Anticorrupción se opone a suspender la pena de prisión al Turronero y a su socio

La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un escrito a la Audiencia Provincial de Cádiz en el que muestra su oposición a que se le suspenda la pena de año y medio de prisión que se impuso a los promotores José Luis López Fernández, conocido como 'El Turronero' y a su socio Francisco Chaves que, según dictaminó la Sala Octava, se beneficiaron de la venta fraudulenta de la antigua estación de autobuses de Jerez, por la que el exalcalde Pedro Pacheco fue condenado a un año y medio de cárcel.

Según recuerda el fiscal en el escrito al que ha tenido acceso este periódico ambos promotores fueron sentenciados como cooperadores necesarios de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de fraude a la Administración.

Como indica el Ministerio Público, suspender dichas condenas dejaría «en entredicho» la «confianza» en las instituciones y en la justicia penal al beneficiar a «personas que coadyuvan a corromper a los cargos políticos en su propio beneficio». Como se recordará la vieja estación de autobuses de Jerez fue adquirida por ambos empresarios a través de testaferros a un precio inferior del tasado, en perjuicio de las arcas municipales de Jerez.

«Los delitos de corrupción política y los que la facilitan o cooperan de alguna manera dañan no tan solo económicamente a la sociedad si no que suponen un ataque a los fundamentos del estado, al sistema democrático y provocan la pérdida de la confianza en las instituciones», señala el fiscal. Llama la atención además que ninguno de los dos promotores han reconocido de manera pública la comisión del delito ni se han arrepentido.

Antecedentes

Otro de las circunstancias por las que Anticorrupción se opone a la suspensión de la condena –posible al ser inferior a dos años– es que ambos tienen antecedentes penales. Así recuerda que en el caso de Chaves López por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil a un año de prisión y en el de 'El Turronero' tiene dos condenas, una de dos años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público y continuado de estafa a la Seguridad Social en la ‘Operación Karlos’ y otra que ésta tampoco se ha ejecutado.

Además tienen una causa pendiente. El Juzgado de Instrucción número 2 de Totana, Murcia, los investiga por delito contra la Hacienda Pública, según el fiscal. Tras dar estas justificaciones, Fiscalía considera que suspenderles la condena de un año y seis meses por el caso de la venta fraudulenta de la estación de autobuses de Jerez sería un «abuso desmesurado en el uso del privilegio excepcional que debe de ser la figura de la sustitución y suspensión» de una condena de cárcel, un «exceso que entendemos que una sociedad como la nuestra no puede tolerar en unos delitos tan graves por los que ha sido condenado como son los delitos contra la Hacienda Pública y la Administración Pública».