Los golpistas, ante la Justicia

El cobarde desplante de Puigdemont al llamamiento de la juez Lamela sólo persigue provocar ante la opinión pública europea una polémica artificiosa contra la Justicia española

A los dirigentes del proceso separatista catalán les ha llegado el momento de encarar las responsabilidades legales por sus actos contra la Constitución. Hoy, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional recibirán a parte de la plana mayor del golpismo secesionista . Los aforados están citados ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, y los no aforados ante el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional. En ambos casos, las citaciones tienen su origen en sendas querellas de la Fiscalía General del Estado, en las que el Ministerio Público ha contemplado todas las opciones penales en cuanto a los delitos cometidos (rebelión o sedición, y malversación), la autoría y el grado de ejecución. En esas querellas está el guión de la respuesta penal del Estado a los golpistas de la declaración unilateral de independencia.

Hay muchas dudas sobre lo que hoy puede pasar en ambos tribunales. Los querellados, en su calidad de investigados, tienen derecho a no declarar o a contestar a quien lo consideren oportuno . Los magistrados instructores tendrán que resolver sobre las probables medidas cautelares que pedirán los fiscales, para las que, en este momento, solo se cuentan como antecedentes las que fueran impuestas a «los Jordis» -prisión provisional- y a los mandos de los Mossos -retirada de pasaporte y presentación judicial periódica-. No serán decisiones sencillas porque los jueces tienen que pronunciarse sometidos solo a la ley y a los riesgos de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva.

Quien tiene el futuro más claro es Puigdemont, pues aunque hoy, cobarde e irresponsablemente, no atienda al llamamiento judicial, antes o después acabará en prisión provisional. Él mismo habrá acreditado el riesgo de fuga; el suyo e incluso el de los que sí acuden ante los tribunales que los reclaman, a quines ha endosado desde Bruselas el ánimo escapista de todo el clan golpista, como lo demuestra que en la fuga bruselense le acompañen otros exconsejeros citados por la Justicia.

El desplante de Puigdemont al llamamiento de la juez Lamela sólo persigue provocar ante la opinión pública europea una polémica artificiosa contra la Justicia española. Sin duda, se ha ido al sitio indicado, Bélgica, donde hay jueces -no todos- que todavía amparan a terroristas de ETA frente a las reclamaciones la Audiencia. Es una queja falsaria de quien verá conocido y juzgado su caso por un juez de instrucción y, como mínimo, tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia, otros tres de la Sala de Apelación de la misma, no menos de tres magistrados de la Sala Segunda del Supremo y nueve magistrados del Constitucional. Contará, también, con una defensa letrada que podrá probar, recurrir y alegar cuanto considere necesario. Y será, además, un proceso sometido al escrutinio de los medios de comunicación españoles y extranjeros. Lecciones de garantismo a la Justicia española, ni una.