La Policía intensifica en Cádiz el control de los pisos turísticos para detectar a posibles delincuentes

Que las grandes ciudades turísticas de todo el país tienen cada vez más viviendas dedicadas al alquiler por días es una realidad desde hace tiempo. Y Cádiz es una de ellas. Los datos así lo reflejan. La necesidad de ahorro de los visitantes en sus vacaciones que optan por alojarse en pisos o apartamentos en vez de en hoteles ha multiplicado la existencia de este tipo de hospedajes. Tanto es así que ya ha necesitado de una regulación especial y se preparan nuevas normas al respecto para tener un mayor control y poder garantizar la seguridad de todos.

Y este cambio de costumbres no ha pasado desapercibido para la Policía Nacional o la Guardia Civil (según la zona de competencia) quienes han tenido también que desarrollar un sistema para poder tener bajo control este fenómeno. Lo saben bien los agentes de la Brigada de Información de la Comisaría Provincial en Cádiz que, dentro de sus cometidos habituales, han sumado el de tener que revisar a diario quien entra y quien sale de estos pisos turísticos en la capital gaditana.

«Hay delincuentes que cogen viviendas turísticas para pasar desapercibidos. Se han convertido en un 'agujero negro' y hay que tenerlo todo controlado», explica uno de los agentes que se encarga de esta minuciosa y laboriosa tarea en Cádiz. El agente abre un fichero, hay decenas de carpetas y en ellas, listados. «Es importantísimo que la gente se conciencie, que nunca se sabe a quien puedes estar alojando y qué consecuencias puede tener tanto para uno mismo como para tus vecinos...», advierte.

Por ello cree que era necesario, urgente, un sistema para poder garantizar esa seguridad en las llamadas VFT. Dicho sistema consiste en que el propietario de una vivienda turística tiene que darla de alta como tal (es decir, que sea legal) y además tiene la obligación de registrarse con un usuario y contraseña en un programa puesto en marcha por el Ministerio del Interior y al que pueden acceder los agentes. En él tiene que completar el 'check-in' de todo el que se hospede en su alojamiento como si se tratara de un hotel. Los policías comprueban que los datos son correctos y cotejan a diario que las identidades no corresponden con personas que están prófugas o en búsqueda por algún asunto pendiente u orden judicial.

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«Cada mes nos pueden saltar un par de ellos», cuenta el policía. «Hace poco se detuvo aquí en Cádiz a una chica de nacionalidad rumana de 21 años que tenía una requisitoria policial por haber cometido un hurto en Valencia», cuenta. En este caso por ejemplo se refiere a la posible integrante de un grupo itinerante dedicado presumiblemente a robar en zonas turísticas y que en épocas de verano, sobre todo, viajan por puntos de gran afluencia como ocurre con la ciudad gaditana o las zonas de levante para cometer esos hurtos. Normalmente, joyas y otros objetos de valor. En estos casos la complejidad es poder atraparlos a tiempo ya que suelen estar apenas uno o dos días en el lugar donde actúan para marcharse a otro procurando no ser detectados. En muchas ocasiones utilizan identidades falsas lo que dificulta aún más la búsqueda.

Sin embargo en esta ocasión y gracias a la colaboración ciudadana de cumplir con los requisitos exigidos de registro se pudo dar con ella y detenerla. «El propietario también sale ganando porque a nadie le gusta tener en su casa a un ladrón o a alguien que pueda provocar problemas, ¿no?».

De esta manera, el dueño o gestor de una VFT está obligado a identificar a todas los viajeros mayores de 16 años, rellenar un 'parte de hospederías', confeccionar un Libro-Registro de Viajeros y comunicar la entrada en las 24 horas siguientes a la Policía Local, Nacional o Guardia Civil, según el municipio o circunscripción que corresponda a la ubicación de la vivienda. Por su parte, el viajero solamente tiene obligación de firmar el parte de entrada. No cumplir con estas obligaciones puede acarrear sanciones que van desde los 600 euros hasta los 30.000 euros, dependiendo si es una falta leve o grave (L.O 4/2015).

Esta obligación se fijó de manera más concreta en el Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor (BOE núm. 257, de 27 de octubre).

La plataforma 'Hospedajes' está operativa desde el 2 de enero de 2023, pero con el objetivo de facilitar la familiarización al nuevo entorno de los usuarios, así como asegurar el funcionamiento en condiciones óptimas, se estableció un periodo de adaptación al nuevo entorno de cinco meses de duración, hasta el 2 de junio de 2023. Este periodo de adaptación ha sido ampliado hasta el 31 de enero de 2024.

«Se intenta tener mano izquierda. Todo es nuevo y bueno... al final lo que realmente queremos es que la gente cumpla para que podamos garantizar una seguridad efectiva. No buscamos sancionar sino que haya un control». Una supervisión que puede ser crucial para la resolución de casos pendientes o también para evitar el mínimo riesgo». «Además de los requerimientos judiciales o policiales habituales, no hay que olvidar que seguimos en nivel de alerta 4 por terrorismo y nunca se sabe dónde puede estar el peligro».

