Imagen del servicio municipal de Tesorería del Ayuntamiento de Cádiz
Imagen del servicio municipal de Tesorería del Ayuntamiento de Cádiz - Antonio Vázquez
Cádiz

El pago de nóminas y proveedores pone al límite los recursos del Ayuntamiento

La ausencia a estas alturas de un presupuesto real, que planifique ingresos y gastos, deja muy cuesta arriba la posibilidad de liquidez para afrontar los pagos más inmediatos

JAVIER RODRÍGUEZ
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No hay dinero para pagar nóminas ni proveedores. El Ayuntamiento de Cádiz afronta los tres últimos meses del año con las arcas vacías y sin una planificación real sobre ingresos y gastos para el próximo año. La Corporación sobrevive desde principios de 2015 con el presupuesto prorrogado del año anterior, pero esta situación no se puede estirar por más tiempo.

Se necesita liquidez con urgencia para afrontar pagos y, por ahora, ningún banco ha dado el paso al frente para prestar dinero a los nuevos gestores municipales. De hecho, el alcalde, José María González, y su concejal de Hacienda y Personal, David Navarro, han girado una ronda de contactos con varias entidades financieras para reunir en breve 43 millones de euros.

Podemos confía los pagos más urgentes en la recaudación del IBI

Sin embargo, la ausencia de un presupuesto dificulta una operación de crédito a corto plazo. Ningún banco quiere asumir el riesgo de prestar dinero sin tener delante un documento que avale o garantice su devolución. Ademas, este gobierno se ha preocupado en sus primeros cien días de mandato de exportar una imagen de quiebra de la casa consistorial que, desde luego, no ha favorecido en nada sus planes de futuro.

¿Por qué se ha llegado a esta situación de asfixia inminente? No todo es fruto de los 275 millones de euros de deuda a largo plazo que soporta el Ayuntamiento. De hecho, el anterior equipo de gobierno refinanció el pago de este débito para poder gestionar de una forma más desahogada. Sin embargo, las elecciones cambiaron el tablero político y no hubo opción de maniobra.

Los nuevos responsables municipales de Podemos han preferido continuar por otro camino y seguir con el presupuesto prorrogado de 2014. Los ediles de Podemos y de Ganar Cádiz en Común aguardan el resultado de la auditoría contable que han encargado para saber de primera mano el estado real de las cuentas locales. Esta situación ha dejado en vía muerta la posibilidad de cualquier gestión económica, ya que el interventor municipal no puede excederse un ápice de lo que ya esta contemplado en el presupuesto de 2014.

¿Qué quiere decir eso? Simplemente que el capítulo de gastos no se puede ampliar hasta que no se apruebe un nuevo presupuesto y, además, se debe trabajar hasta su aprobación con una previsión de ingresos que puede estar obsoleta.

Nervios y luces rojas

El gobierno del PP llegó a las elecciones municipales de mayo sin aprobar las cuentas, pero los nuevos gestores de Podemos ha forzado la máquina al no redactar un nuevo documento contable que permita un mínimo margen de operatividad.

El Consistorio gaditano tiene que afrontar una serie de gastos en los próximos tres meses que se antojan especialmente complicados si antes no llegan aportaciones de capital. La luz roja ya la han encendido los proveedores, que se quejan de los impagos por la prestación de obras y servicios. La deuda asciende a 70 millones de euros y se teme que las contratas de jardines, alumbrado público y limpieza de playa, entre otras, comiencen a reivindicar en breve el pago de los atrasos.

Los bancos recelan por la imagen de quiebra que se ha exportado

El Consistorio, pese a todo, guarda una carta en la bocamanga.Se trata de la posibilidad de reclamar al Ministerio de Hacienda un adelanto de la cuota que le corresponde a Cádiz por la recaudación nacional de los impuestos especiales que controla Estado como son el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos. Se trata de una medida que permite cuatro millones de euros mensuales.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El Ayuntamiento tendrá que decidir entre pagar a proveedores o, por el contrario, abonar las nóminas tanto de sus funcionarios como del personal de las empresas públicas.

Ante esta tesitura, el equipo de gobierno ha confiado sus pagos más urgentes a la recaudación del segundo tramo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),que se pone al cobro ahora en octubre. El padrón de la contribución urbana supone unos ingresos de 18 millones de euros, pero los gestores de la hacienda local saben de antemano que solo se cobra un 80%. Por tanto, no salen las cuentas para pagar a unos y a otros.

La plantilla municipal suma 1.050 funcionarios, además de los 400 que se encuentran adscritos en las empresas públicas. El capítulo local de gastos recoge una media de tres millones de euros mensuales en el abono de nóminas, con el agravante de que esta cifra casi se duplica en diciembre con la paga extra de Navidad.

El Ayuntamiento debe contar en los próximos meses con una provisión de fondos de 13,5 millones de euros para cumplir con el sueldo de sus funcionarios y, además, con otra reserva para pagar los seguros sociales de su personal y los servicios de sus proveedores. El IBI no da para todo.

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