NARCOTRÁFICO
El petaqueo de los narcos ya puede ser equiparable por ley a la 'kale borroka' de ETA
Los magistrados de la Audiencia de Cádiz unifican posturas y sientan las bases para que el suministro de gasolina a las narcolanchas se considere delito por sí mismo, tal y como solicitan la Fiscalía y los agentes
La medida, que tendrá que ser consolidada aún en una reforma del Código Penal y por instancias superiores, se ampara en el artículo 568 y toma como referencia sentencias que castigaban a los 'cachorros' de la banda terrorista
Prisión sin fianza por primera vez en Cádiz para un 'petaquero' de los narcos por ser «un peligro para la seguridad ciudadana»
La Fiscalía incide en la necesidad de castigar penalmente a los 'petaqueros'
Cádiz
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Iniciar sesiónEl asunto lleva ya meses, quizá más de un año, dando vueltas por los despachos de abogados, fiscales y jueces en Cádiz. En todas sus secciones penales. La actividad del petaqueo, es decir, la que manejan aquellos delincuentes que están 'trabajando' para los narcotraficantes -y cobrando por ello- y que consiste en llevarles hasta sus 'gomas', al lugar acordado, gasolina, y todo tipo de suministros e incluso colaborar hasta el punto de hacer los trasbordos de sus tripulaciones, ha llevado a los operadores jurídicos a plantearse cómo actuar procesalmente ante este nuevo modo delictivo. Dejarlo únicamente en sanciones por el traslado o el almacenaje de sustancias peligrosas no se adecuaba a la realidad criminal y, por tanto, no se juzga como lo que es.
Por ello, desde hace también mucho tiempo y visto el empuje de estas redes logísticas que cada vez han ido a más y han puesto en peligro a la ciudadanía y también a los propios agentes que batallan contra el narcotráfico, la Fiscalía Antidroga de Cádiz con su responsable a la cabeza, Ana Villagómez, han insistido en la necesidad de que haya cambios en el Código Penal para que se pueda tipificar como delito esta actividad de una forma más directa y vinculada al tráfico de sustancias. Es decir, poder acusar, juzgar y condenar -si se precisa- a los petaqueros de los narcos por lo que son, parte de estas organizaciones criminales.
Esta solicitud también ha llegado en multitud de ocasiones por parte de los guardias civiles y policías nacionales que se encuentran cara a cara con ellos y que han protagonizado muchas persecuciones y decomisos de estos cientos miles de litros de gasolina cargados en furgonetas que recorren ciudades y que se guardan de cualquier forma en cualquier sitio. Y en la mayoría de las ocasiones -sobre todo al principio- estas actuaciones se han quedado en simples multas sin detenciones a sabiendas de que no se trataba de un ciudadano al que de repente le daba por llevar de 'paseo' decenas de garrafas de gasolina en una furgoneta robada o alquilada por los esteros de Chiclana (por ejemplo). O porque les apetecía coger una pequeña barquita de pesca y cargarla con diez o quince petacas, volviendo por arte de magia sin ellas.
Así que las causas de este tipo se han ido acumulando y, procesalmente, se ha llegado al límite de tener que darle una solución sobre la manera de actuar en ellas. Unificar criterios sobre algo que ya ha dejado de llamarse novedad y que ha subido otro escalón y se ha convertido, según se va conociendo por las investigaciones policiales, en mafias de otras mafias. Gente a sueldo que cobra para que otros cometan otro u otros delitos.
Debate en el plenillo
De esta forma, hace unos días, y después de meses de conversaciones en despachos, la Audiencia de Cádiz celebraba ya de forma más oficial un plenillo de magistrados para discutir según criterios técnicos la postura a adoptar cuando se encuentren con estos casos. El debate se dirimía entre los que sí lo ven como un delito acreditado en sí mismo y los que creen que sólo es punible en este sentido en aquellas ocasiones donde quede meridianamente demostrado.
Y finalmente, y según fuentes judiciales, la Audiencia de Cádiz decidía tomar como referencia el artículo 568 del Código Penal para regular esta práctica, tal y como había establecido también la Fiscalía de Cádiz como base para estos procedimientos y así se había comunicado desde la jefatura provincial.
