La revisión del catastro ha permitido actualizar 195.000 inmuebles en la provincia de Sevilla
La revisión del catastro ha permitido actualizar 195.000 inmuebles en la provincia de Sevilla - Nieves Sanz
IMPUESTOS

Las actualizaciones del catastro suman 124 millones de euros en la provincia desde el año 2002

La Diputación renueva su acuerdo con el Catastro para lograr que los propietarios de los inmuebles paguen en el recibo del IBI el incremento patrimonial tras una ampliación

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Cuando una familia se empadrona en uno de los 105 municipios de la provincia (incluida la capital), está «obligada» a cumplir una serie de requisitos, como es —en el caso que nos ocupa— el abono de los impuestos municipales tales como el IBI o el de circulación. De 103 pueblos de la provincia se encarga de ello un organismo dependiente de la Diputación de Sevilla, el Opaef (Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal). Quedan excluidos la capital y Mairena del Aljarafe, que cuentan con el suyo propio.

De estos dos impuestos, nos referimos al del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Y más concretamente a la actualización del catastro. Es habitual que una persona haga modificaciones en su vivienda, como por ejemplo, para ganar más metros cuadrados, y no comunicar al Catastro dicha ampliación. De que lo haga por el valor real del inmueble tras ser ampliada se encarga la Dirección General del Catastro en colaboración con el Opaef.

En este caso, se trata de alteraciones de orden físico o económico. Pues bien, desde 2002 a 2018 se ha logrado actualizar estas ampliaciones de viviendas de una manera sustancial. En concreto, estamos hablando de cerca de doscientos mil inmuebles actualizados.

Cuando se detecta que un inmueble ha sufrido una alteración, el Opaef se encarga de avisar al propietario del incremento patrimonial que ha sufrido, y entonces su recibo de IBI vendrá incrementado en el ejercicio siguiente, y en la mayoría de los casos, con carácter retroactivo (en los últimos cuatro años, antes de que prescriba).

Al año siguiente de ser actualizado, el dueño de la vivienda recibe una notificación del aumento del IBI y en los siguientes años, además del recibo anual, le seguirán enviando tantas notificaciones como años detectados de manera irregular.

En este caso, se está hablando de notificaciones. Por ejemplo, un propietario puede recibir cuatro notificaciones por inmueble reformado. Pues, desde 2002 a 2017, el Opaef ha enviado un total de 613.00 notificaciones, por un valor de 123,77 millones de euros.

Hay que recordar que el Opaef, como señala su gerente, Juan Francisco González, tiene como principal cometido «la gestión, recaudación e inspección de los recursos tributarios y demás ingresos de derecho público de los ayuntamientos que lo delegan».

Entre esos recursos destaca el IBI como figura impositiva más importante dentro del esquema tributario local y la que mayores ingresos económicos proporciona y que son necesarios para que los propios ayuntamientos puedan llevar a cabo una prestación de servicio a sus ciudadanos.

Uno de cada cinco inmuebles de la provincia han regularizado la situación catastral desde 2002 a 2018

Con el objeto de prestar un mejor servicio a los ayuntamientos delegantes (103 en Sevilla), «el Opaef establece una serie de alianzas con otras administraciones, como el Instituto Nacional de Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General de Tráfico, otras diputaciones, la propia Junta de Andalucía y colegios oficiales», según González.

Por último, el Opaef tiene establecido, desde 1992 un convenio con la Dirección General del Catastro, correspondiente al Ministerio de Hacienda. Desde esa fecha se han renovado cuatro veces, la última, esta pasada semana (1992, 2000, 2014 y 2018) cuando el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos y Fernando de Aragón (director general del Catastro) rubricaban el nuevo convenio.

Datos estadísticos

En la provincia de Sevilla (menos la capital y Mairena del Aljarafe) el censo de inmuebles es de 937.000, de los cuales 747.000 son de carácter urbano y 190.000 son rústicos. Desde 2002 (fecha desde la que se tienen datos informatizados), hasta mayo de 2018, se han llevado a cabo 256.000 cambios de titularidad (lo que se llaman técnicamente alteración de orden jurídico), lo que significa que 1 de cada 4 inmuebles han cambiado de titularidad en los últimos 17 años (27%).

En cuanto a la alteración de orden físico o económico, cuando se incrementa el valor patrimonial tras una reforma de ampliación, por ejemplo, en este mismo periodo se han actualizado 196.000 inmuebles. Por lo tanto, en los últimos 17 años se ha regularizado la situación catastral del 20% de los inmuebles de la provincia, una de cada cinco.

En total, si se suman las alteraciones de orden jurídico y las físicas, se concluyen que en la provincia se han alterados 451.000 inmuebles, lo que supone el 48% del total, o lo que es lo mismo uno de cada dos.

El presidente de la Diputación junto con el director general del Catastro, durante la firma del acuerdo
El presidente de la Diputación junto con el director general del Catastro, durante la firma del acuerdo - ABC

Fruto de esas actualizaciones o regularizaciones se han producido 614.000 liquidaciones catastrales —durante estos últimos 17 años— por valor de 124 millones de euros (en concreto, 123,77), más el efecto padrón, «difícil de calcular», que han ido a parar a las arcas municipales como ingresos adicionales por IBI. Es decir, una media de 7,2 millones de euros al año, 36.000 liquidaciones anuales.

Estos 124 millones son «muy importantes para cada municipio porque supone tener más dinero para invertir en ellos. Si no lográsemos actualizar el catastro, los consistorios dejarían de ingresar más dinero», recuerda el gerente del Opaef

Hay que destacar que en el periodo de mayor actividad en lo que a inmuebles actualizados se refiere es el comprendido entre los años 2006 (efecto boom del ladrillo) y 2013.

Durante la firma del convenio, Villalobos resaltó como idea principal el hecho de que «actualizar los padrones del IBI permite a los ayuntamientos, gracias a los recursos financieros que se obtienen, garantizar la correcta y efectiva prestación de servicios públicos de calidad a los vecinos de todo el territorio. Este acuerdo es una herramienta se suma importancia porque estamos hablando del principal tributo local que recaudan nuestros ayuntamientos».