La Junta dice que se darán ayudas para guarderías «en función de la disponibilidad presupuestaria»

Continúan las discrepancias entre la Junta de Andalucía y la patronal de las escuelas de infantil de primer ciclo (guarderías), sobre la conveniación de plazas para el año que viene. Hay que recordar que la provincia de Cádiz arrancó septiembre de 2016 con 2.143 plazas sostenidas por fondos públicos, de las que la mayor parte correspondía a centros concertados y privados. En concreto, 916 plazas conveniadas eran de centros concertados y 510, de centros privados

El principal punto de desencuentro es, según denuncia la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas (Aeiou), que sólo podrán optar a la ayuda económica los niños que se matriculen hasta el 28 de mayo. La Junta, en un comunicado, replica que se podrán solicitar las ayudas tras la matriculación en cualquier momento del año, pero con la salvedad de que se concederán «en función de la disponibilidad presupuestaria».

La Junta explica que se ha visto obligada a cambiar los convenios con las guarderías, que expiraban este curso, para adaptarse «a la normativa vigente». Además, saca pecho y afirma que «Andalucía es la comunidad que más fondos destina a este servicio socioeducativo». En el mismo sentido, sostiene que la dotación presupuestaria aumentará hasta los 175 millones de euros en el próximo curso, «un 3,7% más que en 2016».

En su argumentario de defensa, la Junta destaca que el nuevo modelo para las guarderías se ha explicado «a los representantes de todos los agentes afectados por el cambio (patronales, sindicatos, familias); en general, lo han recibido de manera positiva». Le sorprenderá amargamente a la institución encontrarse el jueves con la manifestación que han convocado para protestar las patronales de las escuelas infantiles y que ha sido secundada por CC OO, UGT y FSIE.

Otro de los puntos calientes en cuanto a los cambios que quiere aplicar la Junta de cara al próximo curso es de la posibilidad de que se oferten plazas por debajo del precio actual (208 euros sin comedor y 278 con este servicio). La Junta arguye una mayor competitividad y la posibilidad de ampliar el número de beneficiados con esta medida, pero los representantes de la escuelas infantiles creen que supondrá una merma en la calidad consecuencia de la «guerra de precios».

«En la Junta saben que una plaza de guardería cuesta más de 300 euros y, sin embargo, llevan desde 2009 sin actualizar los que nos pagan por cada plaza conveniada», lamenta Maribel Uncala, vicepresidenta de Aeiou y directora de una escuela infantil. Uncala vaticina que el servicio que se presta a las familias con sus hijos quedará severamente afectado si se ven obligados a bajar el precio por cada plaza.

Los populares denuncian falta de consenso

Quien también se ha sumado a las críticas por esta medida ha sido el Partido Popular. La parlamentaria Ana Mestre explica que su grupo ha presentado una proposición no de Ley en la que insta a la Junta a prorrogar el Decreto 149/2009 que regula la conveniación de plazas de guardería.

Tal y como denuncia Mestre, «lamentamos que en un asunto tan delicado como éste, la Junta vuelva a legislar sin contar con el sector». En el mismo sentido, denuncia que la administración «no ha convocado la mesa sectorial desde hace un año».

Los populares lamentan que Educación ha cambiado las normas en pleno proceso de escolarización, lo que no ha dado margen de reacción a las escuelas infantiles. Además, rechaza la propuesta de que se puedan hacer ofertas a la baja en las nuevas plazas de guardería. «El sector lleva años asfixiado porque no actualizan la ayuda por cada plaza, ¿ahora se les va a pedir otro esfuerzo económico?»

Frente al anuncio de la Junta de que se van conveniar 12.000 nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años, el PP contrapone que «se hará a costa del esfuerzo de las guarderías, que finalmente tendrán que pagar los padres».

Mestre se ha mostrado especialmente dura con la denuncia de la patronal de guarderías de que, tras el periodo de matriculación, no se asegura la concesión de ayudas para las familias. «Es discriminatorio y fomenta las desigualdades económicas. Quien no tenga ayuda puede que no pueda optar a un puesto de trabajo», incide la parlamentaria popular.