De 3 a 8 años de prisión
Así, solo hay que recurrir a esta ley para saber qué dice y a qué se pueden enfrentar los que la infrinjan. «La tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las leyes o la autoridad competente, serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación».
Es decir, según se estime en la investigación e instrucción que se realice, las personas que colaboren con los narcotraficantes en sus suministros podrán ser castigadas a penas de prisión proporcionales al papel que desempeñen: desde los cabecillas, a los que guarden, transporten, vigilen o simplemente ayuden a llenar en surtidores los depósitos.
Dicha resolución podría ser tomada por los jueces de Cádiz en estos procedimientos siguiendo así la postura del Ministerio Fiscal que ha tomado esta directriz amparados en sentencias del Supremo que castigan con este mismo artículo - el 568- a los grupos de la 'kale borroka' dedicados al uso, el transporte y la tenencia de artículos inflamables y explosivos, así como por su colaboración directa con grupos armados.
Además de los nuevos procedimientos que se inicien y dar respaldo legal a las detenciones que se practiquen, esta nueva resolución de la Audiencia gaditana podría reforzar también los recursos planteados por los fiscales ante este mismo órgano u otros. A falta de un cambio en el Código Penal -solicitado y en estudio- las sentencias que se sujeten en esta nueva postura de los jueces de lo Penal de Cádiz tendrían además que reafirmarse con las doctrinas que sigan los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo en los fallos que acuerden cuando los posibles condenados presenten recursos.
Otras decisiones pioneras
Hasta el momento se han significado dos resoluciones novedosas en cuanto al petaqueo en la provincia. Recientemente, la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz con sede en Algeciras fallaba a favor de la Fiscalía al considerar que el juzgado de instrucción número 2 de dicha localidad se había pronunciado de manera correcta al enviar a prisión provisional a un petaquero. Esta persona fue detenida por llevar 164 petacas (5.000 litros) y constituir, según el auto, «un evidente riesgo para la seguridad colectiva».
La otra decisión 'pionera' a este respecto la tomaba el pasado noviembre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Chiclana. Como ya publicaba este periódico, su titular ordenaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido por la Guardia Civil en esta misma localidad que transportaba unos 5.000 litros de combustible para abastecer a narcos en una furgoneta y que se intentó dar a la fuga.
Para tomar esta medida cautelar se siguió el criterio solicitado por la Fiscalía acusándole de un delito de resistencia y también el delito por tenencia de material peligroso e incendiario recogido en el artículo 568. Tras pasar a disposición judicial, el acusado ingresó en prisión provisional por orden del juez.
Los hechos que se le imputan ocurrían cuando la Guardia Civil interceptaba en Chiclana una furgoneta de alquiler que circulaba por el interior del casco urbano cargada de petacas llenas de gasolina. El vehículo, al percatarse del control policial, emprendió la huida «de manera brusca y a gran velocidad poniendo en grave riesgo la integridad física de las personas y los usuarios de la vía que circulaban por la zona». Como consecuencia de esta actuación se detuvo a esta persona y se intervenían 194 petacas de 25 litros de gasolina cada una, un total de 4.850 litros.
En cuanto al riesgo para la ciudadanía que es una de las bases de este delito, cabe destacar que en las últimas ocasiones se han producido varios incendios muy virulentos de estas furgonetas cargadas en plena calle de Chiclana, teniendo que intervenir los bomberos para su extinción. Por otro lado, los agentes advierten de que estos cientos de litros de combustible los van acumulando (según se van surtiendo) y los guardan sin ninguna medida de protección ni seguridad en viviendas, naves, garajes... al lado de zonas residenciales o comerciales.
Hay que recordar que ya hace más de dos años, el propio ministro Marlaska y su secretario de Estado para la Seguridad, anunciaron que se estaban evaluando cambios normativos para endurecer y poder tipificar como logística para el narcotráfico la actividad del 'petaqueo'. Pero, de momento, nada se han producido esos cambios.
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