La reforma de la estiba ya está en Bruselas

Finalmente, se cumplió el guion esperado y el Gobierno logró el jueves sacar adelante el real decreto-ley de reforma de la estiba, que fue convalidado en el Congreso con 174 votos a favor (PP, Cs, PNV, Foro Asturias y UPN), 165 en contra (PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís) y las ocho abstenciones de PDeCAT. Así, el Ejecutivo logra aprobar esta regulación del sector, exigida por la Unión Europea (UE), en un segundo intento, después de que el primer real decreto ley por el que se liberalizaba fuera rechazado por la misma Cámara hace dos meses.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, personificó la satisfacción del Gobierno con la convalidación del real decreto-ley, que «acaba con el último sector monopolístico que quedaba en la historia».

De la Serna se felicitó porque la estiba pasa a ser un sector productivo liberalizado, lo que permite a España «cumplir como país» y recuperar «un crédito perdido» en Europa.

El Ministerio de Fomento indicó en cuanto se cerró la votación que mandaría a Bruselas «inmediatamente» la convalidación del real decreto-ley que liberaliza la estiba para que se desestime «lo antes posible» el procedimiento abierto a España y las multas pendientes.

De la Serna mostró su confianza en que el Tribunal de Justicia de la UE paralice y desestime el procedimiento sancionador abierto a España, aunque afirmó: «No sabemos si esto será suficiente para no pagar la primera parte de la multa» que supera 24 millones de euros.

Al respecto, los sindicatos de estibadores han manifestado su «decepción» con el resultado de la votación y mantienen las ocho jornadas de huelga, previstas a partir del próximo miércoles, aunque intentarán convocar cuanto antes a la patronal en una mesa de negociación.

Por su parte, el Ejecutivo ha pedido a los sindicatos y a los empresarios que se sienten a negociar desde el lunes porque el real decreto recoge «muchas cuestiones negociadas» y «tiene todas las facilidades del mundo para alcanzar un acuerdo». En este sentido, subrayó la petición de los representantes de los trabajadores de poder cerrar los convenios colectivos puerto a puerto.

«No hay razones para la huelga, hay razones para el diálogo», opinó De la Serna, que afirmó que «se garantiza el mantenimiento del empleo y el real decreto servirá para mejorar la productividad de las empresas».

En la misma línea, se pronunció el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, que ve suficiente margen legal para mejorar el sector de la estiba durante el desarrollo reglamentario del real decreto-ley y ha confiado en la responsabilidad de los sindicatos y patronales para seguir negociando y llegar a más acuerdos.

La formación justificó su abstención, clave para sacar adelante la reforma, en el compromiso con Europa y en que no sólo beneficiará a los estibadores sino a «miles y miles» de trabajadores que no están en los puertos, pero sus actividades sí están vinculadas.

Margen para negociar

Aunque el real decreto-ley «hace de todo menos garantizar el mantenimiento del empleo», el responsable de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, reconoció que el nuevo texto deja «herramientas» para poder trabajar y negociar, lo que no hacía el anterior. Asimismo, contiene «algún avance positivo en temas como la formación o de ámbito, fruto del trabajo de algún grupo parlamentario como PDeCAT», añadió.

No obstante, a su juicio, todos esos avances «pierden intensidad» en la medida que el empleo y la garantía de continuidad en el mismo no está regulado, pero el desarrollo reglamentario del decreto-ley «da un poquito de potencia a la negociación colectiva» que permite poder afrontar la situación de otra manera que hace dos meses.

El anterior texto no posibilitaba la negociación: «Te colocaba amarrados de pies y manos», mientras que el nuevo: «Nos deja en una posición en la que podemos intentar resolver el conflicto».

Goya reconoció que los trabajadores «no salen derrotados», tras la aprobación de la reforma, sino sabiendo que su objetivo «sigue siendo exactamente el mismo: la garantía del empleo y conseguir que los estibadores sigan teniendo estabilidad y continuidad», para lo que van a trabajar y dar «una oportunidad» a la mesa de diálogo con las empresas.

Respuesta de Bruselas

Por su parte, la Comisión Europea cree que «a primera vista» la aprobación de la reforma de la estiba es un «acontecimiento positivo» que «permitiría reconsiderar» el recurso en el que propone multas por incumplir la normativa europea. «Tomamos nota del voto. Estudiaremos cuidadosamente las medidas tan pronto como nos sean comunicadas», señalaban ayer fuentes de la UE. «A primera vista es un acontecimiento positivo que nos permitiría reconsiderar el caso a su debido tiempo», reconocieron.

Hay que recordar que el Ejecutivo comunitario propuso al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) dos multas a España: una de 27.500 euros por cada día de retraso en reformar la estiba desde la sentencia que declaró ilegal el régimen (el 11 de diciembre) y otra de 134.000 euros diarios si España seguía sin modificarlo desde el día en que el Tribunal vuelva a pronunciarse.

España ya ha acumulado por la primera sanción un total de 24 millones de euros, aunque la Comisión Europea tiene ahora la posibilidad de retirar el recurso que interpuso.