La directora y dos empleadas se encuentran ya en libertad a la espera del juicio, tras haber sido detenidas.
Colectivos sociales denunciaron la situación del centro de menores de Jerez
Supuestamente a los jóvenes se les compraba un billete de autobús y se les enviaba a otras provincias.
Se había dado parte al defensor del Pueblo Andaluz y a la Fiscalía de Menores de varias quejas. Reclaman la intervención de las administraciones
La llegada de migrantes a las costas gaditanas no sólo se refleja en una cifra sobre personas rescatadas, personas agolpadas en un muelle o en datos sobre la llegada de embarcaciones de un año con respecto a otro. La provincia de Cádiz lleva años dando la voz de alarma sobre la situación en la que se quedan esos menores inmigrantes en el momento en el que cumplen los 18 años. Así se ponía de manifiesto en 2018 en Cádiz al hilo de unas jornadas de Comunicación e Inmigración organizadas por el Colegio de Periodistas, así como con múltiples actos y declaraciones de distintos colectivos y ONGs. Hace unos días resultaban detenidas la directora y dos educadoras de un centro de protección de menores de Jerez, tras la labor de investigación de la Policía Nacional sobre supuestas irregularidades, ya que las supuestas implicadas eran las encargadas de la guarda de menores extranjeros no acompañados ( MENAs ), las cuales, según afirmaba la Policía en un comunicado, «se desentendieron de sus cuidados al obligarlos a viajar solos hacia otras provincias». La investigación se inició tras las denuncias sobre la desaparición de menores presentadas por los responsables de un centro concertado de protección de menores y que eran muy superiores al resto de servicios similares en la provincia gaditana. Ahora estas mujeres se encuentran en libertad a la espera de que se celebre el juicio. Mientras tanto, la Junta ha abierto una investigación interna sobre la gestión del citado centro.
El relato del que informaba la Policía era escalofriante: supuestamente estas mujeres habrían convencido a varios de los menores a que abandonaran el centro, trasladándolos a las estaciones de tren o autobuses donde les facilitaban un billete para viajar con destino a Sevilla «sin procurarles medios de subsistencia y abandonados a su suerte». Fuentes cercanas a la investigación indicaban a ABC que «nos llegaron denuncias de prácticas irregulares en el citado centro de Jerez”». Por el momento, tan sólo se ha tenido constancia de cuatro o cinco casos, pero «no se descarta que haya habido otras situaciones similares».
La supuesta motivación de las que resultaron detenidas era «quitarse de en medio a aquellos que provocaban más conflictos , a la vez que se aseguraban una nueva alta, al tener una plaza libre».
El protocol o indica que si uno de estos menores se fugaba de su centro de acogida, «el centro cuando se les localiza es el que tiene que reintegrarlos. En su defecto, si no fuera posible o no lo hacen, deben ser redistribuidos a través del Centro de Coordinación de MENAs. En algunos casos han tenido que reubicarlos en otros centros de Sevilla».
La Administración autonómica ha resaltado que en este asunto la prioridad es el bienestar de los menores, por lo que pedía responsabilidad y cautela hasta que se aclare lo sucedido. Igualmente, solicitaba toda la información a la entidad Hogar El Molinillo, responsable de la gestión del centro. Hogar El Molinillo gestiona parte de las 1.200 plazas que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sacó a licitación en abril para atender la llegada de estos menores.
La Junta de Andalucía insiste en que es la primera interesada en aclarar lo sucedido y, para ello, se pone a disposición de la administración judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Igualmente, desde la delegación territorial de Cádiz se ha actuado «con diligencia y se ha incrementado el seguimiento a este centro».
La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) ya denunciaba en septiembre del pasado año situaciones en este centro de Jerez. Una queja que era admitida a trámite por el Defensor del Pueblo Andaluz. En ella se denunciaba la situación de los menores acogidos en el Hotel Ávila de Jerez «la queja, también interpuesta en Fiscalía de Menores y en conocimiento en la delegación de Cádiz de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, recogía las condiciones intolerables en la que la empresa contratada para acoger a los y las menores en el Hotel Ávila de Jerez. Esta queja hacía referencia a las instalaciones, a la gestión por parte de la dirección del centro al ocio y tiempo libre, a la relación familiar, a la falta de ropa interior, alimentación e higiene, a la situación sanitaria, al régimen disciplinario y a la formación que los propios menores que huyeron del centro nos manifestaron».
Hace solo unos días varios colectivos de la provincia de Cádiz se concentraban frente a la delegación territorial de Igualdad para pedir a la Junta que «no eche a la calle»a jóvenes extutelados , tanto migrantes como nacionales, que alcanzan la mayoría de edad sin ofrecerles ningún recurso alternativo de vivien da, alimentación, formación e i nserción socio-laboral .
Entre estos colectivos está Voluntarios por el Mundo , cuyo portavoz Michel Bustillo reclamaba la intervención real de las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía que «sigue hablando de casos aislados» y la realidad «es otra bien distinta». A su juicio, en relación con los MENAs, «seguimos igual o peor que el año pasado, cuando la Junta se veía desbordada por la entrada de muchos migrantes y tuvo que actuar en base a la improvisación, convirtiendo en centros instalaciones que no reunían condiciones de habitabilidad». Ese es, a su juicio, el caso del hotel Ávila , que era recuperado tras ser embargado y que agrupa a 70 inmigrantes en pleno centro de Jerez, sin un trabajo previo, por ejemplo, con el vecindario. Desde Voluntarios por el Mundo se les ofrece cobijo, pero también están desbordados, igual que los albergues que están llenos, explica Michel Bustillo.
Recordó cómo el 14 de agosto, justo antes del puente, «nos llamaron para decirnos que nos hiciéramos cargos de diez chicos que iban a quedar en la calle en cuestión de horas».
Confía que el episodio ocurrido en Jerez, cuando sea el juicio, concluya con que no era real «que se forzaba la salida de los menores con un comportamiento complicado, porque si es así será una práctica muy grave». Afirma que para atender a estos menores «hacen falta recursos y no buscar servicios al mínimo precio posible». Bustillo añade que la situación del centro de menores del hotel Ávila es «lamentable y desde que empezó a funcionar está rodeado de denuncias por trato negligente y mala gestión».
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