Salvemos, una vez más, la Aduana

En esta ciudad de Cádiz parece que nunca hay nada definitivo. Ahora nos salen con que hay que revisar la declaración de ‘edificio amparado legalmente catalogado’ del inmueble de la Aduana, porque al parecer alguien se ha sentido engañado.

No creemos que los colectivos y personas que integraron en su día el Foro Salvemos la Aduana sean unos ineptos. La Academia de Bellas Artes de Cádiz; la de Bellas Artes de San Fernando; la Academia de Historia; el arquitecto José María Esteban; el historiador de Cádiz Francisco Ponce (lamentablemente fallecido); el exdirector de la Autoridad Portuaria José Ramón Pérez Diáz-Alersi; el director del Archivo Histórico Municipal, Javier Fernández Reina; el ateneísta Vicente Mira Gutiérrez; el secretario general de Agadén, José Antonio Sánchez Martín; la ecologista y exsecretaria provincial de Cultura, Purificación González de la Blanca; o la escritora Rafaela Becerra estaban entre las tres mil quinientas firmas, presentadas ante el Ayuntamiento, de personas y colectivos que representan sin duda la cultura y la ciudadanía de Cádiz. Una capital que, pese a todos los desmanes padecidos, ha levantado históricamente su cabeza para plantarse ante el enemigo.

La Aduana está protegida, como edificio amparado legalmente catalogado, con el número nueve del Inventario de Bienes Inmuebles incluidos como Patrimonio Histórico Andaluz por Resolución del 7 de septiembre del 2009 de la Dirección General de Bienes Culturales, publicado el día 22 del propio mes y año en el BOJA número 186, página 29. Y estamos en un Estado de derecho. La administración no puede ir, sin más, contra sus propios actos. Sería un auténtico escándalo. Y hasta podría incurrir en prevaricación.

Pero es que además, el edificio de la Aduana está vivo, y es un hermoso palacio que sirve a los intereses del puerto de Cádiz –y por eso fue construido en donde está– en temas de tráfico de mercancías, control de tráfico de personas, prevención del blanqueo de capitales, etc. Y tiene una dotación de personal –más de cien funcionarios– que desarrollan su trabajo precisamente ahí. Plantilla que no ha disminuido, sino que se ha ampliado con la reciente ubicación en ese palacio de una Sala del Tribunal Económico-Administrativo, un tribunal de ámbito estatal pero que en Cádiz mantiene competencias sobre toda Andalucía.

Hay una verdadera obsesión con el derribo de edificios espléndidos, como lo era el del Gobierno Civil, y ahí quedó, en plena escombrera, sin que se levantara nada en su lugar porque al final no hay presupuesto para ello. Albergar ahora en otro lugar a los funcionarios de la Aduana costaría más de doce millones de euros, a cargo del bolsillo de los gaditanos. Y tal vez mayor coste tendría el equipamiento necesario para las prestaciones que todos esos servicios que aloja la Aduana requieren.

Son indefendibles los argumentos que se emplean para pedir su derribo, entre ellos que el edificio de la Aduana es franquista. Que hay que poner en valor la estación de Renfe (que padeció una ‘restauración’ que culminó con la caída del techo y de media estación) que, por cierto, fue tapada intencionadamente por la nueva; el de que hay que poner un jardín, etc. De verdad: esto no es serio. Los edificios que son hermosos, funcionales, que sirven a unos fines y están llenos de contenido, como es el caso, no tienen etiqueta política, porque las ciudades tienen sus etapas históricas.

La Aduana, ese respetable y sólido edificio, sigue en pie. Frente a la puerta del muelle –donde debe estar– y sin afectar ni interferir en nada a ninguna de las actuaciones (viales, aparcamientos subterráneos, estación de autobuses, etc.) programadas para la nueva plaza de Sevilla. Y la sociedad gaditana está indignada ante los intereses y los pulsos de poder que de vez en cuando aparecen entre las distintas administraciones.