La instalación de ascensores en edificios del barrio de Loreto divide a los vecinos

La crispación entre los vecinos del barrio de Loreto por el asunto de los ascensores quedó patente en la tarde de ayer durante la asamblea celebrada, a instancias del alcalde, en la sede de la asociación vecinal Campo de la Aviación, la cual se quedó pequeña para albergar a los más de 200 vecinos que se dieron cita para expresar su malestar por las formas en las que se está llevando a cabo este proceso.

La división radica en que las obras para la instalación de los ascensores no afecta a todos los vecinos por igual y hay algunos que se han visto obligados a ceder parte de sus viviendas , en concreto de las terrazas y lavaderos, para poder abrir el hueco de la cabina. El portavoz de la plataforma de afectados, Juan de Dios Delgado, reclama a la Delegación de Urbanismo, responsable de otorgar las licencias de obras, que estudie el proyecto que presentan como alternativa consistente en la instalación de ascensores más pequeños que evitarían expropiaciones forzosas. Delgado señaló durante su intervención que ese proyecto cuenta con la certificación de viabilidad del Colegio de Arquitectos de Cádiz. Sin embargo, el arquitecto municipal Cayetano Torres, presente en la asamblea, insistió en que esa alternativa no es viable puesto que el ascensor, de menores dimensiones, no garantiza la accesibilidad al no poder entrar sillas de ruedas al tiempo que la obra reduciría en gran medida el ancho de las escaleras disminuyendo la seguridad de los vecinos en caso de que hubiera una evacuación de emergencia.

A partir de ahí el debate se centró en las diferentes posturas que defienden los vecinos, cada uno en función de las necesidades y características de su bloque, aunque todos coinciden en que a ellos nadie les ha preguntado sobre la empresa que debe ejecutar las obras.

Se da la circunstancia de que la Junta de Andalucía convocó el pasado verano el Plan de Ayuda a la Rehabilitación, por el que el Gobierno autonómico se compromete a abonar el 50% del coste de las obras y, en este caso, la instalación de 22 ascensores en otras tantas fincas de esta barriada gaditana.

El portavoz de la plataforma señala que los trabajos fueron adjudicados, en su totalidad, a la compañía Vía Augusta, cuando en los requisitos solicitados por la Consejería de Fomento se refleja la presentación «obligatoria» de tres presupuestos de diferentes empresas siendo las comunidades de propietarios las encargadas de elegir a la empresa que ellos consideren más adecuada para acometer las obras. Así la Junta tiene el deber de revisar estas ofertas, a fin de salvaguardar la calidad de la obra, la libre concurrencia y la mejor oferta para los propietarios. Este requisito no se llevó a cabo y los vecinos nunca han votado los presupuestos, motivo por el cual exigen información y transparencia sobre este proceso.

Pero esta ha sido sólo la primera piedra que los afectados se han encontrado en el camino. Su sorpresa fue mayor cuando descubrieron que, en muchos casos, las obras afectaban directamente a la superficie de la vivienda, teniendo que ceder algunos metros para la instalación del ascensor. Juan de Dios Delgado lamenta que «no se contempla de forma rigurosa la indemnización perteneciente a esta expropiación, ni los costes que supondrá el cambio de escrituras, ni mucho menos el cambio en el valor de las viviendas porque algunas se revalorizarán pero otras perderán su valor al tener menos luz y menos ventilación. Hay casas que se han quedado con un hueco de 50 centímetros para sacar los brazos para poder tender». De ahí que solicitaran un proyecto alternativo que ha sido rechazado por Urbanismo.

Desde el Ayuntamiento insisten en que el Gobierno municipal no tiene las competencias para adjudicar los proyectos sino que se limita a aprobar, o no, la licencia de obras. Por tal motivo el alcalde de la ciudad, José María González, se ha limitado a escuchar todas las versiones y espera que la Junta de Andalucía se reúna con los vecinos que mantengan sus reparos a este proceso.