La Fiscalía archiva las diligencias sobre el caso del corte de agua en Loreto

La Fiscalía provincial ha ordenado el archivo de las diligencias sobre el caso de Loreto, referido a la denuncia presentada ante el Ministerio Público por los actuales gestores de Aguas de Cádiz, es decir, dependiente del Ayuntamiento.

Los hechos se remontan al mes de octubre de 2014 cuando el barrio de Loreto se quedó sin agua durante 13 días después de que se detectara una bacteria en su suministro. Los responsables actuales de la empresa municipal detectaron supuestas irregularidades y elaboraron un amplio informe que llevó el propio concejal de Medio Ambiente y presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza ante la Fiscalía por si el anterior equipo de Gobierno, encabezado por la exalcaldesa Teófila Martínez, había cometido alguna negligencia durante la gestión de este incidente.

La Fiscalía, tras analizar toda la documentación entregada, ha decidido archivar el caso al no hallar indicios de responsabilidad penal en el asunto. Según explica en el decreto al que ha tenido acceso LA VOZ, por varios motivos.

Uno de los principales argumentos que se extraen de las conclusiones de dicho decreto es que «en ningún caso» puede hablarse de «mala praxis» de los gestores en el incidente de contaminación sufrido en Loreto ni de «ocultación intencionada» por parte de éstos de los datos arrojados por las analíticas.

Asimismo, la fiscal califica la gestión del incidente de «correcta y adecuada» por parte de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz de la Consejería de Salud, «que trabajó estrechamente con los responsables de Aguas de Cádiz». Es más, en el propio informe de valoración que inicia estas diligencias se señala que «no se pone en cuestión la entrega y profesionalidad que el personal demostró durante el incidente».

Según deja claro uno de los objetivos del informe es estudiar y esclarecer la gestión que desde Aguas de Cádiz se hizo del incidente, por lo que quiere dejar constancia de que con independencia de las conclusiones que al respecto se establecen, «no se pone en cuestión cómo actuó el personal de esta empresa en el momento de los hechos».

El decreto afirma también que «gran parte de la información que se ha empleado en el presente trabajo proviene de entrevistas personales, por lo que el resultado de éste puede estar condicionado por la propia subjetividad de este método y por el tiempo transcurrido, más de 16 meses, desde el incidente».

Por otro lado, destaca que la autoridad sanitaria indicó que «el impacto epidemiológico del incidente fue nulo, no produciéndose ninguna alerta sanitaria procedente de la zona».

Aunque se han detectado datos que podrían constituir posibles inconsistencias en algunas analíticas entregadas por el laboratorio, la comisión que ha analizado el informe cree que éstas no restan validez al análisis realizado pudiendo incluso interpretarse estas posibles inconsistencias como una muestra de la anormalidad del fenómeno estudiado, así como una validación adicional de la hipótesis considerada. «El estudio de estas posibles inconsistencias quedan fuera del alcance del presente trabajo», matiza el decreto que ha terminado por dar carpetazo a este caso.