Provincia
El PSOE pide a la presidenta de la Diputación que pare, rectifique y apruebe un reparto justo y legal
Carrera espera que den pronta respuesta a toda la información solicitada sobre el procedimiento irregular donde además hay una clara dejación de funciones pues los municipios pequeños solo reciben el 5 por ciento
La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha pedido hoy a la presidenta, Almudena Martínez del Junco, que pare, rectifique y apruebe un reparto justo y legal del remanente de 31,5 millones entre todos los ayuntamientos de la provincia, como se realizó el año pasado.
En el caso de que desde el Gobierno de la Diputación no se corrija «ese reparto que es claramente irregular», el PSOE- ha asegurado la portavoz socialista- va a ir hasta las últimas consecuencias. «Estamos trabajando con juristas, con expertos en ley de contratos, para irnos a un contencioso que determine la irregularidad del reparto del dinero de todos los gaditanos y estudiaremos en ese caso, si es susceptible de elevarlo a la Fiscalía», ha precisado.
Sostiene Carrera que en el Grupo Socialista «tenemos la certeza de que han llamado por teléfono discrecionalmente a algunos alcaldes para decirles que tenían dos horas para presentar proyectos, si querían que su ayuntamiento fuese beneficiario de estos fondos». Y ante ello, se pregunta, «por qué se llama a unos Alcaldes sí y a otros no; si ha habido plazo para que todos los ayuntamientos presenten proyectos; si ha habido un criterio para hacer ese reparto; si ha existido una mesa técnica que valore y selecciones los proyectos o solo el criterio político de la propia presidenta o de los vicepresidentes?».
«Desde el PSOE estamos recopilando toda esta información, desde llamadas a algunos alcaldes, como las que les he comentado, Whatppsap, que algunos nos han hecho llegar donde se demuestra el procedimiento que han utilizado para hacer ese reparto… Hemos pedido documentación para verificar o aclarar lo que sospechamos, y es que ha habido irregularidades en ese reparto de dinero público», resalta para recordar que «la ley es muy clara, o hay una concurrencia, para que todos los ayuntamientos puedan presentar proyectos o hay unas bases que establezcan los criterios, que puede ser orden de entrada en registro, criterios de población… o se justifica una singularidad o excepcionalidad en un proyecto».
«Pero desde luego, la ley no permite que el criterio o procedimiento sea el dedazo ni tampoco contempla que la única singularidad sea ser ayuntamiento del PP, que es lo que aquí ha ocurrido», incide.
Ana Carrera ha realizado, con papeles en la mano, una comparativa del reparto de los fondos realizado el año pasado por valor de 30 millones del Dipuinvierte, una cifra similar a la de este año, publicado en BOP y que alcanzó a todos los municipios y ELAS, frente al expediente aprobado el pasado Pleno sin ninguna base aprobada, sin criterio y para solo 11 ayuntamientos y una ELA. Y en turno de preguntas, ha puesto de ejemplo los planes de empleo aprobados en octubre de 2022 en base a los criterios de población y desempleo. «Singularidad es por ejemplo el Museo de Lola Flores que tiene que ir en Jerez porque no podría construirse en otro municipio, pero no un campo de rugby en El Puerto de Santa María», ha apuntado.
Pero la diputada provincial no solo ha puesto el foco en el atropello legal de un reparto, a todas luces sectario, «con el que demasiado pronto han demostrado que el PP pretende usar la Diputación para beneficiar a sus ayuntamientos», sino también en la dejación de funciones del principal cometido que tiene la Diputación para con los municipios de menos de 20.000 habitantes, a los que solo les ha correspondido un 5 por ciento de los 31,5 millones que se llevan municipios grandes como El Puerto, Jerez, Cádiz, Algeciras o La Línea que saca una tajada de 10 millones fruto del pacto de Gobierno.
«Además de irregular, además de sectario, olvida por completo su principal competencia que son los municipios pequeños, eso es claramente recurrible porque se trata de una dejación de competencias o acaso los ciudadanos que vivan en Bornos, en Castellar, en Algodonales, en Alcalá del Valle, o en Chipiona y así podría estar un buen rato porque en este reparto a dedo, solo 11 de los 45 municipios y una de las 10 ELAs han sido beneficiadas con el reparto, no tienen derecho a que la Diputación destine dinero público en ellos?», ha planteado, esperando que Martínez del Junco y su equipo de Gobierno reaccionen y reconduzcan la situación porque si este es el camino que van a seguir tendrán al PSOE enfrente para frenar agravios y sectarismos.
