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25 años del crimen de San Fernando: «Fue un tema tan gordo que superó todos los operadores jurídicos»
Los profesionales jurídicos que trabajaron en el caso de Klara analizan la evolución de la Ley del Menor en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Cádiz
Se cumplen 25 años. La noche del 20 de mayo del 2000, Iria y Raquel, de 16 y 17 años, asesinaron a su compañera del IES Isla de León, Klara, de 16 años, en el parque del Barrero. El único móvil, saber qué se sentía al matar a alguien. «Klara no significó nada para mí ni lo significa». En los juzgados, antes de prestar declaración, las responsables del asesinato cantaban indiferentes a la magnitud de sus actos. Nunca pidieron perdón. El salvaje crimen conmocionó a todo a un país y, sobre todo, a La Isla, que recuerda a la joven isleña con una escultura de un unicornio en el parque. El caso fue el primero al que se le aplicó, por aquel entonces, la nueva Ley Orgánica 5/2000, conocida como Ley del Menor, por la que las dos culpables cumplieron una condena de ocho años de internamiento en centro cerrado y cinco años de libertad vigilada. Las medidas generaron un profundo rechazo en la sociedad isleña.
Con motivo del 25º aniversario de la entrada en vigor de la Ley del Menor, el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz ha organizado un coloquio con los profesionales del ámbito jurídico que participaron en el crimen de San Fernando para «reflexionar sobre la evolución, los retos y la aplicación práctica de esta normativa». La magnitud del caso de Klara y la presión social provocaron dos modificaciones en la ley antes de entrar en vigor en enero de 2001.
«La reacción de San Fernando fue la lógica, en una tragedia como esta; pero, sobre todo, yo la viví con el orgullo de mis compañeros que llevaron este trabajo por el turno de oficio. Luis Miguel Pérez Matallana llevaba la defensa a una de las chicas por el turno de oficio, y fue un trabajo magnífico, y un tema que nos sirve para estar orgulloso del abogado de oficio«, reconoce José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, quien reconoce que la ley, durante estos 25 años, ha evolucionado »para mejor«.
El espíritu de la ley recae en la reinserción en la sociedad de los menores de edad. «Uno de mis 'niños' antes robaba motos y ahora es mecánico en un equipo de carreras». Al igual que otras normativas, la ley del Menor no ha estado exenta de reformas. En 2006, se estableció una de las más relevantes, que incluyó un aumento de la duración de la medida privativa de libertad hasta diez años, para menores de entre 16 y 18 años, por delitos graves.
Cuando sucedió el asesinato, el decano era por aquel entonces el delegado del Colegio de Abogados de San Fernando y daba la formación de la nueva Ley del Menor a sus compañeros. «Nos cogió de pleno. O sea, yo recuerdo el trabajo que nos costó preparar aquello y formar, sobre todo ya, pues, trabajando en un caso concreto», recuerda. En la actualidad, advierte que la mayoría de delitos que cometen los menores de edad son delitos sexuales, informáticos o de acoso escolar.
En el coloquio participaron José Ignacio Quintana, abogado; Luis Miguel Pérez Matallana, abogado; Virginia Alonso, fiscal; Enrique Ramírez, magistrado; y Joaquín Olmedo, abogado, quien también pone el foco en la educación para prevenir futuros delitos. Además, Olmedo ha roto una lanza a favor de la Ley del Menor porque «cuando ocurre un crimen grave en materia de menores o de infancia, pues inmediatamente ya echamos las campanas al vuelo con que la ley es mala, con que aquí no hay reinserción, y eso es mentira».
«Yo lo recuerdo en shock, fue un tema tan gordo que superó hasta todos los operadores jurídicos de del momento», reconoce el abogado, quien valora que «el caso no fue un punto de inflexión para la ley». «Fue un caso que se dio, que ocurrió y que, como fue de los primeros, dio lugar a una serie de actuaciones jurídicas que se vio la necesidad de modificar la ley». El caso de la Katana y de Sandra Palo fueron también fundamentales para modificar la norma. Los ponentes han explicado cómo vivieron los hechos y cómo tuvieron que enfrentarse, por ejemplo, en el caso de Quintana y Matallana, a defender tanto a la acusación particular como a una de las dos autoras de los hechos, respectivamente. «Nos dijimos los dos: 'menudo marrón nos ha caído'», recuerda José Ignacio Quintana, quien rememora que Iria cambió en dos ocasiones el acta de su declaración. «Al final, le preguntó el Juez de Instrucción: ¿Iria, había algún motivo? ¿te había quitado un novio? Y dijo: 'Klara, no significó nada para mí ni lo significa'».
Por su parte, señala que Raquel también edulcoró la versión de los hechos pero no pudo evitar que el arma homicida, una navaja, fuera encontrada en una maceta en su casa. «La navaja tenía una 'esquilda' en la hoja que dejó una marca en todos los navajazos que terminaron con la vida de Klara». El abogado de la familia se vio en la obligación de contarles la «realidad legal» por la que se iba a regir el caso de su hija. «Cuando le dije que la ley preveía una medida máxima de cinco años de internamiento, modificable a los dos años y medio, la madre se quedó estupefacta». A partir de ahí, se inició una serie de movimientos para modificar la norma.
«El mensaje que quiero que quede por mi parte es que la jurisdicción de menores funciona. Que a veces para un chaval lo mejor que le puede pasar es caer en la jurisdicción de menores, donde se va a trabajar con él, donde va a tener un programa de atención, donde va a desarrollar unas medidas, donde puede buscarse una profesión, donde puede tirar para adelante», explica Joaquín Olmedo.
Además, ha defendido que las medidas aplicadas en el caso de delitos graves en menores son «ajustadas». «Y además, vuelvo a repetir, estamos en los estándares internacionales dentro de esta medida. Aquí no nos inventamos nada, aquí venimos impuesto por la normativa que tenemos suscrita por España», concluye.
