La lucha contra el narco en Cádiz no acaba, los retos de 2023

Además se encadenan cientos de operaciones e investigaciones que realizan agentes de uno y otro lado que intervienen toneladas de droga y millones de euros o bienes decomisados... y así, un mes tras otro, se sigue sumando. Esto, dicen, es el resultado de un incremento de la fuerza policial. Sobre todo desde que se quiso poner límites cuando comenzaron a escocer en las retinas de las autoridades imágenes de una impunidad o descaro que llevaban a la vergüenza. O como, una semana, sí, y otra también, estos delincuentes embestían y ponían el riesgo la vida de los agentes en las zonas más calientes y conflictivas como La Línea de la Concepción.

Pero, y como advierten los efectivos que participan en todas estas operaciones, estos números no logran su verdadero fin, no son realmente prácticos, si no van a acompañado de otras fuerzas y además si éstas no son actualizadas, renovadas y se acompasan con las necesidades que los agentes se van encontrando.

Este año que ha terminado, 2022, ha vuelto a ser un año de importantes resultados en la batalla contra el narco. Y también de retos que ya se han puesto sobre la mesa y que, sin duda, será clave tenerlos en cuenta para seguir combatiendo la lacra que afecta a la provincia de Cádiz en su totalidad. Pero con efectividad.

Basta de ejemplo una de las actuaciones más importantes que se realizaron el pasado año en cuanto al volumen de lo aprehendido. Hasta 20.000 plantas de marihuana se escondía en un invernadero de El Colorado, en Conil. La Policía Nacional intervenía esta explotación tras tener sospechas y realizar una investigación para descubrir, según estas indagaciones, que la droga la camuflaban como si se tratara de cáñamo industrial.

La explotación contaba con un avanzado sistema tecnológico , con lámparas de calor, paneles, sistema individualizado de riego y lonas retractiles para poder oscurecer los invernaderos y manipular las horas de luz, temperatura y riego, todo ello con el fin de potenciar y acelerar el crecimiento de las plantas y lograr el mayor rendimiento posible, con pingues beneficios económicos. Detuvieron a 17 personas, la mayoría de ellos jóvenes que estaban como 'asalariados' de la persona que explotaba y se beneficiaba supuestamente de esta plantación.

Pues este operativo y decenas de otros más realizados contra el cultivo de cannabis sirve de ejemplo para ser conscientes de que este tipo de tráfico va en aumento y no baja. Todo lo contrario. Desde las fuerzas policiales y también desde la Fiscalía se insiste una y otra vez en ello. Por tanto, y en este caso el reto estaría claro: poner más límites legales si es que realmente no se legaliza. Si esta marihuana es cada vez más numerosa, se produce en mayor cantidad y sobre todo con mayores y más peligrosos efectos nocivos (más THC y otros químicos) hay que ponerle parón.

De ahí que también los colectivos antidroga consideren que se hace «urgente» el endurecimiento de las penas de quien se dedica a enriquecerse (miles y miles de euros) con el cultivo ilegal de la 'maría' y venderlo y distribuirlo por Centroeuropa lo que les reporta, cada vez más, unos saldos millonarios. Creen que su tráfico, y sobre todo el que utiliza grandes explotaciones, tendría que equiparse penalmente a los tráficos de otras sustancias estupefacientes «para que no les salga a cuenta».

Además y, tal y como se ha demostrado también en muchos operativos, tras el cultivo de cannabis se encuentras organizaciones criminales que llegan a hacer uso de la violencia para robarse entre ellas las mercancías. Una misma violencia que emplean contra los agentes si se ven acorralados (como también ha ocurrido).

Y un cultivo que ha llevado por ejemplo a las inmobiliarias o a propietarios de naves, chalés, casas adosadas a tener serios problemas porque confiaron en arrendar esos espacios a traficantes y luego se encontraron los inmuebles destrozados, completamente 'okupados' por y para las plantas. Esta preocupación también va en aumento en algunas zonas como por ejemplo en El Puerto, por lo que sería bueno tener o establecer algún tipo de nuevo control al respecto.

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Otro de estos retos pendientes y asumibles tras los últimos acontecimientos demostrados en 2022 tienen que ver con la logística del narco del hachís y cómo logra sus objetivos gracias a sus intermediarios. Y una de estas ramas es la que hace relación a la adquisición de lanchas y también de su combustible. Sin medios no podría traficar. Conscientes de ello hace unos años el Gobierno lanzó un decreto para prohibir el uso de las potentes semirrígidas neumáticas donde cargan grandes cantidades de fardos de hachís para transportarlos desde Marruecos a los diferentes puntos de la costa gaditana. Sin embargo su uso no se ha parado sino que, como ya ocurre con la droga, estas lanchas han formado a ser parte también de un mercado negro.

