Imagen de Puig y Sáenz de Santamaría tomada este martes en Valencia
Imagen de Puig y Sáenz de Santamaría tomada este martes en Valencia - ROBER SOLSONA
Política

El Gobierno se compromete a la reforma de la financiación y a finalizar el Corredor Mediterráneo

El Ejecutivo aprobará el 10 de febrero el comité de expertos que perfilará la nueva financiación autonómica

VALENCIA Actualizado: Guardar
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En un clima de búsqueda de diálogo acorde a la nueva etapa política, la vicepresienta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mantenido un encuentro de casi dos horas con el jefe del Consell, Ximo Puig, para tratar los temas en los que más énfasis pone la Generalitat en sus reclamaciones a Madrid: financiación e infraestructuras.

Tras la cita -«intensa, cordial y fructífera» en palabras de ambos-, Santamaría, ha querido remarcar especialmente la «lealtad institucional» y el «tono» por parte del Ejecutivo valenciano para anunciar que el Gobierno tiene previsto aprobar, en la reunión del Consejo de Ministros del próximo 10 de febrero, la constitución del comité de expertos que empezará a diseñar la reforma del modelo de financiación autonómica.

La previsión, como ya se acordó durante la Conferencia de Presidentes, es que el nuevo se pueda elaborar este mismo año.

Puig le ha trasladado la propuesta de consensuar el presidente de ese grupo de expertos y que el primer encuentro tenga lugar en Valencia, además de la necesidad de estudiar fórmulas para mutualizar la deuda de las comunidades más perjudicadas por el actual sistema.

Santamaría ha querido evidenciar su sensibilidad por la Comunidad, aunque ha insistido en que a la hora de realizar inversiones y acometer infraestructuras resulta necesario «tener una visión de conjunto» y «vertebrar España». «Las peticiones de la Generalitat son compartidas por otras autonomías. Esperamos darle un importante impulso: ya ha pasado del mapa al terreno y eso es importante», ha apuntado.

Aun así, ha confirmado el compromiso del Gobierno con el Corredor Mediterráneo -es «fundamental, ha asegurado- para después incidir en los últimos impulsos del Ministerio de Fomento en infraestructuras del territorio, como la inversión de 22 millones en los accesos al puerto de Sagunto, de 13 millones en aparcaderos y de 40 en la renovación de la línea.

Aparte de estas cuestiones, también se han puesto encima de la mesa la tasa de reposición, la ayuda a refugiados o los problemas de adscripción del Consorcio Valencia 2007 en el nuevo organigrama del Gobierno, han señalado desde Presidencia.

FLA

En cuanto al debate generado en torno a la armonización fiscal, la vicepresidenta ha señalado que en la Conferencia de Presidentes se llegó al acuerdo de que el grupo de expertos analizaría cómo se ha desarrollado el esquema de corresponsabilidad fiscal en España para poder tener datos concluyentes que sirvan de base a decisiones futuras.

Tampoco ha querido comprometerse en torno a la posibilidad de que se condonara el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a las comunidades peor financiadas, sobre lo que se ha limitado a señalar que la reforma del modelo de financiación está abierta: «El FLA no forma parte de ese esquema de financiación pero ha sido un instrumento útil que ha permitido, en momentos de dificultad, acceder a ella en condiciones ventajosas y ahorrar intereses. Hay que verlo todo en un contexto amplio de reforma del modelo».

Presupuestos

La cuestión de los Presupuestos Generales del Estado también se ha tratado durante la reunión, tal como ha admitido Ximo Puig. El jefe del Consell ha mantenido en este aspecto sus reticencias a apoyarlo. «Queremos que salgan adelante unas cuentas alineadas con los intereses de los valencianos», ha afirmado, perseverando en su discurso reivindicativo.

Reunión con el grupo parlamentario

Tras la cita con el presidente de la Generalitat, Santamaría ha mantenido otra con el grupo popular en las Cortes Valencianas. Además de financiación e infraestructuras, también han tratado leyes aprobadas por el Parlamento autonómico, como la de Función Social de la Vivienda que incluye la expropiación forzosa del usufructo de la vivienda por parte del Consell en caso de que se produzca un desahucio. De hecho, el Gobierno central podría acabar recurriéndola al Tribunal Constitucional.

Igualmente, le han trasladado la creación de diversas agencias por parte del Gobierno valenciano (Antifraude, Innovación o Seguridad y Respuesta a las Emergencias), que se han llevado amplias cantidades de presupuesto.

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