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La nueva entrega del eterno 'caso Quality Food' vuelve en abril
Los tres procesados para los que el Supremo ordenó repetir el juicio tras ser condenados por la Audiencia de Cádiz volverán al banquillo a partir del 4 de ese mes. Habrá diez sesiones
Este procedimiento, que intenta aclarar el mayor escándalo económico de la historia de la Zona Franca, lleva más de veinte años esperando una sentencia firme
Corría el año 2000. Las bolsas temblaban tras la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. La crisis financiera mundial asomaba los primeros temores. En España, José María Aznar había sido reelegido presidente del Gobierno por mayoría absoluta y en Estados Unidos Bill Clinton iban rematando su mandato. En verano, Australia convencía en sus Juegos Olímpicos de Sidney. De todo ello hace 24 años.
Pues en aquellos tiempos un jovencísimo abogado de San Fernando, hijo de una familia trabajadora, Manuel García Gallardo, fundaba Quality Food, una firma dedicada a platos de comida preparada especialmente para colegios. El empresario lograba 'vender' su idea para instalarse en la Zona Franca de Cádiz y optar así a sus beneficios fiscales. Pero a partir de ahí la idea terminaba en la entrada de una sociedad pública, en un rescate y en diversos movimientos que desembocaron en denuncias y, en definitiva, en un gran escándalo económico y también político que provocó todo un huracán.
Hoy, 24 años después, todo aquello sigue dirimiéndose en los juzgados para ver si ya sólo algunos de sus presuntos responsables tuvieron algún tipo de culpa penal. Otros, todos los cargos políticos, resultaron absueltos tras un juicio que se celebró en 2019. Tras aquel fallo emitido por la Audiencia Provincial de Cádiz las defensas de las tres personas que fueron condenadas a diferentes penas recurrieron ante el Supremo y el Alto Tribunal ordenó repetir el juicio. Pues bien, dicho juicio se celebrará de nuevo en la Audiencia gaditana a partir del próximo 5 de abril y constará de diez sesiones. Es decir, dos décadas después, el 'caso Quality Food' volverá a la actualidad. A pesar de que haya pasado tanto tiempo.
En marzo de 2019, cuando la primera vista, fueron seis los procesados. Ahora, serán tres. El principal implicado, Manuel García Gallardo, fundador de Quality Food, que había sido condenado por la Audiencia a diez años de prisión por los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida; Víctor Ocaña, director de una sucursal bancaria donde el empresario isleño tenía cuentas, y al que se le impuso una pena de cuatro años; y Ana Gallardo, madre de Manuel, que asumió responsabilidades civiles pero no penales.
El fallo del Tribunal Supremo, emitido en enero de 2022, consideró que dicho juicio se tenía que repetir en un una sala distinta –no podrá ser de nuevo la Tercera– y condenó en costas en el recurso de casación a la Abogacía del Estado y al PSOE, que se presentaron como acusación en este proceso judicial.
El Alto Tribunal respaldó así a los abogados de García Gallardo que protestaron porque no se admitiera como prueba pericial un informe económico que quisieron aportar antes de la celebración del juicio y que, según ellos, justificaba la legalidad de los movimientos financieros de la empresa cuestionada.
Por esta prueba, por este informe de una auditora, el 'caso Quality Food' volverá a los titulares. Fue en 2001 cuando Zona Franca por mediación del entonces delegado del Partido Popular, Miguel Osuna, entró a través de Sogebac, en el accionariado de la compañía. Pero posteriormente se procedió al rescate de esta sociedad de «dudosa rentabilidad y peor futuro» (según mantenía la Fiscalía) y que, como se acusa, llegó a costar más de cinco millones al erario público.
Entre las cuestiones fundamentales que se han ido resolviendo y debatiendo en sala es si en todo este proceso hubo irregularidades, como por ejemplo, si se llegó a ocultar información al consejo de Zona Franca (donde hay cargos políticos) sobre que se compraran títulos a un valor muy superior al real y si el empresario pudo engañar a la entidad para conseguir sus fines.
Como se recordará, tras las denuncias y la apertura del caso, el juzgado número tres de Cádiz cerró la instrucción en 2015 en un auto en el que mantenía la acusación contra el empresario, su familia, Osuna y el que fue su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, exdirector de la Zona Franca y exgestor de proyectos en el Consorcio, quien abandonó su cargo directivo en 2016 tras ratificarse las acusaciones y peticiones de cárcel para él y tras otra intensa polvareda mediática y política.
También a finales de octubre de 2016 la Fiscalía remitía al juzgado su escrito de acusación y solicitaba la apertura de juicio oral contra todos los supuestos implicados en este segundo gran agujero económico –tras el desastre de Rilco de Rodríguez de Castro– que se abrió en las cuentas de la Zona Franca.
La acusación
El fiscal solicitaba entonces para todos ellos penas que iban desde los 16 años y siete meses de cárcel hasta los 10 por haber cometido presuntamente diferentes delitos. Se les acusaba de maquillar las posibilidades de negocio de la firma de productos alimenticios para obtener sucesivas operaciones crediticias. El Ministerio Público señalaba además de al principal acusado (el empresario), al ex responsable popular de la Zona Franca, Miguel Osuna como partícipe de las presuntas argucias cometidas, asegurando que favoreció a dicha compañía ocultando información y sobrevalorando sus posibilidades. Para él y para el que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, pedía diez años de prisión. Ambos resultaron absueltos y el Supremo ratificó dicha resolución.
El tribunal consideró que no quedaba acreditada la responsabilidad alguna de Fedriani y Osuna en los hechos y en los delitos que se les atribuían. Aunque sí hubo un voto particular de uno de los magistrados en contra de la exculpación del exdelegado de Zona Franca.
Por contra, Gallardo sí fue condenado (ahora se repetirá). El empresario ha insistido siempre en su inocencia y asegura que esos engaños y fraudes de los que se les acusa son «completamente falsos». Según su versión, todo comenzó y se fue enrareciendo porque Zona Franca se niega a pagarle una deuda que tiene contraída con él y su familia a raíz del cierre de Quality. Se trata del pago de una indemnización de 13,5 millones de euros que en el proceso mercantil –también sobre este asunto– se determinó que el Consorcio tenía que abonarles por el valor de las acciones que no adquirieron finalmente aunque estaban obligados.
En otro aspecto, otra de las cuestiones que siempre se han discutido política y judicialmente es si realmente Quality Food fue alguna vez una empresa rentable; si de verdad tenía ese gran potencial del que se llegó a hablar en los consejos. Sin embargo durante el juicio se habló de dos caras. Por un lado, de una sociedad que necesitó ya en sus comienzos y de manera urgente, subvenciones y ayudas. Y por otro, la de una empresa que era todo un descubrimiento, innovadora, y con importantes contratos millonarios ya sobre la mesa.
Todas y otras dudas se volverán a ver en una sala judicial y ante un tribunal. Más de dos décadas después vuelve el 'caso Quality Food'.
