San Fernando: Un depósito municipal que huele mal

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente expedía un acuerdo de inicio de procedimiento sancionador al Ayuntamiento isleño ordenando a retirada de dichos vehículos «lo antes posible« y teniendo también que desinfectar la zona y los aledaños, debiendo enviar pruebas gráficas de haber cumplimentado estas medidas.

Cuestionada por el requerimiento de la Junta de Andalucía, la alcaldesa Patricia Cavada declaraba que «no hace falta que nos los diga la Delegación Territorial de Medio Ambiente», insistiendo en el que el Ayuntamiento trabaja en la licitación de un contrato para el traslado de los vehículos y la limpieza del depósito municipal.

Destacaba Cavada que «hace ya tiempo que los responsables del depósito municipal están trabajando porque es necesario un proceso de licitación», y se defendía explicado que todos este proceso requiere de un tiempo administrativo para elaborar los pliegos.

Estas acciones permitirán «satisfacer el interés del Ayuntamiento, el primer interesado en descargar el depósito de vehículos, y por tanto satisfacer el interés de la Administración autonómica, que nos viene a decir algo que ya estamos haciendo, que es licitar un contrato para poder llevar los vehículos a un desguace».

La postura por parte del Ayuntamiento es radicalmente opuesta a la de la oposición. Desde el Partido Popular daban por hecho que el Consistorio tendría que pagar la multa de 900.059 euros por los vehículos en el depósito municipal.

No han sido solo los diferentes partidos políticos los que se han posicionado en relación a esta polémica en el depósito municipal de La Isla.

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento califica como «desidia» la dejadez en el depósito municipal y lamentando que la multa la tendrían que pagar «todos los ciudadanos de San Fernando».

La crítica de CSIF no se queda ahí y calificaba de «lamentable» la actitud del Ayuntamiento para no contratar a tiempo un servicio de retirada y tratamiento de vehículos, antes de que el anterior contrato venciera en el año 2020.

El expediente sancionador por parte de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, recoge que en el depósito municipal hay un total de «más de 180 vehículos retirados de la vía pública por abandono, para su tratamiento como residuo».

«Dicha acumulación de vehículos se debe a la carencia de contrato en vigor con un centro autorizado de tratamiento, desde el vencimiento del anterior en el año 2020», se recoge en el escrito.

Desde la Junta señalan que el Ayuntamiento de San Fernando no ha cumplido con sus obligaciones en el depósito municipal. El expediente destaca que el tiempo máximo para la retirada de residuos peligrosos, donde entrarían estos vehículos abandonados, es de seis meses y los últimos retirados del depósito fueron en en julio del año 2019, por lo que todos los vehículos retirados desde entonces han sido almacenados hasta el momento.

Se hace mención a un informe elaborado en noviembre del año 2022 por la Policía Local del municipio en el que se hablaba del «riesgo de incendio por la acumulación de con combustible sumado a la circunstancia de la existencia del IES Sancti-Petri y la residencia de ancianos de la Cruz Roja, colindantes al estacionamiento, que implicaría riesgo de intoxicación por humos/gases de todos los alumnos y residentes; al suelo y al agua por conducciones de aguas pluviales, debido a derrames de líquidos con sustancias peligrosas de estos vehículos; a la seguridad de la residencia de ancianos; a la higiene y salubridad por la dificultad para los trabajos de limpieza del lugar».

Es por ello, que el Ayuntamiento es imputado por una infracción muy grave tipificada en la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular por el «el incumplimiento de las obligaciones del productor inicial u otro poseedor de residuos peligrosos, relativas a la gestión de sus residuos, reguladas en el artículo 20», recibiendo una sanción económica de 600.001 euros, un mal menor ya que podría haber sido hasta de 3.500.000 euros.

Por otro lado debido al « el incumplimiento de las prescripciones de la presente ley en materia de residuos, cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica en dicha materia, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas» y según lo recogido en la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la segunda infracción es de 300.508 euros.

Además, desde la Junta se exige que se tomen medidas cautelares como sería la retirada de los vehículos.

La 'buena noticia' para el Ayuntamiento es que la multa podría reducirse en un 40% si se procede al pago voluntario antes de la resolución del expediente y se reconozca la responsabilidad de los hechos, desistiendo de este modo de cualquier recurso en vía administrativa contra la sanción.