Delphi, nueve años de un cierre premeditado

La historia se repite en Delphi. Este lunes 22 de febrero se cumplen nueve años del cierre de la factoría de Puerto Real y el triste aniversario gaditano coincide en el tiempo con la desaparición de otra de sus plantas en nuestro país. Se trata de la fábrica de Sant Cugat del Vallés, en Barcelona. Medio millar de trabajadores de la factoría catalana tratan ahora de salvar los muebles ante una decisión empresarial que ya no tiene vuelta atrás. La multinacional, como hizo en Cádiz en febrero de 2007, alega pérdidas y falta de competitividad para pegar un nuevo cerrojazo y trasladar así su actividad a otras zonas con menos costes laborales. Adiós a cuatro décadas de presencia industrial en la comarca catalana.

De nuevo Delphi sitúa su punto de mira en los países emergentes de la Europa del Este. La producción de bombas de inyección para los motores diesel de la factoría de Sant Cugat se traslada sin ningún tipo de pudor a la planta rumana de Iasi, abierta en diciembre de 2007, cinco meses después del cierre definitivo de Puerto Real. La multinacional invirtió en ella 100 millones de euros. El guión de esta película es un ‘dejá vu’ para los extrabajadores de la Bahía.

Isidro Jiménez no olvidará mientras viva aquella mañana del 22 de febrero de 2007 cuando lo que era un rumor se convirtió en una realidad justo a mediodía: «Delphi cierra sus instalaciones en Cádiz de forma inminente e irrevocable». A partir de ese instante comenzó un calvario para su plantilla que, nueve años después, aún perdura para 420 de ellos. Este contingente que hoy sigue batallando por el reconocimiento de unos derechos adquiridos en julio de 2007 ocupa el furgón de cola de un conflicto sociolaboral que ha sido el mayor fiasco empresarial y político de la historia de la Bahía.

Los exdelphi, que nueve años después del cierre de la factoría puertorrealeña, mantienen su pulso con la Junta son aquella mano de obra que, pese a las promesas del Gobierno regional, no logró ni la prejubilación ni la ansiada recolocación que anunció el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y confirmó el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Dos frases marcarán la historia de esta crisis: «Delphi no se cierra» y «No os dejaremos tirados».

Inversiones fallidas

Casi una década después de aquel terremoto laboral que sacudió a la Bahía la situación sigue igual o peor. De la docena de empresas que anunció la Junta que llegarían a la Bahía para paliar el efecto de Delphi solo una se mantiene con vida y gracias a una inyección de dinero público y a un posterior rescate. Se trata de la aeronáutica Alestis, un invento de la Junta de Andalucía en 2008 para fortalecer el tejido aeronáutico andaluz.

Para ello, convenció a empresarios vascos del sector, el Grupo Alcor, y destinó más de 90 millones de euros en su puesta en marcha. Alestis absorbió a unos 350 empleados de Delphi y logró de manera milagrosa en un tiempo récord dos grandes contratos del gigante Airbus. La compañía, impulsada, amparada y participada por la Junta hizo aguas en 2012 y fue Airbus quien le echó un flotador de 120 millones de euros. Alestis cambió el accionariado y hoy forma parte de la estructura de Airbus y de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) con notable éxito en su actividad.

La segunda inversión que llegó a Cádiz para cubrir el cierre de Delphi fue Gadir Solar, una empresa especializada en la fabricación de placas solares de última generación que, pese a todo, cerró sus puertas un año después ante la imposibilidad de hacer frente a los nuevos mercados y a la crisis de las renovables. Gadir Solar contrató a un centenar de exdelphis, que vieron frustrado nuevamente su futuro laboral con el cierre de la empresa.

Deslocalización

La estrategia de Delphi en esta última década ha estado encaminada hacia la deslocalización de sus factorías en la Europa Occidental en favor de economías emergentes con menos costes. Las plantas polacas de Krosno y Tychy recibieron la producción de columnas de dirección, embragues y rodamientos de Puerto Real, mientras que la de Tánger se especializó en el cableado de paneles que se hacía en la planta de Tarazona (Zaragoza), cerrada también en 2007. A esta le siguió Belchite y ahora le toca el turno a la de Sant Cugat. La multinacional solo conserva en España tres factorías, pero de tamaño pequeño.

Este periódico pudo comprobar en su momento y a raíz de datos facilitados por ingenieros de la planta gaditana que la dirección de Delphi tenía muy claro que no iba a pagar sobrecostes de producción cuando había países que lo hacían por menos de la mitad. El coste de una hora de producción en la planta gaditana superaba los 150 euros frente a los 16 de Marruecos o los 80 euros de Polonia.

El cierre de la planta de Puerto Real se gestó en 2005 cuando el gigante de la automoción entró en quiebra y obligó a restructurar toda su organización internacional. La planta gaditana dejó de ser rentable para los intereses de la multinacional después de casi 30 años de trabajo y ser un referente en el sector. Así, en marzo de 2006, un año antes de consumarse el cierre, la dirección de Delphi planteó tres posibilidades sobre la planta gaditana: venta, cierre o consorcio. Finalmente, se optó por la más traumática.

De esta forma, la compañía estadounidense provisionó 120 millones de euros para el pago de indemnizaciones de los 1.900 trabajadores gaditanos que iba a despedir. La dirección de la compañía fijó en Polonia su nuevo ciclo de actividad, concretamente, en las plantas de Krosno y Tychy. Poco a poco, la multinacional fue dibujando un nuevo mapa mundial en el que puso las bases de su modelo productivo. Es decir, la Europa desarrollada dejó de ser rentable para sus intereses y centró el tiro en los países que renacían tras la caída del muro de Berlín. Igualmente, los tentáculos de la nueva Delphi se extendieron a Marruecos.

Terrenos hipotecados

Sin embargo, la gestión del cierre de la factoría de Puerto Real ha sido un fracaso político. La multinacional se llevó parte de la maquinaria de su planta en la Bahía a otros centros de producción y dejó como aval las naves y los terrenos del complejo del Trocadero, pero esta cesión gratuita tenía trampa. El suelo industrial sobre el que se asentaba era un regalo envenenado. Delphi, en situación de quiebra, dejó un agujero de más de diez millones de euros por impagos a sus proveedores. Este dinero nunca se recuperó y los afectados instaron al concurso de acreedores.

Delphi se fue de rositas de la Bahía. Los terrenos llevan siete años inmersos en un litigio sin fin en el Juzgado de lo Mercantil. Los acreedores no cobran porque el terreno no se ha logrado vender. El juzgado, a instancias de los afectados, autorizó el año pasado la demolición de las naves con el fin de no generar más gastos, sin embargo, esta decisión ha recibido alegaciones y, de momento, esta actuación se encuentra paralizada. El suelo, por tanto, tampoco ha servido para generar beneficios a favor del colectivo exdelphi, que pensaba en ellos como una tabla de salvación en caso de venta o de implantación de una nueva factoría.

Nueve años después del cierre, aún quedan 420 extrabajadores reclamando lo que se firmó en un protocolo de colaboración con la Junta de Andalucía. Ese documento establece el compromiso del Gobierno regional con las partes afectadas por el cierre que se resume en formación y recolocación. La Junta mantuvo hasta septiembre de 2012 su vinculación con el colectivo de extrabajadores. En septiembre de ese año la Junta reconoció que los efectos de la crisis hacían inviable cumplir con los acuerdos. Más de 500 millones de euros de dinero público se esfumaron en paliar un conflicto que aún sigue latente. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dar el carpetazo definitivo al asunto al reconocer que la Junta no está obligada a cumplir con el protocolo.

El colectivo sigue en la lucha.