Santamaría insta al diálogo en el País Vasco «sin adhesiones ni imposiciones»

Javier de Andrés, el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, ha jurado este lunes el cargo en una ceremonia marcada por la ausencia del lendakari, Íñigo Urkullu, que ha enviado como único representante de su equipo al consejero Josu Erkoreka. El acto ha sido presidido por la vicesecretaria del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha destacado que el dirigente popular «será un interlocutor necesario e imprescindible» entre la administración central y la vasca, que han de tener la posibilidad de negociar «con su propia voz, sin adhesiones ni imposiciones, contribuyendo con franqueza al debate público que reclaman los ciudadanos».

En esta línea, la vicepresidenta afirmó que tanto el Ejecutivo central como el vasco están llamados a compartir responsabilidades «desde la cooperación y la lealtad», dos ingredientes esenciales para poder satisfacer las necesidades de los habitantes del País Vasco y del resto de España: «Todos somos Estado», subrayó.

De esta forma se refirió al proceso de deshielo en el que se encuentran en la actualidad PP y PNV, cuyos dirigentes se han reunido en diversas ocasiones en las últimas semanas para, por una parte, alcanzar un acuerdo que permita sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por otra, para intentar desencallar las leyes vascas recurridas por el gabinete de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.

De hecho, Santamaría y Erkoreka han aprovechado el día para retomar las conversaciones acerca de cuál va a ser finalmente la postura del Gobierno central respecto a los recursos después de que el propio de Andrés reafirmara el pasado martes que el PP no va a retirarlos «porque sí». Fuentes del Ejecutivo autonómico, regido en coalición por PNV y PSE, han subrayado que la negociación en torno a la Ley Municipal del País Vasco va «por el buen camino», por lo que consideran «posible» que finalmente no tengan que intervenir los jueces. Si el acuerdo prospera, aún quedarían pendientes la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, la Ley de Adicciones y la Ley sobre víctimas de represión ilícita o de abusos cometidos por las fuerzas policiales entre 1978 y 1999.

En lo que se refiere a la designación de De Andrés como delegado del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría ha señalado que se trata de un hombre «tranquilo» y «firme en sus valores» que trabajará para demostrar a la ciudadanía vasca que el Gobierno central «es también el de los vascos», pues se trata de una persona «con un arraigado sentido de Estado pero con una profunda vocación foral».

Por último, ha agradecido la labor desarrollada por Carlos Urquijo al frente de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, pues ha trabajado en defensa de «los derechos y las libertades de todos»: «Ha ayudado, en unos años complicados, a trabajar por la recuperación de la economía y por la concordia», ha alegado. En este sentido, ha mostrado su deseo de que pueda «seguir haciéndolo cerca del Gobierno en próximas etapas».

Fomentar los puntos en común

Por su parte, el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco ha reiterado su «compromiso con la administración vasca» y ha asegurado que trabajará para «fomentar los puntos en común» que comparten ambas formaciones. En su discurso, De Andrés ha apelado al diálogo y ha puesto como ejemplo los acuerdos alcanzados en la pasada legislatura en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), cuando «fuerzas políticas muy diferentes» fueron «capaces de ponerse de acuerdo cuando cada diputación estaba gobernada por partidos distintos y ninguno de ellos coincidía con el del Ejecutivo vasco, que además estaba en minoría».

De Andrés se ha mostrado partidario de «reeditar» aquellos acuerdos y «extenderlos desde una perspectiva amplia que vaya más allá de los límites de la Comunidad Autónoma vasca».

Pese a todo, ha manifestado que no tolerará que el Gobierno de Íñigo Urkullu ni ninguna otra entidad se ponga por delante de la Constitución: «Nadie que actúe con lealtad a los acuerdos de las cámaras legislativas puede ver como un problema la demanda de su cumplimiento. Por el contrario, el conflicto surge de su vulneración», ha advertido.

Por otra parte, se ha comprometido a defender a las víctimas del terrorismo «frente a cualquier menosprecio o humillación, particularmente de los que pudieran proceder de las administraciones locales». Según ha afirmado, las víctimas «requieren de una especial protección porque han padecido crímenes que han sido amparados y jaleados por una parte de la población», algo que –según ha dicho– «las distingue de otras víctimas y las hace más vulnerables y más sensibles a la ofensa de su honor».

Por otra parte, ha destacado que la «experiencia» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra ETA «se convierte ahora en una oportunidad para prevenir y combatir el terrorismo internacional».

Disposición al encuentro

Por otra parte, Íñigo Urkullu ha subrayado este lunes que las relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy continúan «en la misma línea que en la legislatura pasada», por lo que por el momento «no hay ni deshielo ni no deshielo». En declaraciones a Radio Euskadi, el lendakari ha indicado que el pasado 29 de diciembre recibió un carta del jefe del Ejecutivo central en la que mostró su disposición a celebrar una reunión entre ambos para la cual aún no se ha fijado una fecha.

Además, ha afirmado que respeta la Conferencia de Presidentes Autonómicos, a la que ha anunciado que no asistirá al considerar que los temas que se van a abordar «obedecen a conferencias sectoriales» en las que ya participa el Gobierno vasco. A su juicio, las «singularidades» del autogobierno vasco ya se deberían haber trabajado en la pasada legislatura.