TRIBUNALES

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para Miguel Osuna por el ‘caso Quality Food’

En su escrito de acusación también solicita otros 16 años y 7 meses para el empresario Manuel García Gallardo, y otros diez para el exdirector, José Manuel Fedriani

Fedriani, Osuna y García Gallardo, en varias de sus visitas a los juzgados por el ‘caso Quality’
Fedriani, Osuna y García Gallardo, en varias de sus visitas a los juzgados por el ‘caso Quality’

Paso a paso se sigue andando el camino de una complicada instrucción que ya ha cumplido 16 años. La Fiscalía ha remitido al juzgado su escrito de acusación por el ‘caso Quality Food’, el segundo gran agujero económico, tras el escándalo de Rilco, que se abrió en las cuentas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en la pasada década y que investiga la implicación en una estafa millonaria de hasta seis acusados entre los que se encuentran el empresario Manuel García Gallardo, el exdelegado Miguel Osuna y el exdirector del recinco fiscal, José Manuel Fedriani. Este último presentó su cese tras conocerse la acusación que hacía sobre él la Abogacía del Estado el pasado mes de marzo.

Pues bien, el Ministerio Público ha pedido ya la apertura de juicio oral solicitando para todos ellos penas que van desde los 16 años y siete meses de cárcel hasta los 10 por haber cometido presuntamente diferentes delitos tras la creación en el año 2000 de la empresa Quality Food. Se les acusa de maquillar las posibilidades de negocio de la firma de productos alimenticios para obtener sucesivas operaciones crediticias que generaron a la postre un grave perjuicio en el erario público.

La peor parte se la lleva el empresario Manuel García Gallardo quien, según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, desvió supuestamente gran cantidad de caudales públicos para sufragar sus aventuras empresariales y otros fines personales. Para él la Fiscalía pide 16 años y siete meses de cárcel por hasta siete delitos: estafa, falsedad en documento mercantil, fraude, administración desleal y apropiación indebida, malversación de caudales públicos y delito societario. En estos dos últimos los considera colaborador necesario. Cabe recordar que la Abogacía del Estado y el PSOE, las otras dos acusaciones personadas en este caso, piden una pena de 17 años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta como presunto autor de cuatro delitos: estafa, apropiación indebida, falsedad documental y malversación.

Se les acusa de maquillar las posibilidades de negocio de una empresa y causar un grave perjuicio al erario público

Por su parte, para el exdelegado de Zona Franca, Miguel Osuna, la acusación fiscal pide una pena de diez años de prisión, por un delito continuado de malversación de caudales públicos y por fraude. Además solicitan para él la inhabilitación absoluta de 26 años para empleo o cargo público.

Por otro lado, el que fuera jefe de su gabinete en Zona Franca y exdirector del recinto fiscal, José Manuel Fedriani, se enfrenta a los mismos años de prisión que Osuna al considerar la Fiscalía que cometió los mismos delitos.

Otra de las máximas implicadas en este asunto es la madre de García Gallardo. Para ella el Ministerio Público pide una suma de 14 años y 7 meses por casi los mismos delitos por los que se acusa a su hijo.

Los otros dos procesados son: el director de la oficina bancaria con la que se resolvían los asuntos financieros de Quality, Víctor Ocaña (al que solicita seis años de cárcel por estafa, falsedad en documento mercantil, y otro societario), y Rafael Borrego, presunto testaferro y al que el Ministerio Público le apunta dos años y ocho meses de prisión por falsedad en documento mercantil y societario.

Respecto a los cargos y funcionarios públicos la Fiscalía se aparta de lo que recoge el auto judicial, ya que no consideran que la finalidad de Osuna y Fedriani fuera su enriquecimiento personal, en lo que sí insistía el auto de la jueza.

El Ministerio Público no cree que Osuna y Fedriani actuaran con el fin de enriquecerse

Cabe destacar que aunque se haya presentado esta acusación tal y como se sigue en el procedimiento, se están tramitando varios recursos de apelación contra el auto dictado de procedimiento abreviado, que es el que da paso a la acusación. Así que si éste se revocara, total o parcialmente, la acusación quedaría sin efecto o habria que modificarla.

