La Policía y Kichi, una relación descompasada

Cuando hay que soltar el megáfono y observar los problemas desde el otro lado, la cosa se complica. Si de sostener pancartas y gritar consignas pasas a levantar desde el balcón del Ayuntamiento el bastón de mando tendrás que estar preparado para asumir contradicciones, dar paso a normativas con las que no estés de acuerdo y contar hasta tres antes de hablar. Es la vieja diferencia entre la teoría y la práctica o entre lo asumible y lo deseado.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha comentado en alguna entrevista la dificultad que le merece representar el papel institucional en ocasiones donde tiene que abrir el camino a leyes en las que no cree. Justo en esos momentos, donde la mayoría se precipita en diferenciar casi por impulso a los débiles de los fuertes, lo justo de lo injusto, la posición que adopta un representante municipal –el máximo garante del vecino– se mira con lupa.

Desde que fuera investido como alcalde de Cádiz hace algo más de un año, Kichi ha tenido que vivir bastantes momentos de tensión en una ciudad desesperada por el desempleo y los problemas con la vivienda. Y en estos momentos, en los que los nervios se pierden con facilidad, las fuerzas de seguridad han sido primeros testigos de sus actos y sus palabras.

Ocurrió por primera vez cuando recién aterrizado en San Juan de Dios acudió como mediador voluntario y espontáneo a un desahucio de una pareja en la calle Benjumeda. Una vez allí ni sus gestiones previas ni la puesta en escena de sus concejales, sacados en volandas entre gritos y vítores de gente de Podemos, evitó lo que un juez había dictado y había que cumplir. Kichi insistió repetidamente a los agentes que allí se encontraban trabajando que podía hacer algo, que hablaría, que buscaría la solución, pero nunca llegó.

Otro de los capítulos importantes de estos desencuentros con las fuerzas de seguridad está de momento por resolver. La Comisión Antiviolencia ha propuesto una sanción de 1.500 euros para el alcalde gaditano porque infringió la Ley del Deporte, una normativa que vela de manera escrupulosa por la seguridad de los ciudadanos en los recintos deportivos y cuyos principales valedores son los agentes de Policía Nacional que trabajan en ello.

Todo ocurrió en el partido de play-off Cádiz-Ferrol. Los policías habían expulsado a un aficionado que estaba dando problemas en el Fondo Sur. González Santos, que en esos momentos se encontraba como aficionado en el Estadio, quiso que el joven volviera entrar, salió a por él e intentó que regresara desoyendo las indicaciones de los agentes y exigiendo hablar con algún superior. Según manifestó, «solo quiso mediar y evitar males mayores». Sin embargo, el episodio causó un gran malestar en la Policía que recibió esta acción como una «irresponsabilidad» por parte del primer edil que no tenía en ese momento ni la autoridad ni la competencia para decidir. «No es el comportamiento propio de una persona que dice que viene al fútbol como un aficionado más», lamentaban. «Nosotros también somos trabajadores. Que no se le olvide».