INDUSTRIA
Protestas en Cádiz por el cierre del centro de Metrología que gestiona la empresa pública de las ITV
El centro afectado se encuentra en San Fernando y se encarga de certificar y verificar los taxímetros, las balanzas y los surtidores de gasolina, entre otros aparatos
Los sindicatos dicen que la Junta argumenta el cierre en la reorganización de recursos, ya que concentra la actividad en Sevilla
Las ITV temen que este sea el primer paso para una privatización de todo el servicio que explota Veiasa
Los trabajadores de las ITV andaluzas y en especial de las siete que se encuentran en la provincia de Cádiz vuelven a estar con la mosca detrás de la oreja ante una posible privatización de este servicio. El malestar de la plantilla obedece a la situación que atraviesan tres de los ocho centros de Metrología, entre ellos el de San Fernando. Este departamento, gestionado por la empresa pública andaluza Veiasa que, a su vez, explota las ITV de la comunidad, se encarga de comprobar y certificar básculas, taxímetros, surtidores de gasolina, pesos de locales de venta de alimentos.....
La situación de este departamento público empezó a empeorar cuando en 2017 una orden liberalizó los colegios profesionales y la Metrología, entre otras disciplinas, se expandió en favor de la empresa privada. Ahora, la Junta argumenta, según algunos sindicatos, una reorganización de su departamento de Metrología en Andalucía para cerrar los centros de San Fernando (Cádiz), Carmona (Sevilla) y Málaga y centralizar el servicio en la unidad de Metrología de Sevilla manteniendo, de momento, un departamento por provincia a, a excepción de Málaga y Cádiz.
Los sindicatos UITA y CGT han convocado para el próximo 5 de febrero una concentración de protesta a las puertas del centro de ITV-Metrología de San Fernando, que la Junta de Andalucía tiene previsto cerrar dejando el servicio público de Metrología reducido al centro de Sevilla, según se señala en el plan de reorganización de la empresa pública Veiasa.
El laboratorio provincial de Metrología de San Fernando presta este servicio público desde hace 32 años y es, según las centrales sindicales convocantes de las protestas, esencial, al igual que los otros dos laboratorios provinciales que la Junta de Andalucía quiere cerrar, para lograr garantizar a la ciudadanía la veracidad de contadores que realizan las mediciones de servicios esenciales como agua o electricidad, asó como otros servicios como gasolineras, taxímetros, etc.
Los responsables sindicales aseguran que la reducción de este servicio público que se lleva a cabo desde la empresa pública Veiasa es un primer paso hacia la privatización del servicio, dejándolo en manos privadas que realizan verificaciones menos rigurosas para abaratar precios.
La propuesta de la dirección de Veiasa para eliminar los laboratorios de San Fernando, Málaga y Carmona «ha contado, inexplicablemente, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios CC OO, UGT y CSIF, que se han conformado con la garantía de que estos cierres no van a afectar a los puestos de trabajo, que serían reasignados a las ITV que también gestiona Veiasa». Sin embargo, estos sindicatos sostienen que esa reubicación de trabajadores supone un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de este personal, además de suponer dar pasos en la eliminación de un servicio público que no debe quedar en manos privadas. Cabe recordar que la empresa pública Veiasa logró el pasado año 14 millones de euros de beneficios, según los sindicatos
Desde UITA y CGT destacan que «no se puede blanquear el recorte de servicios públicos como hacen desde CC OO, UGT y CSIF, por lo que hemos iniciado una campaña de movilizaciones». Estas organizaciones sindicales ya han iniciado una ronda de contactos para recabar el apoyo de organizaciones y ayuntamientos que apuestan por los servicios públicos.
