El Gobierno crea 66 plazas de fiscales para luchar contra el yihadismo y la corrupción
Cincuenta son puestos de nueva creación mientras que las otras 16 son para reorganizar la situación de fiscales interinos
Actualizado: GuardarEl Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado este viernes un real decreto por el que se crean un total de 66 plazas de fiscales destinados a la lucha contra el terrorismo yihadista y la corrupción. [ Así hemos contado al minuto la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros]
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado que las nuevas plazas se encuadran en el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE en la lucha contra el terrorismo yihadista para hacer frente a las «necesidades existentes» en este ámbito.
Este acuerdo garantizaba los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, los Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia.
La provisión de estas plazas de fiscales ya fue anunciadas por el ministro de Justicia el pasado octubre en su primera comparecencia parlamentaria tras tomar posesión del cargo.
282 plazas de jueces
Al respecto, Catalá ha recordado las 282 plazas de jueces que aprobó el pasado año el Gobierno y que irán destinados al orden penal, donde se encuadra el terrorismo yihadista, y a donde también irán destinados los 66 plazas de fiscales que elevan la plantilla del Ministerio Público a 2.473 efectivos.
Catalá ha explicado que 50 son plazas de nueva creación de fiscales -que se incorporarán en junio- mientras que las otras 16 son para reorganizar la situación de fiscales interinos, puesto que la última vez que hubo oposiciones a la carrera fiscal fue en 2010.
«Se trata de dar entrada a 50 nuevas personas y de reorganizarnos para situar efectivos donde son más necesarios», ha precisado. Así, cuatro plazas son para la Fiscalía General del Estado, dos para trabajar en asuntos relacionados con la Criminalidad Informática, dos para temas de Cooperación Penal Internacional y cuatro para la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada. El resto irán destinados a las fiscalías provinciales en las que el número de casos de corrupción es más acusado y en las cuales
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