Tal y como ya concluyó la magistrada Rosa María García Jover que instruyó este engorroso caso en el Juzgado número 3 de Cádiz, Miguel Osuna, en connivencia con el entonces jefe de gabinete y hoy director del Consorcio, facilitaron a García Gallardo el desvío de capital de las arcas públicas a través de la empresa que este creó: Quality Food, tras la que se escondía, según la juez, un entramado societario que «a lo largo de un dilatado periodo de tiempo gozó de ayudas públicas y beneficios que eran desviados de forma sistemática hacia otros fines sin que los mecanismos de control existentes fueran conscientes de la ilegalidad». Igualmente, cabe señalar que Fedriani fue encausado tras declarar como testigo de Osuna, quien pasó de denunciante a imputado después de siete años de instrucción del caso.

«Evidente ánimo de lucro»

Aunque el escrito despoja del ánimo de enriquecimiento a los cargos públicos que supuestamente participaron de una u otra forma en este entramado, es decir a Osuna y Fedriani, sí apunta que la familia García Gallardo actuó en connivencia con el director de una entidad bancaria, «con evidente ánimo de lucro y de engaño» a Sogebac, la sociedad pública que se creó para que Zona Franca sirviera de apoyo y asesoramiento a proyectos empresariales y cuyo consejero delegado era Osuna. Así, con la supuesta colaboración necesaria del banquero, firmaron un certificado del abono de los dividendos que se le solicitaban por dicho convenio que, según la Fiscalía, nunca tuvieron «voluntad alguna de cumplir». Aún así, dicho gasto sí fue incluído «falsamente» en la contabilidad de la empresa.

Llama la atención el Ministerio Público en su escrito de acusación sobre otras supuestas irregularidades que se cometieron durante el largo periodo en el que Quality Food estuvo recibiendo ayudas. Según la Fiscalía, Osuna y Fedriani apoyaron la ampliación de capital de la sociedad de la familia García Gallardo y la solicitud de varios préstamos para que pudieran seguir optando a las citadas subvenciones. Una de estas operaciones que se relatan se remonta a junio de 2003 cuando a fin de recibir el visto bueno para la ampliación de capital social optaron por llevar al comité ejecutivo un informe de dos que había realizado una auditora externa que era más beneficioso para obtener el ‘sí’, dejando en un cajón el que tenía una valoración peor de la sociedad. En dichas reuniones se trataba si era procedente o no que el Consorcio fuera avalista de Quality.

Otra de las máximas supuestas implicadas es la madre de García Gallardo para la que pide 14 años

En diciembre del mismo año, el exdelegado convocó otro comité para obtener la mayoría de las acciones de la empresa «sin incorporación de información específica alguna para la tarde del día siguiente». El Abogado del Estado propuso, según la calificación fiscal, que no efectuara dicha operación y solicitó más tiempo para poder estudiar las propuestas para determinar la solución más adecuada. «Es evidente que Miguel Osuna apoyaba la coveniencia de lo que proponía mediante la ocultación de datos esenciales». Y lo hizo «de mutuo acuerdo» con Fedriani, sostiene el Ministerio fiscal.

Todos estos movimientos permitió que García Gallardo se «apoderara de diversas cantidades» que transpasó de Quality Food Industria Alimentaria S. A. a Garcia Gallardo Control y Gestión SL y a la Compañía Hortofrutícola Vega Apreciada S. L, «ello sin causa alguna y guiado por el ánimo de ilícito beneficio». Así, y dado que era el administrador único traspasó desde abril de 2003 hasta diciembre del mismo año, más de 240.000 euros.

Por los hechos explicados, la Fiscalía solicita para el supuesto máximo implicado la pena más alta: 16 años y siete meses de prisión. 14 para su madre (también en la sociedad), y siete años para los dos cargos públicos con responsabilidades en aquellos momentos en la gestión en el Consorcio.

Además, en concepto de responsabilidad civil por lo ocurrido, la Fiscalía solicita a todos los acusados que indemnicen a la Zona Franca con más de siete millones de euros.

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