Casi la mitad de los parados de Cádiz son de larga duración y no perciben ayudas

Una pequeña ayuda que supone mucho para quienes no tienen nada. El pacto social que firmó el pasado lunes el Gobierno de la Nación con los agentes sociales resucita la prestación de 426 euros para los parados de larga duración con cargas familiares. Esta asignación viene como agua de mayo para una provincia, como la gaditana, que arrastra un 41% de desempleo y casi la mitad de sus parados lleva más de doce meses buscando trabajo sin éxito.

El Gobierno calcula que entre 400.000 y 450.000 parados podrán beneficiarse de esta prestación, que entrará en vigor el próximo 15 de enero y durará hasta el 16 de abril de 2016. El Gobierno invertirá en esta medida entre 1.000 y 1.200 millones de euros.

Sus beneficiarios deben ser mayores de 44 años, con más de doce meses en paro y llevar seis meses sin cobrar ninguna prestación, amén de contar con cargas familiares y no tener ingreso alguno.

La provincia de Cádiz suma en estos momentos 193.127 parados inscritos en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de los que casi la mitad, el 44,8%, es decir, 86.587 personas, lleva más de doce meses en paro, y el 54,1%, 104.544 personas, han agotado sus prestaciones básicas.

Para los sindicatos, la nueva ayuda supone el primer pacto con un gobierno alcanzado durante la crisis y que no es del todo malo. Al contrario. Puede tener matices, pero todos coinciden en alabar la medida.

El secretario de Acción Sindical de Empleo de CC OO en Cádiz, Francisco Lucas, reconoció ayer a LAVOZ, que el pacto social alcanzado va más allá de la ayuda de 426 euros para los parados de larga duración, ya que implica también «medidas puntuales para la reinserción laboral de un colectivo que parece demonizado». No hay que olvidar que el empresario que contrate a parados con estas características recibirá del Gobierno la citada ayuda como complemento del sueldo, es decir, si el salario del nuevo trabajador es de 800 euros, el Gobierno pondrá los 426 euros y el resto correrá por cuenta de la empresa. Con ello se trata de incentivar la contratación de parados de larga duración y con más de 44 años.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el número de parados que reúne en Cádiz dos de los requisitos básicos para ser perceptores de la ayuda asciende a 49.443 personas. Este contingente lleva más de doce meses sin trabajo y son mayores de 44 años. Toca ahora saber, en función de las solicitudes que lleguen a al SAE, cuántos de ellos tienen cargas familiares, llevan seis meses sin prestación alguna y carecen de ingresos. La cifra que se maneja en algunos foros oscila entre los 35.000 y los 40.000. La provincia sería una de las más beneficiadas de las ayudas, debido a la situación crítica que atraviesa su mercado laboral desde los últimos cinco años. En estos momentos y según la estadística del SEPE, 89.400 hogares de la provincia tienen a todos sus miembros en paro.

Los datos más preocupantes

Una de las mejores radiografías sociolaborales de la provincia de Cádiz la ofrecen las organizaciones sociales. Los últimos datos aportados por los servicios sociales reconoce que en Cádiz se atienden al mes a 40.903 familias, lo que supone que una media de 163.000 personas reciben ayuda social, lo que equivale al 16% de la población.

Estos son los datos que más preocupan. El Gobierno y el PP admiten que su flanco político más débil está en el desgaste que han sufrido por los recortes sociales. La imagen que puede exportar el PP como un partido antisocial preocupa mucho a los estrategas del Gobierno.

Los datos de pobreza y desigualdad hacen mucho daño y cada vez que aparece un nuevo informe de Cáritas o Cruz Roja el Gobierno se inquieta.

Para el secretario general de UGT en Cádiz, Francisco Andreu, la ayuda será muy importante en la provincia ya que más de la mitad de los parados son de larga duración. Andreu, no obstante, aclaró que el Gobierno rescata una antigua medida que se abolió en 2011 y la pone en marcha a partir del próximo enero. El tiempo de ayuda es de seis meses, algo que, a juicio de los sindicatos, es un tiempo muy corto. En opinión de Andreu, «la medida, aunque positiva, tiene un tinte electoralista, debido a que llega en víspera de unas elecciones municipales y se mantendrá hasta pasadas las elecciones generales».

Quienes accedan al programa deberán adquirir un compromiso de actividad y tendrán que acreditar la búsqueda activa de trabajo. Además, los parados contarán con un orientador-tutor que les facilite las ofertas de empleo.

Con la nueva ayuda y según fuentes sindicales la cobertura por desempleo podría subir entre siete y ocho puntos, es decir, del 57,1% actual al 65 %. En los siete años largos de crisis se han disparado los parados de larga duración (3,35 millones) y las familias en las que nadie percibe ingresos (728.000).

CC OO y UGT lo han denunciado reiteradamente. Las centrales sindicales reconocen que este primer acuerdo cumple los objetivos que venían reclamando desde el comienzo de la crisis para que se protegiera a las personas más desfavorecidas. Según los sindicatos, «es un acuerdo que va a beneficiar a quienes están en peor situación».

El Programa Extraordinario de Activación para el Empleo ha llevado meses de negociación hasta que prácticamente se zanjó el pasado 29 de julio. Todos han cedido, pero el que más, el Gobierno de la Nación, que comenzó las negociaciones ofreciendo una ayuda para apenas 40.000 desempleados y ha acabado multiplicando por 10 los beneficiarios potenciales.

El Ejecutivo pretendía que solo se beneficiaran los parados que no tienen ingresos y llevaran más de un año sin ayudas. Los sindicatos querían reducir este último plazo. También hubo discrepancias sobre la duración del programa que, desde el Ministerio de Empleo, se pretendía que tuviera un año de vigencia, es decir, hasta las próximas elecciones generales, algo que no gustó a la parte sindical.

Otro punto en el que no hubo acuerdo inicialmente fue en la cantidad a percibir por el desempleado. Finalmente se llegó al consenso. No obstante, UGT de Cádiz insiste en la necesidad de implantar una renta básica y para ello, desde Andalucía, se moverá una iniciativa legislativa con recogida de firmas incluida.