Urbanismo
Viviendas ilegales en Cádiz, el caos que no cesa sino que se transforma
Casas prefabricadas en la costa, venta con información sesgada por internet o la parcelación por sociedades, los nuevos y principales métodos para intentar burlar la ley
La Fiscalía alerta de que aumentan estas construcciones y señala ahora a Arcos, Vejer y Barbate como 'puntos negros'. Además llama la atención a los ayuntamientos por no colaborar en las demoliciones
La proliferación de viviendas ilegales en la provincia de Cádiz no ha cesado sino que se transforma. La regularización o los visos de regularización que existe sobre muchos de estos núcleos de diseminados y que se han ido incluyendo en sus planes urbanos - prometido, incluso, electoralmente por los políticos- ha terminado en muchos de estos casos por 'normalizar' lo ilícito y generar así un buen efecto llamada.
Sin embargo, el levantamiento de estas construcciones ha supuesto uno de los peores enemigos y hándicaps para una ordenación lógica de localidades que iban viendo cómo sus desarrollos no podían responder a servicios e infraestructuras adecuadas, a viales con sentido, a recogida de basuras, a suministro de agua, a seguridad, a centros de salud cercanos, a colegios... etc... a una vida de una ciudad racional. Y eso por aquellos que han querido vivir, tener una segunda residencia 'en el campo' o construir de forma más barata en lugares donde, sencillamente, no se podía. En sitios con especial protección ambiental, o fuera de planeamiento o en zonas inundables, cuya razón de prohibición, por cierto, encuentra su lógica respuesta cada vez que llueve con algo más de intensidad.
En la provincia de Cádiz ocurre desde hace décadas pero fue durante los 90 y 2000 cuando esta problemática se agudizó hasta el extremo en algunos municipios que encontraron cobijo y 'cobertura' en los terrenos rústicos. Ocurrió por ejemplo en El Puerto o en Chiclana, las dos localidades donde más se extendió este tipo de construcciones, pero también por la Janda, la Sierra o las pedanías de la campiña jerezana. Sólo en Chiclana se han llegado a contabilizar más de estas 16.000 viviendas ilegales, áreas que se han convertido en amplias zonas residenciales. En el municipio portuense también se cuentan por miles.
Y aunque durante este tiempo se han levantado sanciones, se han llevado casos al juzgado y alguna -muy pocas- se han derribado, la problemática continúa. Así lo manifiesta de forma tajante la Fiscalía de Medio Ambiente en su última memoria. «Existe un aumento de diligencias, procedimientos y calificaciones en esta materia», afirma.
Tal y como explica estos diseminados, que sufrieron un repunte durante la pandemia, han seguido incrementándose. «Se han interpuesto un importante número de denuncias ante los juzgados de Barbate al aumentar la realización de construcciones en las localidades de Arcos de la Frontera, Barbate y Vejer». Según añade, estas viviendas están realizadas en poco tiempo por los compradores de diversos lotes de una misma parcela, siendo un procedimiento muy rápido que se ha visto facilitado también por la venta a través de internet y por la rápida instalación de casas prefabricadas (como ocurre por ejemplo en El Palmar), lo que impide adoptar medidas cautelares», advierte la fiscal delegada.
Además, y como amplía, se da otra circunstancia que no es la que antes muchos de estos 'promotores' ilegales alegaban diciendo que se trataban de primeras residencias y que cometían esta práctica ilícita por «necesidad» ante la imposibilidad de poder adquirir otras casas de mayor precio o de afrontar las elevadas hipotecas. Y es que la Fiscalía ha detectado que en muchas de los casos estas viviendas ilegales se publicitan y se ofrecen como conjuntos de viviendas turísticas. Es decir, que sus propietarios les llegan a sacar una buena rentabilidad y no son en absoluto primeras residencias.
De ahí que juzgados como los de Arcos y Barbate se hayan visto poco a poco «colapsados por el incremento de diligencias previas relativas a las construcciones ilegales». Y como consecuencia de esta acumulación, la instrucción se prolonga en el tiempo sin que se lleguen a practicar las diligencias que el Ministerio Fiscal ha dejado solicitadas en su denuncia. Esto, como explica, supone un importante riesgo de que finalmente las actuaciones lleguen a prescribir. Precisamente, en la Fiscalía de Jerez se están realizando reuniones entre los fiscales de la especialidad y los letrados para intentar simplificar la investigación y ofrecer la posibilidad de activar el protocolo de conformidad vigente previa a una demolición.
El difícil derribo
Porque la demolición, además del pago de cuantiosas multas, es el revés judicial al que se enfrentan quienes no respetan la ley en estos casos. Sin embargo son muy pocas las que se llevan finalmente a efectuar. En 2021 sólo se realizaron once. Y en 2022 fueron seis. Cinco de ellas fueron ejecutadas de manera voluntaria por los condenados que veían de esta forma la mejor de las salidas ante la sanción impuesta.
Como destaca la Fiscalía son muchos los problemas que existen para derribar lo ilegal. Uno de ellos podría ser la nueva premisa con la que cuentan estas casas. La figura 'Asimiladas a Fuera de Ordenación' (AFO), que es como un nuevo procedimiento para edificaciones que no se acogen al planeamiento municipal vigente y con el que pueden obtener los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado. Pero esto no las regulariza. Por ello la Audiencia Provincial de Cádiz no tiene en cuenta esta declaración para dictar sus sentencias.
Pero aún así, el problema radica en que los juzgados donde se tramitan las correspondientes ejecutorias pese a que se condiciona la suspensión de las penas a la correspondiente demolición, en el momento de revocar dicha suspensión, no se hace efectiva. Y así, las demoliciones no se realizan de forma voluntaria por parte del incumplidor. Por tanto se tiene que llegar a la vía subsidiaria que es la que tienen que asumir los ayuntamientos.
A este respecto, la Fiscalía vuelve a llamar la atención sobre los obstáculos que ponen los Ayuntamiento para realizar los derribos. Por un lado argumentan que carecen de medios económicos o que ninguna empresa se presenta a las licitaciones que sacan para tal fin. En este sentido por ejemplo el Ayuntamiento de Conil está presentando informes sobre su incapacidad económica para justificar esta inacción. Además también se alegan problemas «éticos».
Pero además a todo esto se une que en muchas de estas ocasiones los que tienen en propiedad la vivienda son ya terceros que se oponen de manera reiterada presentando alegaciones y escritos para impedir el derribo de la que ya es su casa.
Frente a ello y para que las excusas sean más complicadas, la nueva Ley de Suelo (ley Lista), aprobada por la Junta recientemente, otorga a los municipios nuevas formas para poder frenar la construcción de estas casas nada más detectarlas. Son como medidas cautelares que pasan desde precintar la parcela hasta permitirles cortar la luz el agua o denegarles que puedan inscribirse en el registro y así no puedan venderlas. Este endurecimiento de la norma ha provocado que sí exista un cierto parón. Según datos de la Consejería, durante el primer año de vigencia de esta nueva ley se paralizaron 462 construcciones en suelo rústico en toda Andalucía.
