Visita al territorio cláusula de Cádiz

La historia se puede repetir y lo están avisando. En octubre de 2015 la avalancha de causas que recibía a diario el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz obligó a los responsables jurídicos a parar un momento y poner una solución. Los asuntos relacionados con acuerdos hipotecarios que estaban llegando en masa a esta sede judicial los estaba ahogando. Si sumaban este tipo de expedientes al rosario de entuertos que ya de por sí tenían que resolver –y más aún en periodo de crisis con cientos de empresas quebradas–, la maraña se hacía cada vez más grande. Entonces, se tomó la decisión de repartir por todos los juzgados de instancia de la provincia las demandas relativas a cláusulas abusivas para intentar evitar el colapso.

Pero el goteo había sido ya tan constante que el vaso había rebosado y todavía ahora, dos años y medio después, el Juzgado de lo Mercantil sigue sufriendo un retraso evidente. Tenían 1.900 casos pendientes por año y actualmente están señalando vistas para 2019.

Esa circunstancia es un hecho. Algo que ya ha ocurrido, demostrado, registrado en tablas e informes oficiales de asuntos resueltos o sin resolver. No es una opinión o la negativa postura de un contrario. Esa fue la situación que se generó y que tras la prueba/error se optó por cambiar.

El problema es que podría volver a ocurrir. En otro sitio, pero lo mismo. Concretamente, en el Juzgado de Primera Instancia número dos de Cádiz. Esta ha sido la sede judicial elegida por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ)para que asuma todas las demandas sobre cláusulas abusivas que se presenten en la provincia. Y de momento, cuando solo lleva un mes con este encargo, ha recibido 305 litigios, según datos ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Cádiz es la quinta provincia en Andalucía en número de demandas, por detrás de Sevilla, donde se tramitaron 735, Málaga (631), Jaén (541) y Granada (425). Y estaría por delante de Huelva, con 288, 209 en Córdoba, cerrando Almería, con 182. Pero estas cifras hay que ponerlas en relación con indicadores tales como el poder adquisitivo de cada una de las provincias o sus superficies construibles. En total en Andalucía se han presentado 3.319 expedientes relacionados con estos litigios hipotecarios. Y en España, 16.000.

El juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez, asiste al 'desastre' con un gesto evidente de preocupación. Él ha sido uno de los jueces que han mostrado su frontal oposición a la medida del juzgado especializado. Recorrer a su lado este espacio es como asistir a un consultorio de problemas. «¿Cuándo se solucionará esto?», «¿qué hacemos con...?»... El juez solventa la situación como puede.

Al salir del 'juzgado bis', en frente, se sitúa la oficina de los dos jueces que habrá de refuerzo. Acaba de llegar uno de ellos que estrena destino en esta engorrosa tesitura. Y el problema aquí, además del tiempo, también va de dimensiones y encima los tiene que compartir con el sistema de videoconferencia. Es decir, en este cuartito se hacen las videollamadas con testigos que no pueden estar en sala, por lo que cada vez que se celebra un juicio y se necesita de esta comunicación, el juez tiene que interrumpir su trabajo y salir de su propio despacho.

«Necesitaríamos una plantilla completa»

«Esto no es nada, la mayor parte esta abajo», comenta uno de los funcionarios cuando asistimos absortos a la pila de papeles que ya se acumulan encima de mesas y sillas. Según explican, desde que la medida se puso en marcha, han estado llegando una media de veinte demandas diarias. Para hacerse una idea: de los 971 asuntos que del 2 de junio al 5 de julio se han recibido en San José dirigidos a todos los juzgados, 360 han sido relativos a cláusulas abusivas, es decir, más de la tercera parte de los litigios que están entrando van, tras pasar por el filtro de si se admiten o no a trámite, al Juzgado de Instancia número 2.

Más de la tercera parte de los litigios que se están recibiendo en San José son relativas a tratos bancarios

«Un goteo constante. El volumen va a ser enorme y para que esto pueda funcionar necesitaríamos una plantilla completa», o lo que es lo mismo, un mínimo de ocho funcionarios. «Seguramente la idea ha sido intentar agilizar, no lo dudo, pero esto no se puede poner en marcha sin contar con los medios necesarios», lamenta uno de los responsables encargados de esta «misión imposible».

«Además hay que tener en cuenta la complejidad de las causas», añade el juez decano. Cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, materias muy actuales que están sujetas a una actualización de criterio constante con nuevas sentencias y que, por tanto, exigen de mucho estudio para poder emitir un fallo acertado.

Isabel Cadenas es la jueza titular del juzgado 'agraciado' por el CGPJ. Desde que supo que el Primera Instancia 2 era el que asumiría todos los litigios de abusivas de la provincia ha querido demostrar su inviabilidad si no disponen de más medios. «Al año podría llegar a 5.000 asuntos. No quiero ni calcularlo...». «No nos estamos quejando por nosotros, yo tengo que venir todos los días y hacer mi trabajo igual, es por el ciudadano. Si se le estaban resolviendo estos asuntos en seis meses, ¿qué sentido tiene?», se pregunta. Y añade:«Si no hubiera pasado nunca, quizá se podría haber experimentado, pero con el precedente ya de Mercantil, que se colapsó, se repartió y se solucionó... no lo entiendo. Es un paso para atrás», lamenta.

Para Cadenas «lo único» que se puede ganar con esta medida es unificar criterios, «pero el consumidor tiene derecho de tener un juzgado cerca de su domicilio y también a la disparidad. Ya llegará la Audiencia Provincial, que es la encargada de unificar».

Este rechazo también ha sido manifestado por otros operadores jurídicos como abogados, letrados de la Administración de la Justicia, procuradores, fiscales y funcionarios.Pero nadie ha podido impedir que esta decisión se revoque. De momento.