El PP denuncia el «acto ilegal» de Baracaldo y el Gobierno subraya que se cumplió la ley

La resaca política del acto celebrado el sábado por la izquierda abertzale en la explanada del Bilbao Exhibition Center (BEC) se tradujo en dos reacciones: por una parte, el PP fue el único partido que cuestionó la legalidad de la convocatoria y sugirió responsabilidades por su celebración; por otra, las fuerzas vascas minusvaloraron, salvo EA, el alcance del mensaje lanzado por Arnaldo Otegi a la militancia de Batasuna, en el que reafirmó sus expectativas sobre un eventual proceso de paz. La formación ilegalizada no abundó ayer en sus apreciaciones, mientras que el PNV tampoco se pronunció sobre lo ocurrido la víspera en Baracaldo.

Los más críticos con el acto fueron, una vez más, los populares, que han interpretado tanto la reunión de los simpatizantes radicales como las palabras proferidas por Otegi ante ellos como mera «propaganda» para Batasuna, además de una «burla» a la Ley de Partidos y al Estado de Derecho. Una denuncia que el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, tradujo en una exigencia expresa al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma, para que analicen un acto que fue «ilegal e ilegítimo» y que «ha reforzado» al partido proscrito y a ETA.

Protestas del PP

Barrio constató que «nadie» reclamó a la banda que deje las armas y subrayó que no se entendería, por comparación, que se permitiera un mitin de los nazis en Alemania, del Ku Klux Klan en Estados Unidos o de Al Qaeda en Nueva York.

En esta línea profundizó la secretaria nacional de Política Territorial del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quien enfatizó que a su formación le «inunda la preocupación» y amagó con adoptar «las medidas» que se consideren «oportunas» para escenificar que «se ha consumado una burla al Estado de Derecho». Las protestas de los populares encontraron eco en la asociación Dignidad y Justicia que encabeza Daniel Portero, hijo del fiscal andaluz asesinado por ETA. El colectivo, según anunció Portero en Bilbao, estudia emprender acciones penales contra el lehendakari y el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, por «desidia y dejación» al tolerar el acto celebrado en Baracaldo.

Estas valoraciones se contrapusieron a la de los socialistas y el resto de las formaciones vascas. Desde Chipre, donde se encuentra en viaje oficial, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, incidió en que el «funcionamiento correcto» del Estado de Derecho evidencia su fortaleza y también que sus «destinatarios» -la izquierda abertzale- «reciben el mensaje». López Aguilar constató que no se profirieron consignas a favor de ETA o Batasuna ni se produjeron incidentes, algo también recalcado por José Blanco para reflejar que la ley se cumplió. Consignas que habían sido «expresamente prohibidas» por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que ordenó a la Ertzaintza que interviniera si los asistentes coreaban cánticos pro etarras o si mostraban pancartas de la banda terrorista o de Batasuna.

Optimismo

Junto a ello, José Blanco replicó al dirigente de la ilegalizada Batasuna que la «mejor contribución al proceso de paz» pasa «por condenar la violencia» y reclamar a la banda terrorista que «se disuelva. El secretario general de los socialistas vascos, tras conocer el ataque a la sede del PSE-EE en Iruña de Oca (Álava), advirtió de que los procesos de paz «no empiezan» con ataques a las Casas del Pueblo.».

«Perdió esa magnífica oportunidad para dar ese primer paso imprescindible», redondeó el líder del PSE, Patxi López, quien se felicitó de la prevalencia del Estado de Derecho.

El coordinador de Ezker Batua (IU), Javier Madrazo, también lamentó que Otegi no aportara «ningún elemento nuevo», al tiempo que reclamó un mayor protagonismo para el Gobierno vasco dada «la incapacidad» del PSOE y Batasuna para «desbloquear» la situación. Y mientras el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ponía sordina al «optimismo», porque la tregua «tarda demasiado», Eusko Alkartasuna perseveró, en boca de su secretario de Organización Rafa Larreina, en su «prudente esperanza» y valoró la renovada «apuesta por las vías exclusivamente políticas» efectuada, a su juicio, por Otegi.