En este sentido, el reto que queda pendiente iría por dos lados. Uno, el control de los astilleros de barcos clandestinos como por ejemplo los que se han desarticulado en varias localizaciones en Pontevedra. Según las investigaciones realizadas, estas factorías se han multiplicado por Galicia con el empuje del narco del hachís (alguno 'ex' de la cocaína) y sobre todo, por la implicación y conexión de bandas del norte y del sur que 'trabajan' juntas y, por tanto, se reparten sus millonarios beneficios. «Cada vez va a más. Unos ponen la zona del pase de la droga y otros la logística», resume una fuente a este periódico.

Y otra forma de atacar al suministro del narco es ir contra quienes les facilitan las cosas. Es decir, aquellas personas a los que tienen como colaboradores o incluso como 'asalariados' en sus propias organizaciones que les llevan la gasolina a domicilio. Los llamados 'petaqueros' que se encargan de comprar y rellenar decenas de garrafas de combustible y llevárselos hasta un punto concreto o hasta la misma 'goma' a los narcos que esperan días y semanas en alta mar para alijar en costa y no ser vistos para que, además de la droga, no se les intervengan la neumática y sus motores que llegan a estar valorados en 300.000 euros.

Estas 'narcogasolineras' se están detectando cada vez de forma más habitual en las entradas y salidas de los caños de Sancti Petri entre Chiclana y San Fernando y también por la zona de Sanlúcar. Sin embargo al ser interceptados o incluso denunciados solo se enfrentan a sanciones administrativas por infringir las normas sobre el almacenaje y transporte de mercancías peligrosas. Poco más. Salvo que se pudiera profundizar en sus verdaderos objetivos y sus vínculos con el narco.

Otro de los propósitos de 2023 también tienen que ver con el control. Muchas de las investigaciones realizadas contra el llamado 'trapicheo' o 'menudeo' de drogas, es decir, contra ese tráfico al por menor (el de papelinas), llegan a un mismo punto. Donde se vende, donde acuden las 24 horas del día los consumidores a por la dosis, son en muchísimas ocasiones pisos sociales. Es decir, inmuebles que se dan o se rentan a personas que se suponen que tienen necesidades económicas, vulnerables, que son utilizadas para traficar. Pisos sociales de la Junta o de los ayuntamientos convertidos en 'narcopisos'. Y además en muchas ocasiones desmantelados una y otra vez. Por tanto su control real y seguimiento sería un buen método de erradicación.

Y por otro lado, y también referido a este mismo tipo de tráfico, la reincidencia. Policía y Guardia Civil lanzan decenas de operaciones en las que detienen en multitud de ocasiones a las mismas personas. Gente a las que les consta hasta veinte o treinta arrestos anteriores. Dedicados de por vida a lo mismo y que no han encontrado, de momento, otras opciones. O no han querido. Por ello, y tal y como se insiste desde las asociaciones de ayuda a la drogadicción, las materias de prevención y las políticas de reinserción deberían de ser más prácticas o reales.

Y al igual que se pide un endurecimiento penal y que los traficantes no entren por una puerta y salgan por otra, otro de las asignaturas que quedan pendientes es un verdadero refuerzo de los juzgados y de medios para todos los operadores jurídicos que combaten el narcotráfico que, y según los números que se manejan, se encuentra entre las principales actividades delictivas que se cometen en la provincia de Cádiz.

En este sentido y en más de una ocasión se han solicitado más refuerzos en toda el área y aunque algunos han llegado, según denuncia estos profesionales, aún no son suficientes. Esta carencia provoca que los procedimientos se ralenticen o que las instrucciones se demoren lo que en un último momento termina beneficiando al reo que de ser condenado puede verse beneficiado con condenas conformadas y minimizadas. O con atenuantes por las dilaciones, entre otras muchas consecuencias.

Misma necesidad siguen insistiendo que existe en la lucha policial. Los agentes se ven a menudo desbordados, tanto en la calle, en el frente a frente (con números menores o con medios materiales o equipos obsoletos y estropeados) como también en cuanto a los medios que cuentan para realizar las investigaciones, cada vez más complejas y que necesitan de más manos.

Esta situación se vive además en un año en el que, tal y como se ha demostrado por las actuaciones desarrolladas, nos encontramos ante un cambio de planes o de estrategia de estas organizaciones. La presión ejercida contra ellos en los últimos tiempos ha provocado que se armen de más y con mejor material, que usen más y mejor tecnología, y también que hayan cambiado sus modos para intentar siempre salirse con la suya, que no es otra cosa que seguir delinquiendo.