«No estamos en el siglo XVI cuando los nobles pisoteaban los derechos de las personas»

La marquesa de Santaella, María Dolores Patiño, ha interpuesto una querella contra el alcalde de Utrera, José María Villalobos (PSOE), donde pide 15 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el regidor utrerano y donde lo acusa de prevaricación por omisión. Todo ello a cuenta de un conflicto por la titularidad de unos terrenos, en un asunto que viene de lejos. La respuesta del alcalde de Utrera ha sido tan contundente como surrealista, asegurando que «siempre defenderé los intereses de los ciudadanos de Utrera. No estamos en el siglo XVI cuando los nobles pisoteaban los derechos de las personas».

Este es por tanto la forma en la que el alcalde de Utrera ha encarado dicho asunto, apelando a lo que él cree que es una actitud de la marquesa propia de otros tiempos, cuando en relación a este asunto los juzgados hablaron muy claro en su día, dejando encima de la mesa una serie de actuaciones que tenía que llevar a cabo el Ayuntamiento que parece que a día de hoy no se han cumplido.

En todo caso, Villalobos asegura sentirse «tranquilo» y estar en estos momentos centrado en los asuntos que «de verdad preocupan a los utreranos».

La marquesa exige el cumplimiento del convenio que se cerró en el año 2013, a través del cual el Ayuntamiento compraba la famosa parcela fuente de todo el conflicto ubicada en la barriada de San Joaquín a cambio de una compensación económica de 50.000 euros y seis parcelas situadas en la trasera de las instalaciones del colegio de Los Salesianos. Según ha explicado el portavoz del gobierno municipal, Francisco Campanario (PSOE), «el Ayuntamiento de Utrera va a cumplir con lo pactado siempre, pero sin presiones. Se trata de una práctica habitual de esta familia y que ya utilizó contra el anterior alcalde Francisco Jiménez. Se va a seguir trabajando en el desarrollo del sector afectado, el SUP-2, ya que somos los primeros interesados como ya lo hemos declarado en numerosas ocasiones».

Campanario insiste en este sentido, explicando que «no vamos a ceder ante las presiones de ningún tipo. El convenio está firmado y si ahora se han arrepentido, acudir a la mediatización y a los juzgados no es la mejor opción, aunque están en todo su derecho».