Los cambios del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, presentó este domingo al país las claves del nuevo acuerdo de paz alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que pretende, esta vez sí, poner punto final a la guerra civil en el país americano.

El dinero y las armas

La principal novedad en este punto es que las FARC se comprometen a presentar un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas, una petición expresa de los representantes de los damnificados, que las habían elevado al Gobierno de Santos. Si antes se aseguraba que se entregarían las armas, el nuevo pacto introduce que antes deben aflorar los fondos que durante años han tenido ocultos los narcoguerrilleros.

Justicia transicional

El texto mantiene una jurisdicción especial, la conflictiva justicia transicional, por un plazo de diez años a pesar de las exigencias expresadas por los partidarios del «no». Pero ahora esa jurisdicción especial ya no recaerá sobre jueces extranjeros, cuyo papel se limita ahora al asesoramiento en temas sensibles del proceso de paz. Además, la Corte Constitucional tendrá la última palabra en los recursos de las sentencias dictadas por el Tribunal para la Paz

Zonas de desmovilización

El nuevo texto mantiene esta jurisdicción a pesar de las demandas del «no», aunque concreta áreas territoriales específicas para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo para las zonas de desmovilización y los periodos de ejecución de las acciones reparadoras. Hay mecanismos concretos para supervisar las autorizaciones para que los guerrillleros se desplacen fuera de esas zonas. Las autorizaciones serán necesarias en todos los casos.

Propiedad agraria

El texto establece garantías para los empresarios agrícolas que habían mostrado su disconformidad con el anterior acuerdo, ya que temían que pudiera abrir la puerta a la pérdida de sus propiedades. Ahora se afirma que las únicas vías para la expropiación son las que ya existen en las leyes vigentes y se subraya que nada derivado del acuerdo puede menoscabar el derecho constitucional a la propiedad privada. Se encomienda a las autoridades el control de que en ninguna propiedad puedan llevarse a cabo cultuvos ilícitos.

No en la Constitución

Los negociadores del Gobierno y de la guerrilla reunidos en La Habana han acordado deshechar la incorporación del acuerdo de paz a la Constitución. La garantía del cumplimiento de los acuerdos será simplemente la buena fe de las partes sucriptoras. En la campaña para el plebiscito del pasado octubre, la inserción en la Carta Magna fue uno de los puntos que más reparos suscitaron entre los detractores del acuerdo de paz.

Límite temporal

La jurisdicción especial funcionará durante un periodo de diez años, pero sólo se podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años. Aunque la Corte Constitucional será la instancia final, la limitación a ese plazo de dos años para la presentación de nuevas pruebas y testimonios pretende impedir que sujan testigos falsos en los procesos ya iniciados. El objetivo es que el proceso de paz sirva para poner fin a todas las causas derivadas de los crímenes cometidos por unos y otros en el marco del largo conflicto.

Policías y militares

Santos se ha esmerado en que el acuerdo recoja garantías jurídicas adicionales para miembros de las fuerzas de seguridad susceptibles de ser perseguidos por su actuación en operaciones contra la guerrilla, otra de las exigencias de Uribe. La violencia de grupos paramilitares y de unidades del Ejército en zonas selváticas remotas también golpeó a las comunidades rurales. El Gobierno intenta que las garantías de la paz lo sean no solo para las FARC.