Soraya Saenz de Santamaria y Montoro presiden el consejo de politica Fiscal y Financiera
Soraya Saenz de Santamaria y Montoro presiden el consejo de politica Fiscal y Financiera - ÁNGEL DE ANTONIO
Estudia deducciones en el tributo

Montoro abre la puerta a bajadas selectivas en el Impuesto de la Renta el próximo año

Hacienda impone a las comunidades autónomas una meta de déficit del 0,3% en 2018 pese al rechazo mayoritario

Madrid Actualizado: Guardar
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El Gobierno y los barones regionales se han dado cita en un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se ha escenificado la nueva pangea política surgida tras el último Congreso Federal del PSOE bajo la batuta de Pedro Sánchez. Siete de las diecisiete comunidades tienen color socialista y, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior cita de diciembre, la mayoría de los consejeros autonómicos de Hacienda han rechazado los objetivos de déficit y deuda de 2018 a 2020. La propuesta del Gobierno ha recibido nueve votos en contra y siete a favor.

Pese a todo, el Ejecutivo, que ha tenido en la reunión a la vicepresidenta y responsable de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha impuesto su propuesta.

Las comunidades deberán reducir así el déficit el próximo ejercicio del 0,6% del PIB al 0,3%, para lograr el equilibrio en 2018, tal y como había propuesto el Ministerio de Hacienda. Donde sí ha flexibilizado ligeramente la senda es en las metas de deuda pública, que ahora son del 24,1% en 2017, el 24% de 2018, el 23,1% de 2019 y el 22,3% en 2020.

Las reglas del juego del CPFF benefician a que la propuesta del Gobierno salga siempre adelante, pese a que no cuente con mayoría. El ministerio solo necesita el apoyo de una comunidad para aprobar su oferta, por lo que la votación sirve más de escenario político que como foro para conseguir avances o consenso.

Las comunidades socialistas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Baleares y Comunidad Valenciana han votado en contra, lo que anticipa una dura batalla legislativa para sacar el techo de gasto en el Congreso de los Diputados.

No hubo así acuerdo o abstención de cara a lograr guiños en los Presupuestos de 2018, lo que ha despejado dudas de posibles pactos políticos de última hora. A finales del año pasado, cuando la gestora dirigía el PSOE, este arañó una subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un objetivo de déficit regional del 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2017 a cambio de su apoyo al techo de gasto. La aprobación del objetivo de déficit y deuda por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es un paso necesario antes de que el Gobierno presente el próximo lunes el límite de gasto financiero para las cuentas del año que viene, molde que supone la primera marca para su tramitación.

Al rechazo socialista se han sumado Cantabria y Cataluña, esta última a través de su consejero de Justicia, Carles Mundó, que ha sustituido al vicepresidente de la Generalitat y titular de Economía , Oriol Junqueras. Mundó avisó de que si prospera la consulta independentista del 1 de octubre, este será el último CPFF al que asista la Generalitat, un foro que el consejero ha tildado de debate «lúdico-recreativo».

Sin embargo, Hacienda aún debe convocar un nuevo Consejo para aprobar los Planes Económico-Financieros y los objetivos de déficit individuales, por lo que no será la última vez que Montoro y la Generalitat se vean las caras.

A favor de la propuesta de Hacienda han votado las comunidades populares Madrid, Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla y León junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sumado al voto del Gobierno, la propuesta salió adelante.

La consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, calificó de «reprobable» la meta de déficit para 2018 y tildó de «opaco» el debate sobre la distribución del déficit. Y apuntó que el ministro no descartó una bajada del impuesto sobre la Renta para el próximo año durante la reunión, al ser abordado por varias regiones. Cs ha condicionado su apoyo a las cuentas de 2018 a esta rebaja fiscal.

Al salir de la reunión Montoro ha abierto la puerta a bajadas selectivas de IRPF ampliando las deducciones en el impuesto, como guiño de cara a la negociación política. «El ministerio esta trabajando en identificar algunas deducciones en el IRPF para el próximo año», ha apuntado Montoro, que ha detallado que se trata de «estudiar los márgenes» para una rebaja tributaria sin afectar al objetivo del déficit, si bien cree que aún se está en un momento «muy prematuro» para dar más detalles.

Morosidad pública

La reunión, además, se ha producido con la reforma de la financiación autonómica como banda sonora. El pasado miércoles se encontraron los expertos que elaboran un informe sobre el futuro marco regional, que presentarán el 10 de agosto, y varias comunidades han aludido a esta inminente batalla política.

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, que el Gobierno estaba obligado a endurecer para bajar la morosidad a instancias de Bruselas, Hacienda cambiará cómo se cuenta la morosidad pública de forma más restrictiva, pero tratará de suavizar su propuesta a petición de varias comunidades el próximo mes.

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