Jueces progresistas crean un observatorio solo para casos de corrupción

La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha creado un Observatorio contra la Corrupción «ante la gravedad de la situación actual y ante la falta de medidas por parte del Gobierno y otras instituciones». JpD denuncia que pese a que en estos momentos se tramitan centenares de procedimientos por corrupción en nuestros órganos judiciales y los magistrados instructores de nuestro país están haciendo un gran esfuerzo, no tienen «apenas medios, y a menudo sometidos a todo tipo de presiones que erosionan el principio de independencia judicial».

Entre las carencias más llamativas en la Administración de Justicia destacan la insuficiencia de medios de investigación, persecución y enjuiciamiento, la ausencia de policía judicial y de expertos en contabilidad y finanzas, la complejidad de los delitos económicos, la «capacidad obstaculizadora de las defensas para privilegiados», la falta de preparación técnica de algunos juzgados o el incremento de los macroprocesos.

La asociación cree que hay una falta de voluntad política para afrontar la corrupción, «responsabilizar a los infractores y desplegar los declarados fines preventivos de las penas».

Esta situación, dicen, está incrementando el enfrentamiento de los tribunales con los otros poderes públicos, de forma que la acometida contra la independencia judicial se está haciendo «de modo directo, abrupto y sin subterfugios». Y es que, a su juicio, los niveles que ha alcanzado la investigación de los delitos de corrupción están agravando la crisis de la política de partido y del sistema de representación, «lo que hace previsible el intento de politización de los procesos penales». Por ello, resulta necesaria la creación de este Observatorio, que permitirá compartir datos y «valorarlos para la defensa del interés general».

Seguimiento y análisis de los casos

El Observatorio contra la Corrupción estará formado por jueces, fiscales y otros expertos en esta materia. Sus objetivos serán, entre otros, recopilar y analizar información sobre las causas en fase de instrucción y de enjuiciamiento por delitos de corrupción, emitir informes periódicos; identificar ataques contra la independencia de los tribunales; y activar mecanismos de respuesta y proposición de soluciones.

«La corrupción supone una gravísima ruptura de las reglas del juego democrático. Significa el apoderamiento de los recursos públicos para el enriquecimiento de una minoría y, en ocasiones, para que unas fuerzas políticas obtengan una ventaja ilegítima en perjuicio de otras. Además, provoca el descrédito de las instituciones y la desconfianza de la ciudadanía hacia la vida pública», apunta JpD en un comunicado.

A su juicio, las prácticas políticas delictivas «se encuentran plenamente instaladas en el sistema», y prueba de ello es su extensión por todo el territorio, «en todos los niveles institucionales y en gran parte de las fuerzas políticas» .