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Un acuerdo entre Diputación y la empresa acerca el uso del Valcárcel

Zaragoza Urbana, propietaria del edificio se compromete con la administración a desbloquear el contencioso después de una década

Un acuerdo entre Diputación y la empresa acerca el uso del Valcárcel

Más de una década después, la operación urbanística en el edificio Valcárcel vuelve a plantearse como una opción con muchas posibilidades de hacerse realidad. Ya las tenía cuando la Diputación de Cádiz firmó en 2003 el contrato con la empresa Zaragoza Urbana, que se hacía con los terrenos para convertir esta joya arquitectónica del siglo XVII y que está catalogado como Bien de Interés Cultural, en un hotel de lujo. Sin embargo, poco se ha movido sobre el terreno desde entonces, ya que los problemas administrativos y económicos que encontró la firma durante la tramitación de la nueva construcción, le hicieron dar marcha atrás e iniciar un contencioso con la administración provincial que ha llegado hasta la actualidad.

No obstante, hoy comienza a construirse un nuevo proyecto, ya que la empresa ha alcanzado un acuerdo con la Diputación de Cádiz para desbloquear el conflicto. En principio, y a falta de que el Pleno del ente provincial apruebe el documento, la empresa ha aceptado definitivamente renunciar al edificio Valcárcel, que volverá a pasar a titularidad de la Diputación Provincial. Por lo tanto, se hace realidad una de las grandes demandas de la Universidad de Cádiz, que pedía el edificio para ubicar la Facultad de Ciencias de la Educación, que actualmente forma parte del Campus de Puerto Real.

A cambio, Zaragoza Urbana se quedará con la parcela que actualmente ocupa el aparcamiento en superficie y construirá allí una zona comercial de tres plantas bajo un equipamiento hotelero de cuatro estrellas, con 126 habitaciones, así como un aparcamiento subterráneo con capacidad para 460 coches.

Para poder llevar a cabo esta operación, el Pleno de la Diputación tendrá que aprobar primero este acuerdo y después comenzará la negociación con las diferentes administraciones. En primer lugar, el Ayuntamiento de Cádiz tendría que realizar varias modificaciones al PGOU, mientras que la Junta de Andalucía debe garantizar los fondos para las instalaciones universitarias. Un largo procedimiento hasta que volvamos a ver actividad en un edificio que día tras día se encuentra más deteriorado.

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