Reubicados sin ubicación

A punto de que se cumplan tres años del despido injustificado –así lo indica un rosario de sentencias– de los agentes de empleo (alpes) de la Junta el conflicto sigue abierto. El colectivo, que en Cádiz lo forman 80 personas, ha llevado el caso hasta las últimas consecuencias. Literalmente. El último paso ha sido activar la vía ejecutiva por la que se ha dado de alta a un total de 45 afectados en la provincia. Pero a día de hoy ninguno de ellos tienen un puesto de trabajo ni una función asignada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Así lo denuncian portavoces de este grupo que acusan al Ejecutivo andaluz de incumplir la sentencia de forma reiterada.

«Nos dicen que la Junta no tiene aún claras las funciones que nos pueden encomendar, pero hay que recordarles que al colectivo no hay que buscárselas, porque la Ley de Reordenación

es bien clara al señalar que pasan al SAE tanto los trabajadores como sus funciones y si éstas las hacen ahora otras fundaciones o agencias deben saber que están cometiendo una irregularidad», señalan.

Solo en Cádiz hay 40 alpes que han sido dados de alta desde finales de julio y otros cinco a los que se les dio el alta de oficio por imposición judicial hace tres meses, pero los portavoces del colectivo insisten en que «ni los han reincorporado, ni han percibido los salarios de tramitación en el juzgado». Tampoco los seis meses por adelantado en caso de no reincorporar, como dice la orden judicial. El conflicto, que parece tan enquistado como el de la Escuela de Hostelería de Cádiz, sigue sin tener una solución clara y deriva en otros problemas. Los portavoces consultados ponen como ejemplo el hecho de que el sistema público esté citando a los trabajadores para pedirles que devuelvan las prestaciones cobradas o dejen de cobrar las que tengan activas antes incluso de haber sido dados de alta en el SAE. De la misma forma, denuncian que «a pesar de las sentencias firmes del Supremo, se siguen recurriendo las que emiten los juzgados de lo Social, alargando así la agonía».

Pero el Servicio Andaluz de Empleo niega que se estén actuando en contra de las órdenes judiciales. Lo hace a través de fuentes de su dirección provincial de Cádiz que aseguran que «se ha cumplido la sentencia judicial». Aclaran que «actualmente, se está a la espera de que se den instrucciones al respecto desde servicios centrales de la Administración», sin aclarar si realmente se ha asignado o no función alguna a estos trabajadores públicos.

De la misma forma avanzan que «en estos días se están celebrando reuniones sobre el tema» y para definir el tipo de trabajo que desempeñarán, resaltan que «ya están diseñadas unas jornadas de inducción e información para la incorporación de este personal», pero por el momento no se han mandado citaciones para acudir a estas jornadas.