente no se reunió con Álvarez , según la investigación, pero sí con uno de sus socios. La Benemérita certifica que a la vista de la conversaciones con la dirigente socialista y con uno de los socios de ésta « Jesús León le da muestras de que tiene prevista una inversión en dos proyectos », indicativo para los investigadores, de que «su situación patrimonial no es tal y como parece ser».

La cercanía de León con altos cargos del PSOE en Andalucía viene de lejos. Ya en su etapa inicial como empresario contó con vínculos que facilitaron su progresión. El expresidente del Córdoba también fue consejero del Sevilla. Incluso, la intervención de altísimos representantes de anteriores gobiernos autonómicos socialistas participaron en reuniones previas a la adquisición del Córdoba por el empresario de Montoro.

Incluso, la Guardia Civil , en la supuesta operativa de León para la supuesta actividad de blanqueo de capitales, cita como tercera botón de muestra que el expresidente del Córdoba CF contactó con un empresario de México, a través de su amigo J. M. C., para realizar «negocios e intentando invertir en inmuebles».

De hecho, el informe de la Unidad de Delincuencia de la Guardia Civil deja constancia por escrito que el mismo 31 de octubre de 2021, sólo una semana antes de ser detenido por la Benemérita en su domicilio, queda patente cómo León «en las conversaciones analizadas entre él y un empresario de México se deja constancia de la intención de Jesús León de invertir en unos terrenos de Cancún », que tenían una tasación de 12 millones de dólares.

Como conclusión, la Guardia Civil , con la muestra de estas operaciones de adquisición o intento de realizar negocios, concluye que «todas estas muestras son indicativas de que la situación económica de Jesús León no es tal y como se deja entrever tanto más teniendo en cuenta que los negocios detallados anteriormente se producen un mes antes de ser detenido, es decir, en el mes de octubre de 2019».

También es llamativo como el informe del Instituto Armado refleja que Jesús León trata de informarse a través de J. M. C. si alguien está interesado en «vender bitcoins» , pero con el «pago por ellos en metálico» , pero aquí lo hace por la petición que le hace un tercer empresario, por lo que sólo actuaría, supuestamente, como intermediario en la compra de moneda virtual que un tercero pagaría en metálico. Ayer un bitcoin contizaba a 30.900 euros .

La investigación de la Guardia Civil, a través de su Unidad de Delincuencia Económica de Sevilla, también concluye en este informe final que Jesús León transfirió 2,4 millones de euros de las cuentas del club a las de sus empresas, pero que sólo devolvió unos 300.000 , por lo que habría sacado, supuestamente sin justificar, má de 2,1 millones de euros, tal y como adelantó este martes ABC Córdoba en su edición impresa y digital en exclusiva.

La causa que investiga las actividades de Jesús León están siendo supervisadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba. La investigación ya lleva 14 meses en la Ciudad de la Justicia cordobesa, por lo que estaría en la fase final de su tramitación máxima de 18 meses.

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