El Apunte - Opinión

Para los vecinos sin los vecinos

Resulta inexplicable que todos los partidos, por unanimidad, aprobaran un plan de vivienda sin contar con la opinión de los ciudadanos

LA VOZ - Actualizado: Guardado en:

El nuevo gobierno municipal y el resto de formaciones políticas que forman el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz llegaron a este mandato con la bandera de la participación y la transparencia. El tremendo cambio social derivado del 15M hace obligatorio que todas las formaciones estén más y mejor conectadas con la ciudadanía, a pesar del rechazo creciente que la política partidista despierta. El fino hilo que mantiene conectadas ambas partes es el único vínculo.

Por esa evidencia resulta más llamativo que un amplio grupo de vecinos denuncie que no ha sido consultado antes de tomar la decisión de impulsar un plan de medidas de contenido social. El pasado viernes se aprobaba por unanimidad la ordenanza reguladora de las ayudas al programa de ‘Alquiler social’. Es decir, todos los partidos la respaldaron y, por tanto, todos son responsables de su contenido en distinto grado.

A todos, por tanto, cabe reprocharles que una federación de asociaciones de vecinos diga que no se ha contado con la opinión de las entidades a la hora de elaborar esta ordenanza. Especialmente llamativo resulta cuando la finalidad principal es favorecer el alquiler de viviendas en Cádiz, tanto para que las personas más vulnerables de la ciudad puedan tener un techo como para que los propietarios puedan rentabilizar sus inmuebles con garantías de cobro y mantenimiento.

Es decir, se trata de una ordenanza en la que aparecen implicados cientos de ciudadanos. Es obvio que su opinión y sus experiencias deben ser incluidas para cotejarlas con los criterios de los técnicos de servicios sociales, con los colectivos solidarios, administradores de fincas, propietarios, asociaciones de consumidores, la empresa municipal de la Vivienda (Procasa) o la Junta.

Pero en ese conjunto de participantes, los vecinos juegan un papel esencial y aseguran que no han sido consultados. Critican los precios de las rentas que deben abonar los inquilinos. Aseguran que son «excesivamente altas, incluso abusivas». Más allá de resolver esta cuestión se trata de recordar que la participación se demuestra andando y que en este tipo de proyectos resulta imprescindible.

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