SUCESOS

El truco del sobre cerrado

Una larga investigación policial destapa presuntos amaños en subastas de la Seguridad Social en Cádiz. Las pesquisas apuntan a que los implicados trampeaban las pujas con el fin de asegurarse que las suyas eran las más altas y llevarse los mejores lotes

Los implicados en la supuesta trama de amaños pasaban a disposición judicial el jueves
Los implicados en la supuesta trama de amaños pasaban a disposición judicial el jueves - F. JIMÉNEZ

Que algunos pasaran por sus peores momentos económicos, que tuvieran que verse en la quiebra y cerrar sus empresas, que estuvieran con el agua al cuello, tanto, como para perder sus casas, coches, maquinarias, empresas...y que, como está estrictamente autorizado y regulado, la administración liquidara con ellos sus pesadas deudas con el sistema, pudo servirle a otros para que vivieran mucho mejor.

Afectados y supuestos aprovechados. Estas son las dos caras de una historia que tiene todos los ingredientes para haber acaparado gran parte de la atención mediática esta semana.

En un contexto, el de las subastas públicas, colmado de leyendas negras y oscurantismo, un funcionario con cierto poder en la Administración pudo trampear con la ayuda necesaria de terceros el sistema de pujas para conseguir los mejores lotes a los mejores precios. Esos bienes habían sido intervenidos por la Seguridad Social a personas que no habían hecho frente a sus pagos.

Todo les iba bien hasta que uno de los supuestos perjudicados dio la voz de alarma en la Fiscalía. La investigación policial se puso manos a la obra y comenzó a tirar del hilo, a completar pieza a pieza el puzzle de un enmarañado negocio que hasta ahora, a los implicados, les estaba resultando más que rentable.

El operativo

Aunque los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Cádiz llevaban medio año tras sus pasos, el escándalo saltaba este martes. A primera hora de la mañana, una treintena de policías, entre investigadores y miembros de apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se desplegaron entre Cádiz y Chiclana, donde se iban a ejecutar de forma simultánea las detenciones y los registros previstos.

Primero acudieron hasta el domicilio de J. M. C. G, responsable de subastas de la Seguridad Social para retenerlo. Ya junto a él acudieron a las oficinas de la Tesorería para registrar también su despacho. De allí, y ante el evidente asombro de compañeros y personal, se llevaron numeroso material y documentación.

Del mismo modo se dirigieron hasta Chiclana donde detuvieron al subastador.Este particular trabajaba supuestamente en connivencia con el funcionario del que recibía información privilegiada.

Ya el miércoles se produjo una segunda parte del operativo en la que cayeron otros dos supuestos implicados en esta trama de amaños en las subastas públicas. Por un lado, un auxiliar administrativo que está contratado de manera externa por el organismo público, y además, otro trabajador que se dedicaba a la guarda y custodia de los bienes embargados por la Seguridad Social.

Las pruebas aportadas por la UDEV han tenido el peso suficiente para que dos de los detenidos hayan ido a prisión

Después de prestar declaración a la Policía y pasar por los calabozos de San Fernando, los investigados eran puestos el jueves a disposición judicial. Al mediodía, la juez instructora decretaba para dos de ellos prisión preventiva. Las pruebas aportadas por la UDEV parecían así tener la consistencia suficiente como para que se tomara esa medida. Los otros dos implicados salían en libertad con cargos.

Hasta el momento ha trascendido quienes pudieron cruzar la línea, cuáles eran sus ocupaciones, pero, poco más se ha conocido de la manera en la que cometieron los delitos de los que se les acusa ya que el caso está bajo secreto de sumario. Pues bien, una de las principales líneas de investigación que han seguido los agentes se basa precisamente en el propio reglamento de las pujas. Cómo conseguían llevarse los lotes o bienes a los que les habían echado el ojo si había otras personas interesadas que también pujaban. O cómo lograban ganarlos siempre «las mismas personas» si aparentemente se cumplían los criterios de publicidad exigidos para este tipo de procedimientos y todo el mundo conocía con anterioridad los bienes, la fecha, hora y sitio de la subasta.

En la regla, la trampa

Según indican las reglas, los participantes en subastas públicas tienen la posibilidad de pujar de varias formas: con sobres cerrados, a viva voz o por ambos métodos. Si se opta por la primera opción, el plazo de entrega es hasta el día anterior a la subasta. Y es precisamente en el método donde podría estar el quid de la cuestión. Mientras que en el resto de las subastas judiciales se abren los sobres al principio, en las de la Seguridad Social no ocurre lo mismo. Estos sobres, donde se tiene que incluir la documentación del postor, el importe que ofrece y el cheque del depósito, se conocen al final por lo que si ofrece la puja más alta, se declara adjudicado el bien sin que los postores presentes puedan decir nada más.

El objetivo era asegurarse que sus pujas, aunque fuera por 20 ó 50 euros, era la más alta

Por tanto, el propio método señalaba al encargado de la custodia de esos sobres. Al que era el responsable de velar por la información que en ellos había y mantenerla en secreto. La hipótesis que se maneja es que el jefe del departamento de subastas, un veterano y experto funcionario, pudo infringir esta norma y facilitar, e incluso alterar, el contenido que en ellos había. Es más, se investiga incluso si esos sobres pudieron abrirse, ya que no eran los únicos que optaban por ese método y tendrían que asegurarse que su puja (aunque fuera por 20 ó 50 euros) fuera más alta que la del resto de sobres el día de la subasta.

Pero él controlaba la información. Necesitaba de otros que manejaran el mercado. De ahí que presuntamente contara con la implicación de un conocido subastero de Chiclana, un hombre que sabía moverse en ese mercado, que tuviera contactos y que podía buscarle una buena salida al ‘botín’. Además, se señala también a otros dos colaboradores necesarios: un auxiliar administrativo, que no es funcionario pero que trabaja como externo en la Tesorería y que estaría al tanto del amaño; y al encargado de velar por los bienes embargados, empleado en la empresa concesionaria de este servicio. Los cuatro, que de momento son los únicos investigados, formaban el supuesto equipo.

La juez atribuye al funcionario y cargo intermedio en la Seguridad Social los supuestos delitos de alteración de precios en subasta pública, cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos. Al resto, se le atribuye un posible delito de alteración de precios en subasta pública.

Además, sus propias posesiones pudieron también delatarles. Que un mileurista en poco tiempo acumule varias propiedades inmobiliarias puede resultar en principio sospechoso si no es capaz de buscar una justificación convincente. Y si encima dicho patrimonio se cree que lo ha obtenido a través de subasta pública y es objeto de una investigación sobre este asunto, la cuestión se le puede poner más complicada.

El gran patrimonio que había acumulado en poco tiempo ha podido delatar a alguno de los acusados

La cantidad de bienes que pudieron adquirir y los beneficios que por ello obtuvieron es otra de las cuestiones que están sobre la mesa. De momento, y según fuentes policiales, numerosos afectados que pudieron ser víctimas de esta trama al perder alguno de los bienes por los que pujaban para recuperarlos u obtenerlos están acudiendo a la Comisaría para prestar declaración como testigos y afectados. Y en algunos de estos casos, los delitos pueden estar prescritos por lo que se teme que la presunta práctica se viniera realizando desde hace bastante tiempo.

Por tanto, la investigación continúa y podría alcanzar a otros implicados que se vieran favorecidos de una u otra forma de las irregularidades cometidas. Así, los agentes de la UDEV siguen recabando pruebas y analizando la documentación intervenida con el fin de aclarar si existen más personas que hayan podido participar en este sistema de subastas que, si todo se confirma, no fueron del todo públicas.

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