La Fiscalía reprocha a los ayuntamientos su «desidia» para derribar casas ilegales

La aparición de nuevas construcciones ilegales a lo largo y ancho de la provincia se ha convertido en otro de los indicadores de la recuperación económica. Durante el boom inmobiliario de los años 90 la edificación de este tipo de viviendas al margen de la ley comenzó a desatar el desorden urbanístico de muchos municipios que veían como sus ayuntamientos miraban hacia otro lado y dejaban hacer. Pero hace unos años esa tendencia se rebajó. En parte por la puesta en marcha de las medidas sancionadoras de las diferentes administraciones obligadas a cumplir las normas, pero también, y en gran medida, porque los bolsillos ya no estaban para hacerse casas y encima enfrentarse a elevadas multas.

Pues bien, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz alerta en su Memoria anual de un aumento en las viviendas ilegales de la provincia.

Según explica en su informe, se ha experimentado en esta negligencia un «aumento considerable» que se ha traducido en el traslado por parte de ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad y particulares de las correspondientes denuncias ante el Ministerio Público. Así advierten de que se han multiplicado los casos de investigación penal y de procedimientos incoados ante los juzgados.

De esta forma, durante 2015 el número de diligencias de investigación del fiscal en materia medioambiental, urbanística y de patrimonio histórico experimentó un repunte pasando de 44 del año anterior a las 143, la mayoría de ellas referentes a la investigación de delitos contra la ordenación del territorio. Según lamentan en la Memoria, «se ha roto la tendencia» hacia una reducción de la actividad edificatoria ilegal como ha reflejado el «notorio incremento» de expedientes tramitados. En este sentido denuncia que la ordenación del territorio continúa siendo «el bien jurídico sometido a los más intensos ataques», tanto por la proliferación de urbanizaciones ilegales aisladas, como los que se cometen de manera masiva.

La Fiscalía detalla que «la mayor parte de los procedimientos judiciales tramitados tiene por objeto las construcciones ilegales que se llevan a cabo en suelo no urbanizable común y suelos no urbanizables especialmente protegidos», como ha ocurrido en la zona de Tarifa, dentro del Parque Natural del Estrecho, o en la zona de Los Barrios, Castellar o Jimena, dentro del Parque Natural de los Alcornocales.

«Especialmente lamentable»

Ante este incremento, y al observar «la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización» de casas irregulares, la fiscal delegada Patricia Navarro llama la atención sobre la postura que toman al respecto de estas conductas los ayuntamientos. «Se han detectado casos en los que las construcciones ilegales investigadas en vía judicial, ni tan siquiera habían dado lugar a la incoación de un expediente sancionador disciplinario tramitado por la corporación local». Y añade:«Las razones aducidas por los ayuntamientos para no haber aplicado la ley es en este sentido el exceso de trabajo».

Para la Fiscalía es «especialmente lamentable» la dilación en la ejecución de las demoliciones acordadas por sentencia penal firme. Según detalla, la dificultad de llevar a cabo estos derribos acordados por un juez estriba, en primer lugar, en que el penado «suele hacerse el sordo» ante las ejecutorias y, una vez apercibido de manera insistente por el juzgado, aduzca motivos de insuficiencia económica. Y en segundo lugar, lamenta que sea el propio Consistorio el que mantenga «esa misma actitud renuente y de desidia» cuando subsidiariamente deben proceder a dichas demoliciones. La Fiscalía destaca el hecho de que algunos se excusen en la escasez de las economías locales o, como «novedad», en el hecho de que el concurso de la adjudicación de dichas obras de demolición queda desierto. En este sentido, la fiscal les desmonta tal justificación ya que aclara que «no es necesario acudir a este procedimiento de ejecución externo sino que podría verificarse por los propios servicios municipales». Para el Ministerio Público esta actitud es prueba de «otro giro de tuerca más de ciertos ayuntamientos de la provincia que se vienen revelando como un factor de peso ya que el particular sabe que cuenta con la tolerancia muy activa del propio Ayuntamiento».

70 pendientes

Según detalla la memoria durante 2015 sólo se ejecutaron tres derribos, que tenían sentencias pendientes de ejecución desde el año 2008 y advierte de que quedan todavía pendientes de ejecución más de 70 pronunciamientos.

Por otro lado, el informe destaca el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica para perseguir estas acciones penales, que ha permitido contar con los informes solicitados por la Fiscalía dentro del plazo de seis meses que puede estar abierta una diligencia de investigación.