F. JIMÉNEZ
TRIBUNALES

El fiscal cree que 'el grupo de los 10' actuó de manera intencionada y premeditada

Los diez jóvenes que fueron detenidos en 2013 por provocar numerosos daños en el puente Carranza en una protesta de Navantia acuden a juicio a final de mes

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El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz acogerá a finales de este mes el juicio al 'grupo de los 10', los diez jóvenes de Puerto Real que están acusados de causar graves destrozos en el puente Carranza durante una manifestación de Navantia en 2013. Como se recordará, después de la protesta fueron identificados y detenidos en un operativo que puso en marcha la Policía Nacional y, tras pasar a disposición judicial, ocho de ellos ingresaron en prisión.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos dos años y nueve meses de cárcel. Un año y seis meses por un delito de desórdenes públicos, y un año y tres meses por los daños causados en el puente. Además se pide que indemnicen al Estado con 1.874 euros por los destrozos, además de otra multa de similar cuantía.

En el escrito de acusación, el fiscal recoge como hechos probados que el 12 de diciembre de 2013, los procesados, aprovechando una protesta de los trabajadores de Navantia y el corte de tráfico que supuso, ocuparon el puente Carranza «con la intención de tomar parte en los incidentes que se desarrollasen».

Así, en torno a las tres y media de la tarde «y previamente puestos de acuerdo» se dirigieron hasta el lugar con dos vehículos, un BMW y un Volswagen Golf, propiedad de dos de los acusados. En ellos, según el Ministerio Público, llevaban «un buen número de bragas, bufandas y prendar con las que ocultar sus rostros, además de un tirachinas y tornillos con tuerca como munición».

El Ministerio Público pide para ellos dos años y nueve meses de prisión por desórdenes y daños

Ya sobre las cinco y media de la tarde –continúa el relato el fiscal– varias personas «que procedían de la empresa Navantia» invadieron la calzada, como en otras ocasiones, lo que obligó a cortar la circulación. Fue entonces cuando se unieron a estos manifestantes los diez acusados. «Tomaron varias balizas tipo 'new jersey' arrojándolas a la vía pública y prendiéndoles fuego sobre la calzada». Además, rompieron la señalización vertical de la vía y una farola. Y también arrojaron sobre la calzada piedras de gran tamaño, «a sabiendas de que dicha acción inutilizaba la vía y alteraría de forma muy grave la circulación, por ser esta la principal vía de conexión de Cádiz con Puerto Real y con las restantes localidades de la Bahía de Cádiz, cuyas vías alternativas quedaron rápidamente colapsadas».

Ya sobre las 17.45 horas, los trabajadores y los ahora procesados se retiraron del puente volviendo a la factoría. Cogieron de nuevo sus coches para dirigirse a Puerto Real y en el trayecto, fueron detenidos.

Colapso de tráfico

La Fiscalía repara en su acusación en lo que supuso el corte del puente ya que no se pudo volver a abrir al tráfico hasta el mediodía del día siguiente. Este retraso se debió también a que los técnicos encargados del mantenimiento del puente tuvieron que dejar de repararlo durante la tarde porque, según recoge también el fiscal, varias personas les estuvieron amenazando con tirarles objetos si continuaban.

Los incidentes provocados por los acusados generaron una gran polvareda en días sucesivos a los hechos. La Subdelegación abogó por que se respetara la ley y las decisiones del juez, y por otro, los familiares y amigos de los acusados criticaron las actuaciones. Para ellos fue «desproporcionado» que fueran enviados a prisión. Del mismo modo se pronunció el comité de Navantia Puerto Real que afirmó que habían cogido a los detenidos como cabezas de turco para que las movilizaciones se frenaran en seco.

Los ocho detenidos que ingresaron en Puerto II como imputados permanecieron 13 días en el módulo de preventivos. Finalmente el juez instructor aceptaba la propuesta de la defensa de imponerles una orden de alejamiento con respecto al puente en lugar de la privación de libertad. La defensa justificaba esta modificación en que la prohibición de pisar ese acceso garantizaría que los jóvenes no incurrieran en nuevos destrozos.

Esa reiteración delictiva fue el argumento en el que se basó el instructor para acordar la prisión preventiva, ya que es uno de los requisitos que exige la ley de enjuiciamiento criminal para que la Justicia tome la decisión cautelar más severa. Y lo sustentó en las sospechas de que los ochos detenidos pudieran haber participado con anterioridad en otras protestas que acabaron en destrozos en el puente.

A su salida de Puerto II, los ocho jóvenes fueron recibidos como si fueran auténticos héroes de la lucha obrera. Alguno llegó a ser manteado por los amigos en la puerta de la cárcel. Cánticos de «libertad» o «yo también soy de los diez» se mezclaban con los gritos de los familiares que intentaban abrirse paso entre el gentío para abrazar a su ser querido.