Fedriani, Osuna y García Gallardo, en varias de sus visitas a los juzgados por el ‘caso Quality’
Fedriani, Osuna y García Gallardo, en varias de sus visitas a los juzgados por el ‘caso Quality’
TRIBUNALES

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para Miguel Osuna por el ‘caso Quality Food’

En su escrito de acusación también solicita otros 16 años y 7 meses para el empresario Manuel García Gallardo, y otros diez para el exdirector, José Manuel Fedriani

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Paso a paso se sigue andando el camino de una complicada instrucción que ya ha cumplido 16 años. La Fiscalía ha remitido al juzgado su escrito de acusación por el ‘caso Quality Food’, el segundo gran agujero económico, tras el escándalo de Rilco, que se abrió en las cuentas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en la pasada década y que investiga la implicación en una estafa millonaria de hasta seis acusados entre los que se encuentran el empresario Manuel García Gallardo, el exdelegado Miguel Osuna y el exdirector del recinco fiscal, José Manuel Fedriani. Este último presentó su cese tras conocerse la acusación que hacía sobre él la Abogacía del Estado el pasado mes de marzo.

Pues bien, el Ministerio Público ha pedido ya la apertura de juicio oral solicitando para todos ellos penas que van desde los 16 años y siete meses de cárcel hasta los 10 por haber cometido presuntamente diferentes delitos tras la creación en el año 2000 de la empresa Quality Food. Se les acusa de maquillar las posibilidades de negocio de la firma de productos alimenticios para obtener sucesivas operaciones crediticias que generaron a la postre un grave perjuicio en el erario público.

La peor parte se la lleva el empresario Manuel García Gallardo quien, según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, desvió supuestamente gran cantidad de caudales públicos para sufragar sus aventuras empresariales y otros fines personales. Para él la Fiscalía pide 16 años y siete meses de cárcel por hasta siete delitos: estafa, falsedad en documento mercantil, fraude, administración desleal y apropiación indebida, malversación de caudales públicos y delito societario. En estos dos últimos los considera colaborador necesario. Cabe recordar que la Abogacía del Estado y el PSOE, las otras dos acusaciones personadas en este caso, piden una pena de 17 años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta como presunto autor de cuatro delitos: estafa, apropiación indebida, falsedad documental y malversación.