Así se gestó la filtración que dinamitó la campaña de Rajoy

Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, lo anunció hace casi dos meses en el Congreso: de los contribuyentes que habían presentado el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero tras haber cumplimentado el 750 de amnistía fiscal, había 705 personas (ayer se elevaron a 715), cuya información se iba a pasar al Sepblac (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales). Es decir, los hombres de Cristóbal Montoro iban a trasladar esa documentación a los de Luis de Guindos. Extremo este relevante, pues ha servido para alimentar teorías conspirativas «que la lógica desmonta», apuntan en fuentes del Gobierno, dado que el perjuicio para el futuro electoral del PP «es demoledor y mucho más para los actuales responsables del Gobierno, incluidos los dos ministros».

Pero para entender esta historia hay que volver a febrero: Menéndez niega que se vayan a filtrar las identidades. Por descontado que había políticos y hasta familiares de políticos en esa lista. Pero las indagaciones no estaban todavía maduras. Las fuentes consultadas por ABC indican que las conclusiones se iban a conocer «en unos meses, nunca antes del 24 de mayo. Estaban en fase embrionaria». Pero alguien pareció tener prisa: las elecciones autonómicas y municipales se aproximaban y la bomba que aguardaba a la vuelta de abril lejos de ser controlada era devastadora. Para Rajoy.

Así que 54 días después de la comparecencia de Menéndez, uno de los 705 nombres sí va a ser filtrado. Y no cualquier nombre: el de Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno de España durante ocho años. Es martes, 14 de abril. El portal de internet Vozpópuli desvela que el famoso Sepblac investiga si Rato cometió blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía de 2012. Es claro que los funcionarios de Hacienda ya habían trasladado, como anunció en febrero su responsable, la información de uno de los 705 expedientes. En ese trasvase de documentación de un probable ilícito, un diario digital maneja la primicia. «No es precisamente un medio afín al Ejecutivo», recuerdan fuentes cercanas a Moncloa. Desde luego, esa revelación tiene que partir de alguno de los organismos concernidos en la investigación «pero no tiene por qué situarse la filtración a nivel político. Había muchas personas que lo conocían, que no eran solo los ministros», sostienen. Sin embargo, en las dos trincheras hay acusaciones veladas para ponerle nombre de ministro a la garganta profunda del caso Rato. Algunos cercanos al titular de Hacienda insisten en que es Economía la que maneja la información gracias al Sepblac. Los próximos a De Guindos niegan la mayor: ni el ministro conoce cuentas ni sociedades de Rato ni el responsable económico ha estado para nada centrado en este asunto (aunque algunos le suponen enemistad personal desde que le desplazó de Bankia) ya que el registro de la casa y oficina de su exjefe coincidió con el fallecimiento de su hermana.

El que sí lo intuye, días antes de la filtración, es el propio Rato. Su servicio de seguridad le alerta de movimientos en los alrededores de su casa, que hacen sospechar que se le vigila. Sabe ya que está bajo el foco de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda.

Datos «inconsistentes»

Lo cierto es que ese martes, mientras los medios intentan contrastar qué de cierto hay en la información sobre el expresidente de Bankia, el Gobierno de Rajoy, tal y como relatan fuentes cercanas, está ajeno e intenta achicar agua de las consecuencias políticas de la minirreforma del aborto. Nadie en Moncloa, aseguran, sabe nada. Tanto que el propio presidente del Gobierno está convencido de la falta de consistencia de las informaciones digitales. Desde luego, señalan los mismos interlocutores, «si hay alguien a quien les afectaban especialmente esos titulares es a Rajoy, pues él se había fajado para colocarle en Caja Madrid, participando en una guerra abierta contra Esperanza Aguirre, partidaria de Ignacio González. Por no hablar de que le han dinamitado la campaña».

Pero el aparato del Estado ya estaba en marcha. Tanto que unos meses antes de que Rato salte de nuevo a las primeras páginas, la Agencia Tributaria ya había trasladado sus sospechas a la Fiscalía Anticorrupción. En ese momento, no hay receptividad y, por eso, termina siendo la Fiscalía de Madrid la que se encarga de elevar al juez de guardia la petición de registro y detención. Es el momento en que el Servicio de Vigilancia Aduanera toma las riendas, ante la sorpresa del ministro Fernández Díaz, marginado de la operación. Montoro se pone al frente.

La última zona oscura de esta operación se sitúa en la calle Don Ramón de la Cruz. Allí, a las 16.30 horas del jueves 16, los medios rodean el edificio. Los agentes de Montoro se disponen a entrar y registrar la casa, reteniendo al sospechoso para que asista al registro. ¿Quién alerta a los medios? A las cinco de la tarde ya hay teletipos de la entrada de los agentes. Es claro que a esa hora hay demasiadas personas, instituciones y agencias que conocen la vigilancia. Desde el juez a la Fiscalía, pasando por la Agencia Tributaria, el Sepblac y la ONIF. El Gobierno insiste en que él no. De hecho, el primer representante que valora la noticia es el secretario de Estado José Luis Ayllón, pasadas las seis de la tarde, cuando recuerda a los periodistas que son las autoridades judiciales las que deciden.

Cerca de las ocho, Rato es conducido a su despacho de Castelló. Las televisiones conectan en directo: un agente acogota al exvicepresidente.