La hora de la verdad para el exlíder de UGT Andalucía

Ha intentado posponerlo mediante la presentación de un escrito en el que argumentaba que no conocía bien las actuaciones. Sin embargo el juez lo rechazó. Y el exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, tendrá que acudir hoy al juzgado de instrucción número nueve de la capital hispalense como imputado por el caso de las facturas falsas de la formación que dirigió.

Finalmente lo hará el sólo porque el otro exlíder sindical citado, Manuel Pastrana, no podrá acudir ya que sufre una «crisis aguda» de la enfermedad que padece. Sin embargo Fernández, del que se desconoce si se acogerá a su derecho a no declarar o contestará a las preguntas del juez, sí que está citado.

El instructor consideraba en la providencia en la que Fernández y Pastrana fueron citados que hay «pruebas suficientes» de la intervención de ambos en hechos presuntamente constitutivos de delitos de falsificación y fraude de subvenciones.

En ese sentido, el juez recordaba que la declaración prestada por el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda era «contundente cuando ratifica la implicación» de ambos en las decisiones ejecutivas del sindicato, y en concreto las referidas a la creación de la central de compras, órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada.

Al hilo de ello, el instructor explica que ésta última se concretaba en el establecimiento de la técnica de rapel, que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención.

El juez también alude al llamado bote, «informatizado y controlado a través del programa informático Spyro en un sistema que facilitaba al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados».