Educación y las comunidades acuerdan la reforma de las reválidas y dan el primer paso del pacto educativo

Pocas leyes educativas han generado tanta polémica y han ocasionado desencuentros tan agrios entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas como la Lomce de Wert. Pero ayer, todo se acabó. El responsable del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, volvió a demostrar por qué Rajoy le eligió para hacerse cargo de la cartera más complicada de todas, consiguiendo un acuerdo con los consejeros autonómicos respecto de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato que es todo un armisticio educativo. Prueba de ello es cómo definió el consejero de Educación de Asturias -comunidad gobernada por el PSOE- la reunión en el Ministerio. «Un éxito sin precedentes», «el preludio de una nueva etapa hacia el pacto educativo», afirmó sin reparos Genaro Alonso.

En el consenso alcanzado ayer, que será plasmado en un Real Decreto que aprobará el Consejo de Ministros y convalidará el Parlamento, figuran varias novedades respecto de lo que ya se había adelantado en las semanas previas a la conferencia sectorial celebrada en Madrid. Entre ellas, que el título de graduado en ESO será uno para todos los estudiantes, independientemente de que el alumno haya cursado el itinerario de Enseñanzas Aplicadas (alumnos que vayan a ir a la FP) o el de Académicas, y que la evaluación final de Primaria -que ya se realizó el curso pasado- solo la hará finalmente una muestra de colegios elegidos por las comunidades.

Sin efectos académicos

En cuanto al resto, no hubo sino confirmación de lo que se sabía que Educación había propuesto a las comunidades. Fue el propio Méndez de Vigo el que explicó los grandes puntos del acuerdo: que la evaluación final de la ESO queda como la de Primaria, de carácter muestral y sin efectos académicos; que los alumnos de la Formación Profesional Básica obtendrán el título de Secundaria si el equipo docente considera que han adquirido las competencias necesarias; y que la evaluación final de Bachillerato servirá solo para acceder a la Universidad, centrándose el examen en materias troncales de segundo curso de esta etapa.

Además, el ministro subrayó que este examen será muy parecido a la desaparecida Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), tal y como le habían pedido los rectores, y que bastará con un cuatro para aprobar ese examen, exactamente lo mismo que ocurría con la antigua Selectividad. La única diferencia reseñable entre ambas pruebas, matizó Méndez de Vigo, y la razón principal por la que no se puede recuperar la Selectividad, como pedían desde algunos sectores, «es que los contenidos de Bachillerato han cambiado» y la nueva prueba debe adaptarse a ellos; algo a lo que los rectores también se han mostrado dispuestos en todo momento. «Se trata de dar tranquilidad a la comunidad educativa, y vamos a hacer un gran pacto de Estado por la Educación», aseguró Méndez de Vigo.

Y no era una frase grandilocuente del ministro. La reunión con las comunidades apenas duró hora y media, algo realmente inusual, y terminó con un mensaje compartido por todos. Aspecto aún más inédito en una sectorial de Educación.

A la carrera en el Ministerio

Otra vez hubo carreras por el pasillo de la segunda planta del Ministerio persiguiendo declaraciones de los consejeros de Educación. Pero en esta ocasión para escuchar de todos el mismo balance general; que se ha dado un primer paso real hacia el pacto educativo. Por diferentes motivos, según la interpretación de según qué consejeros, pero en la misma dirección.

Sin llegar al «bello espectáculo» del que habló Fernando Rey, consejero de Educación de Castilla y León, incluso comunidades tan enfrentadas al Gobierno de Rajoy como el País Vasco o Cataluña valoraron el acuerdo alcanzado como positivo en su conjunto y en buena medida compartieron la percepción manifestada por Rey de que la reunión había sido «una metáfora del acuerdo». De que «pese a estar muy divididos en los últimos años», se ha sido capaz «de alcanzar un consenso».

En este sentido, la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, reconoció que la propuesta de Real Decreto de Méndez de Vigo recogía sus peticiones sobre la prueba de Bachillerato, mientras que su homóloga catalana, Meritxell Ruiz, también se mostró «satisfecha» en líneas generales con lo planteado por Educación. Eso sí, sin renunciar ninguna a reclamar al Gobierno competencias plenas en la realización de las evaluaciones finales y puntualizando, además, que «la única mayoría en el Congreso es la partidaria de derogar la Lomce» y que «por eso el Gobierno muestra una actitud dialogante». Impresiones de Meritxell Ruiz que compartió el consejero de Educación balear, Martí March, al asegurar que «el Ministerio ha hecho de la necesidad virtud».

Desjudicializar la Educación

En cualquier caso, el acuerdo ya es una realidad, cuando ha sido imposible durante años. Y así lo recordó el ministro a los medios presentes en la rueda de prensa al subrayar que «la voluntad de consenso era sentida por muchos ciudadanos, que se preguntaban por qué hay que cambiar de modelo una y otra vez» y que nadie entendía que fuese más difícil alcanzar un acuerdo educativo que consensuar la Constitución de 1978. «El pacto era una necesidad. Pero el Gobierno en funciones no podía usar las herramientas legislativas para avanzar», aclaró Méndez de Vigo.

En este nuevo clima de entendimiento, el ministro también desveló que desde Educación se ha resuelto «retirar los recursos contra las comunidades por la realización (incorrecta) de la evaluación de sexto de Primaria, como un gesto de buena voluntad», y que las comunidades le habían asegurado que harían lo mismo por su parte. «Eso también va a ayudar a la Administración de Justicia, que estará encantada de no tener que ocuparse de tantos recursos del Ministerio de Educación»», bromeó Méndez de Vigo.

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