La Junta pide al Ayuntamiento más espacio en Tabacalera para la construcción de la Ciudad de la Justicia

El pasado 28 de diciembre, en Cádiz, el vicepresidente de la Junta Juan Marín, la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y el alcalde gaditano José María González firmaban un documento de cesión de los antiguos almacenes de Tabacalera en Loreto para que acogieran un equipamiento que los profesionales del sector y las propias administraciones consideran imprescindible para agrupar todo tipo de instalaciones e instancias ahora diseminadas por la ciudad. De hecho, la propia administración autonómica había anunciado ya que contaría con 33 juzgados y una sala para macrojuicios, entre otros muchos equipamientos repartidos en los 20.000 metros cuadrados del nuevo recinto.

Apenas dos meses después, a finales de febrero, el delegado provincial de la Consejería de Justicia en Cádiz por entonces, Miguel Rodríguez, hacía una visita a las instalaciones en la que daba por hecho el avance del proyecto. Por fin, puesto que incluso tuvo que ser trasladado de emplazamiento, originalmente fue anunciado, e iba a ser construido, en lo que fuera la Institución Provincial, en San Severiano. Eso era nada más comenzar el siglo XXI, en el año 2001. Ahora, en 2022, la mudanza con documentos a la avenida Sanidad Pública (antes Juan Carlos I) ya parecía suponer el desbloqueo definitivo.

Sin embargo, la Junta de Andalucía se encuentra con que el espacio cedido por el Ayuntamiento es insuficiente. Así se desprende de las palabras del nuevo consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en una entrevista concedida a ABC: «En Cádiz se ha propuesto un suelo con una edificabilidad que no nos permite tener un equipamiento a la altura de las necesidades que tiene la ciudad de Cádiz. Nacería pequeño, absolutamente insuficiente».

Nieto entiende, por tanto, que es necesario paralizar, revisar y rediseñar el proyecto, con más suelo en el emplazamiento elegido o con una nueva ubicación. El consejero asegura que seguir adelante en la situación actual no es posible: «Con el esfuerzo que supone no tiene sentido que hagamos algo que al final acabe defraudando a los ciudadanos. Yo no entendería que un gaditano nos dijera que después del tiempo que lleva esperando, ahora construimos una Ciudad de la Justicia que no puede acoger ni lo que hay ya, no digo ya lo que pueda venir en el futuro».

El nuevo consejero entiende que es el Gobierno municipal el que debe encontrar y ofrecer salidas a esta falta de espacio: «Ese tema tenemos que resolverlo. Tenemos que ver con el Ayuntamiento de Cádiz qué solución se le puede dar. Pero lo que está claro es que lo que se ha ofrecido para poder edificar la Ciudad de la Justicia no reúne los requisitos que necesita la ciudad y eso tenemos que verlo con el ayuntamiento».

Tras la presentación del proyecto de la Ciudad de la Justicia en el año 2001 han cambiado de signo político tanto el Gobierno del Ayuntamiento (del Partido Popular a Anticapitalistas) y el de la Junta de Andalucía (del PSOE al PP con la actual mayoría absoluta. También ha cambiado la ubicación inicial: de los terrenos de Tolosa Latour a los antiguos depósitos de Tabacalera. Pero ninguna de esas alteraciones ha logrado que el proyecto de reunificación de instalaciones judiciales salga adelante.

El enfrentamiento institucional ha sido continuo en estas dos décadas por los continuos retrasos y trabas. Fue en el año 2017, en la visita que realizó la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , al Ayuntamiento de Cádiz, cuando el alcalde, José María González Santos, ofreció los terrenos de los antiguos depósitos como alternativa a los situados en Tolosa Latour.

Ese nuevo acuerdo se plasmaba casi cinco años después, el pasado 28 de diciembre, con la firma del convenio. En ese momento, en ese acto, el vicepresidente de la Junta Juan Marín aseguraba: «Estamos dando una respuesta clara tanto al sector judicial de la provincia de Cádiz -que desde hace años venía reclamando unas instalaciones dignas- como a la ciudadanía. Y todo ello ha sido posible a pesar del escenario tan complejo y complicado que estamos viviendo en estos momentos».

Marín aseguraba que el proyecto se ejecutaría en cinco años (estaría inaugurado antes de finalizar el año 2027), tal y como estipulaba el convenio firmado en el Salón de Plenos del Consistorio gaditano. El proyecto renacía con un presupuesto estimado de unos 50 millones de euros y estaba por decidir si la financiación será únicamente con fondos públicos o se optaría por la fórmula público-privada.

El proceso administrativo, hasta las palabras del consejero Nieto que lo paralizan, estaba en al fase de redacción del proyecto básico, adjudicado a Tragsa y con un presupuesto de 600.000 euro. Debía terminarse este año para pasar a la licitación y al inicio de las obras. El anuncio del consejero de Justicia supone otra paralización hasta encontrar un nuevo espacio.

El alcalde de Cádiz destacaba en la firma de la cesión de los almacenes de Tabacalera «las expectativas de una zona importante de la ciudad como son los barrios del Cerro del Moro, Loreto y la Laguna que ven en este proyecto, en esta Ciudad de la Justicia, un elemento dinamizador».

El primer edil agradecía entonces, hace poco más de medio año, una firma que «permite que la Ciudad de la Justicia esté más cerca de convertirse en realidad». Todo parece, en cambio, que vuelve a alejarse.