De ahí la importancia- recalcan- de cumplir con la normativa de registro y comunicación ya que las viviendas turísticas se han convertido en un lugar constante de paso de cientos de miles de personas. Gente que puede estar en esa ciudad incluso sólo horas y marcharse -o huir- a su siguiente destino.

En la actualidad, Andalucía lidera el número de apartamentos turísticos en España con 70.194, seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña con 49.950 y 45.709 pisos, respectivamente. Les siguen Canarias (42.651), Baleares (25.393), Madrid (16.351) y Galicia (14.775), según datos de del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la capital gaditana, en la actualidad hay registradas nada menos que 2.569 viviendas con fines turísticos, que traducido en plazas, resulta 12.182. Por debajo quedan, Tarifa, con 2.477 VFT o Conil, que en la actualidad cuenta con 2.300 pisos, según los datos obtenidos del registro de la Junta de Andalucía.

Las viviendas turísticas en España aumentaron un 16,4% en el último año, con un total de 306.136 apartamentos. Todos estos pisos turísticos representan el 1,21% del total de viviendas en territorio nacional, mientras que hace un año concentraban el 1,13%. Estas cifras son aún inferiores al 1,28% que aglutinaba en 2020, con 321.496 pisos de uso turístico.

En el caso de Cádiz, la tendencia continúa al alza. En los últimos diez años, el número de viajeros que se ha decantado por este tipo de alojamiento en la provincia se ha multiplicado por dos. Si en 2013 la cifra de viajeros nacionales que eligieron el mes de julio este tipo de alojamiento fue de 15.503, en el pasado mes de julio la cifra alcanzó los 31.052 turistas, es decir, el doble.

Pero además de poder detectar a algún reclamado por la justicia en viviendas turísticas, existe otra circunstancia de la que ya está alertando la Fiscalía de Cádiz. Y es que, tal y como reproduce en su última memoria, son muchos los que aprovechan sus casas ilegales -aquellas que están al margen del planeamiento de una localidad- para alquilarlas en vacaciones o periodos estacionales como alojamientos por días.

Así, expone que las construcciones ilegales en la provincia de Cádiz, que sufrieron un repunte durante la pandemia, han seguido incrementándose y pone un ejemplo: «Se han interpuesto un importante número de denuncias ante los juzgados de Barbate al aumentar la realización de construcciones en las localidades de Arcos de la Frontera, Barbate y Vejer. Se trata de construcciones realizadas en poco tiempo por los compradores de diversos lotes de una misma parcela, siendo un procedimiento muy rápido que se ha visto facilitado por la venta a través de internet y por la rápida instalación de casas prefabricadas, lo que impide adoptar medidas cautelares», advierten.

Y añaden: «incluso algunas de ellas se han habilitado como conjuntos de viviendas turísticas». De esta manera, los juzgados de Arcos y Barbate se han visto «poco a poco colapsados por el incremento de diligencias previas relativas a las construcciones ilegales». Como consecuencia, la instrucción se prolonga en el tiempo sin que se lleguen a practicar las diligencias que el Ministerio Fiscal ha dejado solicitadas en su denuncia. Ello supone un importante riesgo de que finalmente las actuaciones lleguen a prescribir.

En diciembre de 2020, en plena pandemia, varias patrullas de la Policía Nacional irrumpían en la calle San Fernando, en el centro de Jerez. Acudían para desmantelar una fiesta ilegal (entonces se prohibían las concentraciones de más de seis personas) que se estaba celebrando desde la madrugada y que estaba causando grandes molestias a los vecinos. Se hablaba de que la celebración incluía drogas y prostitución.

Pues bien, entre una de las personas que se encontraban en dicho piso, un apartamento turístico que habían alquilado para un fin de semana, se encontraba El Maño, vecino de Estella del Marqués y considerado por la Policía Nacional como el cabecilla de una organización dedicada al tráfico de cocaína. Intentó huir en un coche pero fue alcanzado. Poco antes, en noviembre, los agentes de Estupefacientes lo habían ido a buscar para detenerlo pero se había 'escondido'.

Sin embargo, cayó estando de fiesta. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz había dictaminado contra él una orden de búsqueda e ingreso en prisión tras ser condenado por un delito de tráfico de drogas en virtud del una ejecutoria de 2016 y que enjuició uno hechos investigados en 2012 . Por tanto se le buscaba por esa orden de ingreso pendiente (ahora ya cumplida) pero también por una nueva cuenta pendiente que tendrá que resolverse próximamente.

Según los investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de El Puerto que llevaron su último asunto, la red que supuestamente capitaneaba este hombre era una de las más activas en la distribución de estas drogas en buena parte de la provincia. De hecho, y según sus pesquisas, llegaron a 'diversificar' el negocio. Además de surtirse de grandes cantidades de cocaína, que «repartían casi semanalmente», y prepararla con corte en un laboratorio que tenían para tal fin (y que se localizó en el registro), habían plantado hasta cinco cultivos de marihuana ubicados en diferentes localidades. Esos hechos tendrán que resolverse aún ante un tribunal.