Ascienden a once los detenidos por el fraude al SAS con prótesis ortopédicas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, valoraba este jueves como «muy importante» la operación que ha logrado desarticular una red que se dedicaba presuntamente a estafar al SAS con recetas irregulares de material ortopédico. Al parecer, prescribían estos aparatos de gran valor económico a personas que no los necesitaban o que, incluso, ya habían fallecido.

La fase final de esta operación que se ha desarrollado durante años se ha culminado esta semana con la detención de al menos once personas y el registro de varias ortopedias en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.

Según indicaba a los periodistas Antonio Sanz además de los once detenidos hay ocho investigados más. Sin embargo, de momento, la instrucción que lleva el Juzgado número uno de Puerto Real continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Fue justo en Puerto Real donde comenzó a tirarse del hilo. Al parecer fue una denuncia anónima la que puso sobre la pista a los inspectores de la Delegación de Salud de Cádiz que iniciaron una investigación que se prolongó durante seis meses. Tras recabar datos y elaborar un informe enviaron toda la información de la que disponían a la Fiscalía. Según fuentes sanitarias, las indagaciones se intensificaron a partir de 2014 y fue durante este pasado verano cuando se incrementaron las vigilancias y la toma de declaraciones en el Hospital de Puerto Real.

Dos auxiliares del Clínico

Como publicó LA VOZ, este pasado miércoles la Guardia Civil detenía en la provincia al menos a cinco personas en el marco de esta operación. Tres de ellos en Jerez, vinculadas a la ortopedia Índalo, ubicada en la calle Asta de la localidad, y otros dos auxiliares administrativos del SAS, que ya fueron apartados del puesto que ocupaban y desde el que se sospecha podían tener acceso a los datos confidenciales y los pedidos.

El delegado de la Junta en Cádiz incidía este jueves en que detectaron el presunto fraude, lo investigaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía. Asimismo, manifestó que el montante de los presuntamente defraudado no está todavía claro, ya que se trata de algo «prolongado en el tiempo». Algunas fuentes apuntan a que podría superar el medio millón de euros ya que el material que recetaban de manera irregular para quedarse supuestamente con la cuantía y repartirla entre los implicados era el más caro, tales como camas articuladas y otros aparatos de movilidad como sillas eléctricas o grúas de traslado o incorporación.

En los registros efectuados los agentes de la Guardia Civil se han llevado numerosa documentación con la idea de recopilar más datos que puedan o no confirmar sus sospechas. El delegado del Gobierno puso en valor «la actuación constante que los cuerpos policiales desarrollan en la lucha contra el fraude, y en este caso en el ámbito sanitario, con la importancia que tiene una operación como ésta».

Por su parte, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, destacó la colaboración de la Junta de Andalucía con la justicia en relación a este presunto fraude sanitario. Como señaló, la Junta ha estado «colaborando desde el principio» en este caso y lo va a seguir haciendo, recalcando que «nuestra Inspección trabaja permanentemente con la justicia para perseguir posibles hechos delictivos».