2017, el primer año de la era ITI

La lluvia de millones que anunció Fátima Báñez parece haber resucitado avivado el flujo de información sobre el nuevo marco de fondos europeos. La llamada ITI de Cádiz, vendida como «la última oportunidad de esta provincia» por unas y otras administraciones –las que tendrán capacidad de gestionar ese dinero– había permanecido silenciada durante estos meses, escondida en el eterno trámite burocrático y las estrecheces de un gobierno en funciones que poco o nada ha podido avanzar.

La inversión que avanzó la todavía hoy ministra de Empleo en funciones pareció animar también a la Junta, que apenas un día después daba cuenta de una nueva remesa prevista de estos fondos y el trabajo que ha venido haciendo hasta ahora. Otra vez la ITI vuelve a ser el centro de la actualidad y en medio de este panorama se han visto los agentes sociales, con voz por primera vez en la distribución de las ayudas públicas.

Su opinión se ha escuchado en jornadas, reuniones y cuantas comisiones se han celebrado para la gestión de estos fondos. Representantes empresariales, federaciones sindicales y la Universidad de Cádiz, que han calado con mayor o menor éxito.

LA VOZ repasa con ellos cómo ha sido este año en el que se ha tenido que poner en marcha el nuevo mecanismo.

Con la dosis necesaria de paciencia que el momento requiere han ido aportando ideas los representantes empresariales de la provincia. Cuenta Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC, que «cualquiera que haya gestionado fondos europeos antes sabe que no es rápido ni sencillo». Es por eso que entiende estos meses de silencio, «los menos agradecidos», pues todo ha sido un puro trámite burocrático para darle forma a los expedientes, ver qué se puede y qué no se puede hacer y recibir las bendiciones de cada departamento, incluido los europeos, «que no son precisamente ágiles para dar respuesta».

Arrancar no es fácil

«Éramos conscientes de que arrancar no iba a ser fácil. Entre que apruebas un expediente y llega el primer euro pasan muchos meses. Por eso cuesta ver avance, pero ha habido», admite. El responsable de la CEC se refiere a la programación prevista por la Junta de Andalucía, que ha coordinado el delegado territorial Fernando López Gil. Las comisiones participativas han sido el foro en el que se han hecho aportaciones –que no planteado– a proyectos como el Centro de Fabricación Avanzada (CFA) de Puerto Real o la iniciativa Algeciras Business Cluster. Asegura Sánchez Rojas que la provisionalidad del Gobierno ha impedido avanzar al mismo ritmo con los fondos que se gestionan desde Madrid . Pero se muestra esperanzado una vez que hay investidura. Eso le anima a creer que los progresos llegarán en 2017. El presidente de la CEC lo considera «el año clave» para el desarrollo, el primero en el que la inversión será palpable. Aunque para ello, pide una mayor coordinación entre administraciones, pues es la razón de ser de este nuevo marco de ayudas europeas.

También echa en falta ese diálogo entre Junta y Gobierno central el secretario provincial de UGT-Cádiz, Francisco Andreu. El responsable sindical destaca que el momento es «lo suficientemente importante» como para que todos remen juntos. Andreu dice desconocer la estrategia del Gobierno central en la gestión de los fondos que le corresponde, pero valora la inyección de 310 millones de euros anunciados por Fátima Báñez, pero no sabe en qué se van a emplear. El líder provincial de UGT reconoce que «la dificultad para constituir un nuevo Ejecutivo ha complicado la situación», pero «no es momento para perder el tren», dada la delicada situación de la provincia.

Sobre los proyectos que ya se han aprobado destaca los planes de empleo destinados a sectores estratégicos de la provincia como el turismo, la industria, la piel o la vid. «Mis compañeros han trabajado intensamente en ellos, haciendo sus aportaciones y coordinándonos con el resto de agentes sociales», señala y espera ese mismo grado de participación mientras esté vigente el marco de ayudas, que «se extenderá más allá de 2020».

Compromiso de empleabilidad

Junto a ellos trabajan las federaciones de CC OO-Cádiz, que asumen esta remesa de fondos europeos como «la última oportunidad», la más importante y así se lo han traslado a las administraciones que tienen asumida la gestión. No ha gustado a la secretaria provincial del sindicato, Lola Rodríguez, la polémica en torno a las oficinas, destaca que «es una muestra de división» cuando la imagen debería ser justo la contraria. Por eso pide un esfuerzo a los responsables públicos por entenderse y dice confiar en que ahora, con el nuevo gobierno que se va a constituir, se llegue a ese entendimiento.

En todo caso, Rodríguez se muestra satisfecha con el camino que se ha recorrido y que ya se hayan desarrollado las primeras iniciativas que están listas para su licitación –en el caso de las infraestructuras– o de una orden –para planes de ayudas–. «Esperamos ver resultados el próximo año», indica tras meses de trabajo en las mesas de coordinación. Cuenta que sus compañeros han presionado para que todas las iniciativas vengan acompañadas de una proyección de empleabilidad. El concepto no esconde otra cosa que un estudio sobre el número de puestos de trabajo que se pueden crear en torno a cada proyecto, su duración y la calidad de los mismos. «Porque no sólo se trata de generar empleo porque sí, se necesita también una formación que garantice un futuro estable», aclara la secretaria general de CC OO- Cádiz. Igualmente señala que ejercerán una labor de vigilancia para ver cómo se desarrollan estos proyectos y cómo se ejecutan.

Y hasta el momento uno de los que más ilusión genera es el Centro de Fabricación Avanzada (CFA), en el que están integradas las empresas tractoras (Airbus y Navantia), así como las centrales sindicales y la propia Universidad de Cádiz.

La Universidad, en el centro

La institución académica es clave en este nuevo marco de fondos europeos. Está al frente de dos de las iniciativas más importantes: el Centro de Transferencia Empresarial, que devolverá la actividad al edificio del Olivillo y le Instituto de Biomedicina (Inibica).

El rector de la UCA, Eduardo González Mazo, compartía con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en la última reunión sobre la ITI las capacidades de la institución para «generar la innovación que necesita la provincia para que, de este modo, produzca desarrollo económico y contribuya a generación de empleo». Y en los encuentros para la gestión de los fondos se ha puesto de manifiesto la necesidad de conectar la Universidad con las empresas», un camino que quiere allanar la administración pública con la puesta en marcha de este tipo de proyectos.